martes, 22 de septiembre de 2020

[587] Los tres mitos del arquitecto

El mito del arquitecto dibujante
Los honorarios de una tarea son inversamente proporcionales al tamaño del papel en el que se desarrolla.
El arquitecto aprende tradicionalmente a hacer planos. Sólo le gusta trabajar en los planos, piensa que sólo le pagan por los planos, está convencido de que para construir el proyecto basta con unos buenos planos.
En las asignaturas de Proyectos sólo se piden planos. Como no se entregan pliegos de condiciones, mediciones ni presupuestos, y las memorias se limitan a justificar, si acaso, algunas decisiones formales, tendrían que llamarse asignaturas de Planos, impartidas por profesores de Planos, adscritos a Departamentos de Planos.
Sin embargo, si aceptamos aunque sea aproximadamente el desglose de tarifas de honorarios por componentes del proyecto propuesto en su día por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, resulta que más del cincuenta por ciento de los honorarios se perciben a cuenta de los documentos escritos, es decir, que cobramos más por los DIN-A4 que por los DIN-A1.
Esta conclusión es natural, puesto que esta es la parte del proyecto que más ha crecido. Si antes de la llegada de la modernidad al proyecto de arquitectura, que podría fijarse en el inicio de la publicación de las Normas Tecnológicas de la Edificación, a mediados de los setenta, un proyecto podía tener 50 DIN-A1 y 100 DIN-A4, hoy, tras esta intensa etapa de cambios en la normativa, el número de planos del mismo proyecto se ha doblado o triplicado, pero el número de páginas escritas seguramente se ha multiplicado como mínimo por diez.
Si a las tarifas de honorarios de un proyecto convencional y de su dirección de obra añadimos la enorme lista de trabajos que puede realizar el arquitecto en relación con el proyecto, desde la documentación de seguridad y salud hasta el asesoramiento en la selección de la empresa constructora o el análisis de viabilidad, el porcentaje de honorarios de la parte escrita se dispara.
Además, la informática para arquitectura ha facilitado el desarrollo de los componentes gráficos, en comparación con el antiguo trabajo manual, en una medida mucho mayor que lo ocurrido con los componentes escritos. Máquinas de escribir hubo siempre, pero algunos de nuestros compañeros han pasado por el tiralíneas y muchos, por supuesto, han desatascado el Rotring. Sin embargo, puede observarse que las tareas de tipo gráfico que necesitan un mayor apoyo informático, como el levantamiento o el modelado digital, están peor remuneradas que las que requieren una hoja de cálculo o un simple tratamiento de textos.
El mito del arquitecto digital
Los honorarios de una tarea son inversamente proporcionales al precio del programa que se necesita para desarrollarla.
Los planos son importantes, sin duda, pero tan pronto como un arquitecto dirige su primera obra, ya que raramente lo habrá aprendido en la Escuela, comprueba que los planos sólo sirven para indicar dónde se colocan los elementos que figuran en el presupuesto. Sean cuales sean las salvaguardias del pliego de condiciones y de la legislación, y excepto en contratos muy cerrados de proyecto y obra, si algo figura en los planos, pero no en el presupuesto, no se construirá sin resolver un conflicto.
Y el proyecto no lo es todo. Quienes tienen experiencia a lo largo del ciclo completo de la obra, desde la idea inicial a la puesta en operación del edificio, saben también que hay un importante conjunto de tareas que se realizan antes, durante y después del proyecto, absolutamente necesarias para que el edificio llegue a ser una realidad y que los arquitectos tienden a ignorar o despreciar.
La buena noticia es que los arquitectos están perfectamente preparados para ejecutar estas tareas, si decidieran hacerlo. La formación de las Escuelas es extraordinariamente adecuada para ello, en cuanto que combina una solvencia técnica razonable con una buena base para entender el comportamiento y las necesidades no mecanicistas de las personas. Es fácil comprobar que cuando una tipología funcional compleja puede ser proyectada tanto por arquitectos como por otros profesionales, la opinión de los usuarios suele ser mucho más positiva con los primeros, como ocurre con los aeropuertos, y no sólo por sus características visuales o plásticas, que muchas personas probablemente no valoran, sino porque satisfacen mejor las diferentes necesidades humanas.
