Se plantean estas propuestas desde el convencimiento del beneficio que reportaría la colaboración entre los arquitectos que pertenecemos al sector público y los colegios profesionales y por el interés de transmitir a los arquitectos que quieran incorporarse al mismo, que es en su colegio profesional donde deberían encontrar más apoyo institucional para conseguir sus objetivos.
Para el que se muestre escéptico con esta aseveración tan solo recordarle el beneficio que para los arquitectos del sector público nos supone encontrarnos con un lugar de encuentro para temas de formación, consultas, reclamaciones, denuncias,… y como los Colegios de Arquitectos deberían llegar a ser ese lugar para nosotros, sobre todo motivado por la reticencia de las administraciones públicas en favorecer que los gremios profesionales se agrupen, por el temor de que se hagan fuertes y exijan sus derechos mancomunadamente.
Pero para ello los Colegios tienen que apostar por nuestro Colectivo considerando como mínimo para su análisis y debate, propuestas como las que se exponen a continuación.
Primera propuesta. Sobre el visado
Todos somos conscientes de la gran cantidad de documentación que a raíz de la aparición de CTE se le vienen pidiendo a los proyectos arquitectónico. A raíz de esta circunstancia por ejemplo, el CSCAE ha elaborado un Manual de Calidad del Proyecto Arquitectónico que es un instrumento a disposición del proyectista para la redacción de Proyectos con un estándar para la organización de la información y la justificación del cumplimiento de la normativa.
Pero en muchas ocasiones la justificación urbanística dentro de ese Manual o de cualquier otro índice de proyectos promovido por otras instituciones se limita a completar una hoja con cruces como si estuviéramos rellenando una encuesta.
Es el propio CTE el que en su parte primera recoge que la aportación de la justificación urbanística en un proyecto no solo se debe plasmar en la memoria sino también en la planimetría e implícitamente abre las puertas a un tratamiento más exhaustivo de la misma.
Propongo a los Colegios de Arquitectos una mejor coordinación del procedimiento del visado con el de la obtención de las licencias de obras. Hablo de coordinación, no de sustitución, y se podría iniciar este camino por ejemplo impulsando una mayor consideración de la justificación urbanística de los proyectos arquitectónicos, con el mismo rango que se le otorga a la memoria, los planos o los presupuestos, dentro del Manual de Calidad del Proyecto Arquitectónico que facilitaría el trabajo al visador, al técnico municipal y al propio arquitecto redactor.
Considero que la implantación de este documento anexo y sucinto que incluiría texto y planimetria, impulsada desde el CSCAE y con el apoyo de la FEMP se podría promover a nivel nacional proponiendo su inclusión en ordenanzas municipales y en todos los visados de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España mediante una única plataforma.
Evidentemente esta propuesta tendría en un principio un esfuerzo añadido para el proyectista pero creo que a la larga se agilizarían los trámites de licencias con el consiguiente beneficio para su trabajo.
Parafraseando al escritor francés Blaise Pascal, “Empecemos el camino para evitar redactar proyectos más extensos de lo normal, porque se carezca del tiempo necesario para redactarlos más breves”.
Segunda propuesta. Sobre la colegiación
¿Tienen que estar colegiados los arquitectos del sector público?, ¿Tienen que estar colegiados solo los arquitectos o ingenieros, o también los licenciados en derecho y los economistas del sector público? No voy a contestar aquí a esas preguntas que podrían tener muchas interpretaciones y consecuencias. Lo que si tengo claro es la respuesta a otra pregunta ¿Deberían de estar colegiados los arquitectos del sector público? Y la respuesta es claramente “si”.
Curiosamente, los arquitectos del sector público si no están colegiados, no son requeridos por los Colegios correspondientes para que se colegien. Y si son requeridos, los arquitectos no les hacen caso. Los arquitectos del sector público representan un 8% del total de arquitectos españoles pero se estima que no llegan al 2% los que están colegiados. Tres de cada cuatro arquitectos del sector público no están colegiados.
Ante toda esta coyuntura, propongo a los Colegios de Arquitectos, un esfuerzo para conseguir la colegiación de todos los arquitectos en exclusividad del sector público haciéndole la colegiación atractiva, barajando incluso la posibilidad de establecer la gratuidad de esta, con el único abono de los servicios añadidos demandados.
Tercera propuesta. Sobre la corrupción urbanística
De los 8.112 municipios que existen en España, un total de 8.017, es decir casi un 99%, tienen censados menos de 50.000 habitantes y solo en 95 municipios de España se supera esa cantidad.
Y aunque “solo” el 50% de toda la población de España se ubica en municipios de menos de 50.000 habitantes, entre todos esos municipios de menos de 50.000 habitantes se abarca prácticamente el 99% del territorio físico nacional y no debemos olvidar que el urbanismo se produce en el territorio.
Y en este escenario los municipios, sean grandes o pequeños, tengan más o menos recursos, asumen todos el mismo protagonismo en la ordenación urbanística del suelo amparados por las distintas legislaciones autonómicas, que son a la postre, las competentes en esa materia.
Sin embargo la figura del Arquitecto no tiene tanta fuerza en las Administraciones Locales como los Cuerpos de Secretarios e Interventores. Fuerza no, pero siempre ha existido una figura en los Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes con un cometido parecido: Maestros de la Villa, peritos, arquitectos honoríficos, etc…
Una lógica evolución en el tiempo podría encaminar al municipio a contar en su plantilla con una plaza de arquitecto pero curiosamente este paso se está omitiendo en más ocasiones de las deseadas para mantener lo preexistente o para ir directamente a lo que desafortunadamente se denomina “Asesor Urbanístico” al margen del campo de la arquitectura y de los procedimientos legales de contratación.
A todo esto le sumamos que con frecuencia aparecen en el urbanismo municipal, “intereses” claramente desaconsejables para la consecución del interés público que se presupone en la Ley. Si bien el urbanismo es la principal forma de financiación de muchos Ayuntamientos, la mayoría de las veces, no cuenta con los medios “asépticos” necesarios para alcanzar sus objetivos.
Sólo nos enteramos por la prensa de los escándalos urbanísticos más groseros y llamativos, pero hay muchos más. No todos los municipios de España son costeros y turísticos, o se encuentran en la corona metropolitana de una gran urbe.
Entonces, ¿Dónde está el problema? Está claro. Las Administraciones Locales asumen cada vez más competencias, sin que ello vaya acompañado de un mayor aumento de medios, con la consiguiente “mediocretización” de los recursos técnicos y humanos de los Ayuntamientos, sobre todo en los de menos de 50.000 habitantes que representan como ya hemos comentado el 99% de los municipios de España y de su territorio.
Propongo a los Colegios de Arquitectos y al CSCAE, el impulso institucional para la creación de un Cuerpo Autonómico o Estatal de Técnicos del Territorio de la Administración Local con su propio régimen jurídico a semejanza del que se regula para secretarios e interventores con habilitación de carácter nacional, desde el convencimiento de que la Sociedad agradecerá ese esfuerzo por fiscalizar a los Ayuntamientos en sus responsabilidades urbanísticas.
Añadir para finalizar que ese Cuerpo funcionarial no tendría que ser exclusivo para arquitectos, como el Cuerpo de Secretarios no lo es para licenciados el Derecho, pero considero que es nuestra obligación moral y social como arquitectos el liderar este proyecto, sabedores de que al final tendremos nuestro reconocimiento y recompensa por esta iniciativa.
Resumen de la ponencia desarrollada por Rafael González Millán, Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España (CSCAE), en la jornada sobre arquitectos en el sector público organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid el 26 de septiembre de 2017.
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