Ahora bien, esta capacidad duramente alcanzada, que incluye las más preciadas competencias transversales, como trabajar en equipo de forma natural, liderazgo, excelente expresión verbal y escrita, intereses amplios, curiosidad por todo, iniciativa, motivación, autonomía y habilidad para imaginar lo que todavía no existe, se echa a perder única y exclusivamente por una razón: al estudiante se le convence de que sólo mediante la sagrada labor del proyecto -es decir, de los planos- se ejerce la arquitectura en forma plena, y que todo lo demás es el último refugio de un fracasado.
Cualquier arquitecto que haya realizado su vida profesional en un campo ajeno a esta concretísimo ocupación habrá oído mil veces la pregunta: "y tú, ¿no has construido nada?" -donde "construido" quiere decir sobre todo "proyectado"-. Aunque haya tenido el mayor de los éxitos, tanto si ha creado una ONG como si ha fundado un emporio industrial, tendrá que justificarse por no haberse dedicado a modificar y alterar la superficie terrestre, a la vista de las necesidades humanas.
No debería ser necesario recordar que la dignidad de las personas, su éxito personal y profesional, no guarda relación alguna con el campo en el que trabaja ocho horas al día, mientras esté dentro del marco de la legalidad y no se lastimen animales, y sólo importa la manera en que se ejerce.
La estricta correspondencia biunívoca entre carrera y profesión es un residuo del siglo XIX, que es cuando se definieron las carreras adecuadas a los perfiles y ocupaciones de la época, y ya no es una referencia en el siglo XXI, donde todas las tareas interesantes, y las más remuneradas, son combinaciones de las antiguas tareas puras y ninguna se estudia directamente como tal.
El mito del arquitecto arquitecto
Los honorarios de una tarea son inversamente proporcionales a su relación con el contenido estricto de la titulación.
El lector puede entretenerse con el ejercicio de buscar personas que han destacado por su contribución a la sociedad y buscar sus titulaciones de origen. Encontrará muy poca relación entre Jordi Pujol (o Gaspar Llamazares, si lo prefiere) y la medicina, ¿han fracasado por eso? Los directivos de las empresas químicas, aeronáuticas o de comunicaciones no suelen ser químicos, ingenieros aeronáuticos o telecos. Sin embargo, ¿por qué hay tan pocos arquitectos entre los políticos? ¿Por qué en la dirección de las empresas de la construcción hay ingenieros de casi cualquier cosa y arquitectos técnicos, pero nunca hay arquitectos?
Los arquitectos reciben la formación más amplia de la Universidad española, al mismo tiempo que se les convence de que no la usen. Por eso es una carrera tan atractiva y al mismo tiempo una profesión tan frustrante.
En realidad, muchísimos arquitectos serían capaces de realizar un trabajo excelente y muy demandado por la sociedad, en el mundo de la empresa o en cualquier otra ocupación alejada del cerrado ejercicio del proyecto, si fueran capaces de extirparse la reserva mental que se les instaló desde la Escuela mientras mantienen sus competencias transversales y sus conocimientos. Esta combinación es perfecta para el mundo actual, en el que los cambios requieren personas flexibles, capaces de aprender cada día, y no ese tipo de recién titulados, seguramente muy capaces pero cortos de vista, que se quejan en los periódicos de que no encuentran trabajo "de lo suyo".
Además, permitiría encontrar trabajo a cientos de arquitectos que van a sufrir un fuerte subempleo en los próximos años, que dejarían de hacer proyectos, quedando así disponibles para los que no desean hacer otra cosa.
Fernando G. Valderrama. Enero 2009
(Comunicación presentada al IV Congreso de Arquitectos celebrado en junio de 2009 en Valencia con el título “Dejad que florezcan mil DIN-A4 ¿Hay vida antes, durante y después del proyecto?”)

jueves, 10 de septiembre de 2020

[586] ¿Hay que someter un estudio de detalle a consulta previa antes de su aprobación inicial?

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.
Comprobado que no hay jurisprudencia sobre la cuestión motivo de debate entendemos que los puntos que deben quedar claros para dar una respuesta a la misma son los siguientes:
1. Efectivamente todo instrumentos de planeamiento tiene carácter de reglamento, eso esta absolutamente claro en la jurisprudencia.
2. El art. 133 de la Ley 39/2015 tiene carácter básico, y por tanto se aplica a todas las Administraciones Públicas, y también a los Ayuntamientos, cuando elaboren reglamentos.
3.Si bien para hacer una adecuada interpretación de la aplicación de la consulta previa a los Estudios de Detalle hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, el fin que se pretende conseguir, y por otro lado las especialidades del procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico que en el caso de Andalucía vienen recogidas en la LOUA. 
En cuanto al fin que se pretende conseguir con la consulta previa que se recoge en el art. 133 de la Ley 39/2015, efectivamente es la participación de los ciudadanos en la elaboración de los reglamentos. Así lo aclara la exposición de motivos de la Ley 39/2015 en los siguientes términos:
"Junto con algunas mejoras en la regulación vigente sobre jerarquía, publicidad de las normas y principios de buena regulación, se incluyen varias novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca, la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”
En cuanto a las especialidades del procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, hemos de tener en cuenta que es competencia de las CCAA regularlo en desarrollo de las bases que se establecen en la normativa estatal, en este caso en la Ley 39/2015.
En uso de esa competencia la Comunidad Autónoma de Andalucía por ejemplo ha regulado el procedimiento de elaboración de los planes dando la opción de elaborar avances que se publican y tienen la misma función que la consulta previa, si bien solo es preceptivo en el caso de los PGOU:
Artículo 29 Avances de los instrumentos de planeamiento 
1. Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular los instrumentos de planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su redacción. En todo caso será preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o de sus revisiones totales.
La cuestión estaría en determinar si tras la aprobación de la Ley 39/2015 hay que entender que el avance o consulta previa habría que hacerlo en todos los instrumentos de planeamiento o sigue en vigor la literalidad de la LOUA.
4. Ha de entenderse que sigue en vigor la literalidad de la legislación autonómica, en el caso de Andalucia, la LOUA por dos razones:
a. La especial naturaleza de los instrumentos de planeamiento de desarrollo hace, que se pueden elaborar a instancia de parte, y en ese caso la consulta previa no es viable puesto que la redacción del instrumento se presenta por un particular para su tramitación. Nótese que el art. 133 de la Ley 39/2015 habla de consulta previa antes de la elaboración del proyecto o anteproyecto del reglamento, y aquí el documento viene ya dado por el administrado. 
Cuando el planeamiento se aprueba a instancia de parte la información pública garantiza igualmente la participación de todos. Antes de esa información pública los trámites que se llevan a cabo tienen por objeto verificar la adecuación del documento antes de someterlo a público conocimiento para su aprobación. 
b. La falta de consulta previa en estos casos no sería nunca un vicio de nulidad. En efecto la jurisprudencia ampliamente viene destacando que los fallos de procedimiento, cuando se refieren a la ausencia de un trámite, no constituyen un vicio de nulidad (art. 62.1.e de la Ley 30/92, ahora 47.1.e de la Ley 39/2015), sino que solo la falta total o absoluta del procedimiento determina la nulidad, o bien de un trámite que por su esencialidad deba equipararse a la falta de procedimiento.
Es asimismo doctrina jurisprudencial consolidada que en el caso de la falta de un trámite destinado a dar audiencia y participación, no puede entenderse que haya vicio en el procedimiento, si existieron otros trámites que igualmente permitieron la participación. En este caso el Estudio de Detalle se tiene que someter a información pública, con lo que la transparencia y participación esta asegurada.
Entendemos en consecuencia que no es necesario someter a consulta previa un Estudio de Detalle que se presenta por un particular, si el procedimiento para su aprobación se tramita de forma correcta y con la preceptiva información pública.
Eloísa Pérez Andrés
Profesora Universidad Pablo de Olavide

miércoles, 29 de julio de 2020

[585] Sobre la participación del arquitecto de la administración pública en el desarrollo y ejecución del anteproyecto de ley de arquitectura y calidad del entorno construido

La conformación de la ciudad es un proceso integral en el que inciden, en su tiempo y lugar, la ordenación del territorio, el planeamiento urbano, la gestión urbanística, la urbanización y la edificación como partes inseparables de ese proceso. Aplicarlas y desarrollarlas de forma sostenible conlleva la transversalidad entre ellas para perseguir “el más alto nivel de calidad en todas sus realizaciones, promoviendo el enraizamiento social y la formación de los ciudadanos en sus valores” como literalmente establece la declaración de principios de esta nueva Norma que se pretende aprobar.
Es muy importante que, en los apartados en los que se trate de la regulación normativa y control de su cumplimiento por parte de la administración actuante en cada sector, así como en las actuaciones de la administración en todo lo relativo a la ordenación de la ciudad y al hecho arquitectónico se contemple y delimite la participación imprescindible de arquitectos superiores o con masters habilitantes, (esto es, plenos de competencias profesionales sobre la actividad arquitectónica). 
En estos últimos tiempos se está produciendo confusión en muchos estamentos administrativos tanto a la hora de redactar los pliegos de concursos-oposición para el acceso de los arquitectos a la función pública, como a la de confeccionar organigramas y relaciones de puestos de trabajo de sus funcionarios, en los que se generan puestos que, siendo muy especializados dentro del campo de la arquitectura y el planeamiento urbanístico en cuanto a su contenido, quedan abiertos en algunos casos a profesionales que no tienen ni la formación, ni el conocimiento global, ni las atribuciones competenciales que les exige la Ley de Edificación para ejercer como arquitectos, algo ineludible igualmente cuando se trabaja al servicio de la administración. 
Y todas esas disciplinas, algunas de las cuales por separado incluso podrían asumirse por profesionales especializados de distintas ramas, necesitan de la figura de un técnico coordinador que esté formado de una forma transversal en el desarrollo de todas ellas. Y ahí es donde el arquitecto de completa formación y plenas competencias puede prestar el servicio más idóneo a la administración pública. Nunca podrán contar los poderes públicos con mejor herramienta ni más útil colaborador. Es muy conveniente que la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido no lo deje de considerar, y reserve un sitio en las administraciones públicas para estos profesionales. A corto, medio y largo plazo la ciudad (que no sus sucesivos y cortoplacistas gobernantes) lo agradecerá.
Rogelio Martín Soler, Arquitecto Municipal en la antesala de la jubilación.

lunes, 27 de julio de 2020

[584] Sobre la ley de arquitectura y los cordones de zapatos

Por qué se desatan los cordones aunque te hagas el nudo muy fuerte ...Hace ya más de 43 años que el Gobierno Francés aprobó su Ley de Arquitectura, ley que se ha ido consolidando y a su vez modificando en el tiempo según los requerimientos de cada momento. En su artículo primero, esta ley se refería a la arquitectura como una expresión de cultura y a la creación arquitectónica y a la calidad de las construcciones como elementos de interés público.
Solo esa definición justificaría la elaboración de una ley de arquitectura como la que está impulsando en la actualidad el Gobierno de España. Sería la tercera de entre los países de la CE tras las de Francia y Lituania. Estamos seguros que aparecerán en breve muchas más como consecuencia de los compromisos adquiridos por todas la instituciones comunitarias en la Declaración de Davos del año 2018. 
Recientemente en 2017, la Comunidad Autónoma de Cataluña, ha promulgado una Ley de la Arquitectura en la que se recogen ciertos aspectos de la ley francesa sobre todo encaminados a garantizar la calidad en todas las actuaciones de obra pública y que eso se pueda hacer en unas condiciones justas para los profesionales. 
Obviamente el fin que persigue esta ley catalana me parece encomiable dentro de las limitaciones de competencias que la legislación le atribuye. Quizá si se me permite la crítica constructiva, la forma de llegar a esa meta en esa ley me recuerda en exceso a aquellos profesores de proyectos de la Escuela de Arquitectura a los que en época de estudiantes los considerábamos como dioses. Mi opinión al respecto siempre fue que prefería que en nuestra formación se produjeran menos genios y más buenos profesionales. 
Lo que ya no me parece tan bien es que la ley estatal que se está preparando en España de Arquitectura y Calidad del entorno construido se ciña solamente a esos objetivos, y más aún tras los compromisos adquiridos en la Declaración de Davos de 2018.
Pretender que solo dando ejemplo con la contratación pública se vayan a solucionar todos las cuestiones que se pusieron encima de la mesa en Davos parece del todo insuficiente.
Una ley de arquitectura debe ser como el inicio de un pintor cuando se enfrenta a un lienzo. Un pintor no empieza dibujando los cordones de los zapatos, empieza con manchas, teniendo eso sí, el cuadro totalmente definido en su cabeza.
■No entendería una ley de arquitectura que no hiciera referencia a la formación de los profesionales implicados.
■No entendería una ley de arquitectura que no hiciera referencia al proyecto arquitectónico en su doble vertiente de creativo y resolutivo.
■No entendería una ley de arquitectura que no hiciera referencia al urbanismo como contenedor de las edificaciones.
■No entendería una ley de arquitectura que no hiciera referencia a la vivienda digna y adecuada como derecho básico.
■No entendería una ley de arquitectura que no hiciera referencia a las administraciones como organismos de control e impulsión de la calidad arquitectónica.
■No entendería una ley de arquitectura que no hiciera referencia a la sostenibilidad económica, social y medioambiental.de la obra ejecutada.
■No entendería una ley de arquitectura que no hiciera referencia a la arquitectura como expresión de cultura y como bien de interés general. 
Ya para terminar, no debemos de olvidar que detrás de un buen edificio, público o privado, siempre hay un buen proyecto arquitectónico, por tanto deseo que esta nueva ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido sea el cordón que una a todas esas legislaciones que afectan en la actualidad al proyecto arquitectónico favoreciendo de este modo el entendimiento, la coordinación y la simplificación de las mismas.
Rafael González Millán. Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España

domingo, 26 de julio de 2020

[583] Ley de Arquitectura en Francia


Ley n° 77-2 del 3 de enero de 1977 sobre arquitectura
Versión consolidada del 26 de julio de 2020

Artículo 1 
La arquitectura es una expresión de cultura.
La creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su integración armoniosa en el entorno, el respeto por los paisajes naturales o urbanos y el patrimonio son de interés público. Las autoridades facultadas para emitir el permiso de construcción, así como las autorizaciones de subdivisión aseguran, durante el examen de las solicitudes, que se respete este interés.
En consecuencia :
1° Los poderes adjudicadores deben solicitar la asistencia de arquitectos en las condiciones y límites indicados en el Título I;
2° Se establecen los consejos de arquitectura, urbanismo y medioambiente. Son responsables de ayudar e informar al público de acuerdo con el Título II;
3° El ejercicio de la profesión de arquitecto y su organización están sujetos a las normas que figuran en los títulos III y IV;
4° Las disposiciones del Código de Urbanismo relativas a la arquitectura se reforman de conformidad con el Título V.

martes, 7 de julio de 2020

[582] ¿Qué tiene que informar un técnico municipal sobre incendios?


«Se deben supervisar y examinar las condiciones de diseño (anchos de pasillos y escaleras, número de salidas, ocupación, recorridos de evacuación...) relativas a la protección contra incendios y la dotación mínima de instalaciones, sin entrar a examinar cualquier cálculo realizado»


El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece en su artículo 9º que las solicitudes de licencia se deben presentar en el registro general de la corporación y cuando se refiera a ejecución de obras, deberá acompañarse de un proyecto técnico. En los casos de obras de edificios, debe ser un proyecto de edificación según se recoge en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Y hay que tener en cuenta que la terminología de la Parte I del Código Técnico de la Edificación establece las fases en las que se puede dividir el proyecto de edificación:
Proyecto básico:
Fase del trabajo en la que se definen de modo preciso las características generales de la obra, mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el preceptivo visado colegial, la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción.
Proyecto de ejecución:
Fase del trabajo en la que se desarrolla el proyecto básico, con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, definiendo la obra en su totalidad. Su contenido será el necesario para la realización de las obras contando con el preceptivo visado colegial y la licencia correspondiente.
En el caso de Andalucía, el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge en su Sección Segunda el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, y aclara que se iniciará mediante presentación de solicitud dirigida al Ayuntamiento acompañada de la documentación que permita conocer suficientemente su objeto. En particular, “(…) para el otorgamiento de licencias que tengan por objeto la ejecución de obras de edificación será suficiente la presentación de proyecto básico, pero no podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio profesional correspondiente cuando así lo exija la normativa estatal”. Al referido proyecto de ejecución se acompañarán una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen. 
Una vez expuesto todo esto, volvamos a 1955 y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales para tratar el tema que nos ocupa. El artículo 21 establece que en todo caso se examinará si el acto proyectado se ajusta a los planes de ordenación urbana y, en las obras de edificación, “(…) si la construcción se atiene a las condiciones de seguridad, salubridad y estética adecuadas a su emplazamiento”
Aquí encontramos el quid de la cuestión. Sabemos que el Ayuntamiento puede otorgar licencia con un proyecto básico y que, en los proyectos básicos, el único aspecto relativo a la seguridad en el edificio a justificar es la seguridad en caso de incendio. Parece evidente, por tanto, que los técnicos municipales deben examinar si el edificio cumple las condiciones de protección contra incendios para poder otorgar la licencia. O, dicho de otra forma, si no cumple las condiciones, no se podrá otorgar licencia de obras. Por lo tanto, es fundamental la revisión en materia de incendios.
Pero, ¿hasta donde debe llegar esa supervisión? La Real Academia de la Lengua Española, define el verbo examinar, en su primera acepción como "Inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo." Es decir, el examen debe ser meticuloso para comprobar que el edificio es seguro para los usuarios y para evitar la propagación interior y exterior.
Urbanísticamente no hay duda. Aunque los arquitectos desarrollemos las justificaciones comparando los parámetros de nuestro proyecto con los del PGOU, el técnico municipal mide, cubica, calcula la ocupación y la edificabilidad, comprueba sobre el plano la separación a linderos… No da por bueno lo que dice el proyectista aunque éste declare el cumplimiento urbanístico.
En mi opinión, el caso de la seguridad en caso de incendios debería ser algo parecido, porque así se deduce de la normativa reguladora. Y, para colmo, no se puede diferenciar qué partes de la normativa de deben ser supervisadas y comprobadas y cuáles no, porque todas, las medidas pasivas y las activas de protección, en su conjunto, juegan un papel importante en la seguridad.
Esta interpretación se refuerza en el hecho de que las supervisiones que realizan el Real Cuerpo de Bomberos o el Consorcio Provincial de Bomberos (cuando existen estos cuerpos), son pormenorizadas.
Lo que sería razonable es que en el proyecto básico sólo se definieran las cuestiones relativas al diseño (anchos de pasillos y escaleras, número de salidas, ocupación, recorridos de evacuación...) y la dotación de instalaciones, sin entrar su dimensionado, en el cálculo de los luxes mínimos en recorridos o en la definición de sistemas de presión diferencial. Pero sabemos que en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay que redactar separatas en virtud de alguna ordenanza municipal, en el proyecto básico se incluyen aspectos relativos al cálculo en los que, obviamente, el técnico municipal no debe entrar a comprobar.
Y no sólo se deben realizar las comprobaciones en el proyecto, también en la visita al edificio para la licencia de ocupación, ahora tramitada mediante declaración responsable. Así lo dice el artículo 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, al exigir que se examine “(…) si el edificio puede destinarse a determinado uso, por estar situado en zona apropiada y reunir condiciones técnicas de seguridad y salubridad” (esto cobra especial importancia en los casos en los que se introducen modificaciones compatibles con la licencia durante la ejecución).
Resumiendo, en mi opinión, se deben supervisar y examinar las condiciones de diseño relativas a la protección contra incendios y la dotación mínima de instalaciones, sin entrar a examinar cualquier cálculo realizado para las instalaciones.

lunes, 29 de junio de 2020

[581] ¿Qué pasaría si una legislación autonómica exigiera el visado del proyecto básico?


Saltan las alarmas. Cuidado, que alguien propone más trabas burocráticas al ya complejo recorrido de una tramitación de licencia de obras. ¿Visar el proyecto básico? ¿Pero esto como puede ser? Si lo que queremos son acortar plazos, ¿A qué viene ahora todo esto?
Tranquilos, no conseguirán nada, para eso está el Real Decreto 1000/2010 donde el visado de un proyecto básico no tendrá nunca cabida. Un Real Decreto que en su exposición de motivos, aparte de declarar su carácter básico de competencia estatal en virtud del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, justifica los supuestos de visado obligatorio en la relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas y considerar al visado como el medio de control más proporcionado.
Parémonos aquí, el Estado mediante un Decreto reconoció al visado una utilidad en un tema tan delicado como la seguridad de las personas y sin abrir puertas de Pandora a privatizaciones ni a declaraciones responsables, utilizó un instrumento público aplicado por corporaciones de derecho público para solucionar un problema.
Resulta curioso apreciar cómo el seguimiento de la eficacia de este Decreto se dejó en manos del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, el mismo Ministerio, aunque con distinta denominación, que ahora está poniendo encima de la mesa y con mucha razón otro problema de mucho calado que si bien no afecta a la seguridad de las personas, si afecta a la economía del país como es el retraso en la tramitación de concesión de licencias de obras. 
Lo mismo no hay que mirar solamente al Estado para abordar esta problemática. Constitucionalmente las competencias sobre urbanismo están delegadas a las Comunidades Autónomas y estas también están preocupadas por estos retrasos. No seria malo aprovechar las legislaciones autonómicas sobre urbanismo para incorporar acciones que impliquen a los Colegios Profesionales en la agilización de la concesión de licencias de obras.

martes, 23 de junio de 2020

[580] ¿Que tiene que informar un técnico municipal de un proyecto arquitectónico?



ENCUESTA
Cuando la ley establece que el proyecto básico es documento suficiente para la obtención de la licencia de obras, nos surge una duda. 
¿Tiene el técnico municipal que informar sobre el contenido de TODO lo que se recoge en el proyecto básico?
Resultados 
SI 15,72%
NO 84,28%

Comentarios recogidos en foros especializados

viernes, 19 de junio de 2020

[579] La disciplina urbanística en Andalucía

Vídeo sobre la disciplina urbanística con referencia a las expectativas de la nueva ley de suelo de Andalucía. Contrastes de opiniones y una propuesta sobre la mesa.
Por un planeamiento más municipal. Por una disciplina más autonómica.
 

domingo, 7 de junio de 2020

[578] El anteproyecto de la nueva ley andaluza del suelo solo tiene diez disposiciones adicionales

Desde hace muchos años tengo el convencimiento de que el hecho de la proliferación de edificaciones irregulares en suelo rústico es una cuestión de competencias y falta de coordinación entre las administraciones implicadas.
Vaya por delante que nadie cuestiona que las competencias sobre la disciplina urbanística en suelo rústico recaigan sobre los municipios como así queda recogido en el artículo 25.2.a) de la Ley de Bases
También nos debería quedar claro que las comunidades autónomas asumen las competencias sobre la ordenación del territorio por el artículo 148 de nuestra Constitución aunque la cuestión se empiece a indeterminar cuando en ese mismo artículo y epígrafe se le asignan también competencias de urbanismo y vivienda. Escalas tan distintas hubiesen merecido epígrafes al menos distintos en la ley y con matices diferentes. 
La diferencia entre urbanismo y ordenación del territorio cuando se aplica a las edificaciones irregulares en suelo rústico nos plantean una serie de conflictos. Las vías pecuarias no son diferentes cuando atraviesan distintos términos municipales, los arroyos no se desbordan solo hasta un límite administrativo y las parcelaciones y edificaciones irregulares, frecuentemente se nutren de moradores que en muchas ocasiones no tienen como primera residencia el término municipal donde se ubican.
Muchas más situaciones se nos podrían venir a la cabeza como las que acabamos de referir y después de años trabajando en la administración local, he llegado a la conclusión de que cuando hablamos de suelo rustico, solo en el 10% de los casos hablamos de urbanismo y en el 90% lo hacemos de ordenación del territorio, y eso se debería reflejar en la forma de afrontar la disciplina en esas clases de suelos.
Por simple cuestiones estadísticas, siempre hay una de las diecisiete leyes autonómicas de suelo que está en revisión y en estos momentos le esta tocando este cometido a la Comunidad de Andalucía.
Con sus luces y con sus sombras, el borrador de esta nueva ley andaluza pretende dar un giro radical, y creo que acertado, a la forma de entender la disciplina en el suelo rustico de nuestra Comunidad. No podía ser de otra manera, las 300.000 edificaciones irregulares que han aparecido en Andalucía durante los últimos 40 años harían ver a cualquiera que el sistema no funcionaba.
No obstante, en mi opinión, el borrador de la nueva ley andaluza afronta con más determinación la solución de los problemas existentes que la prevención de que no aparezcan otros nuevos. En ese aspecto no es tan "valiente" como por ejemplo la ley gallega que atribuye todas las competencias sobre disciplina en suelo rústico a la Comunidad Autónoma, o la ley aragonesa que con la sola aprobación plenaria de Ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes, actúa de la misma manera, y todo ello, no nos olvidemos bajo el mismo paraguas de la Constitución y de la Ley de Bases de Régimen Local.
Yo soy menos ambicioso y tan solo me conformaría con que al menos en la nueva ley andaluza quedara recogida una cuestión que creo de vital importancia para el devenir de la aplicación de la nueva ley en la materia que nos ocupa y para la coordinación de las administraciones implicadas.
Siempre he dicho que la disciplina preventiva es mas recomendable que la punitiva y en ese aspecto, potenciar la figura de los planes de inspección autonómicos y municipales es determinante.
Haciendo un poco de historia legislativa reciente, es curioso constatar como en el artículo 30 bis incorporado en el año 2012 en el reglamento de disciplina urbanística de Andalucía del año 2010 se exigían a los Ayuntamientos la redacción de un Plan Municipal de Inspección Urbanística con la inclusión de un inventario. 
Pues bien en el año 2020, ocho años después, por ejemplo en la provincia de Sevilla con más de 100 municipios, tan solo en uno de ellos se ha llevado a cabo ese cometido elaborando un documento con aplicaciones GIS de mas de 2.000 fichas inventariadas como el reglamento exigía. Sin embargo ese inventario que el reglamento de disciplina pedía a los planes de inspección municipales no se requería a los planes de inspección autonómicos por lo que estos lógicamente no pasaban de 4 folios donde se declaraban simplemente las prioridades de actuación.
Con los medios tecnológicos de que disponemos en la actualidad, no tiene sentido la elaboración de más de 800 inventarios, cada uno con criterios y formas de representación dispares entre si. El inventario del suelo rústico de Andalucía debería ser uno solo, con actualizaciones periódicas y que sirviera de base para la redacción de los planes de inspección municipales y autonómicos.
Quizá cuando tengamos una imagen global de la situación del suelo rústico de Andalucía actualizada cada cierto tiempo, nos daremos cuenta, sin tener que esperar otros cuarenta años, si el modelo elegido para regular la disciplina en la nueva ley funciona o si tenemos que, mas pronto que tarde, ir a por los modelos gallegos o aragoneses.
"Disposición adicional décimoprimera. Inventarios actualizados del suelo rústico de Andalucía.
La Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el plazo de tres años desde la aprobación de esta Ley, y con periodicidad posterior máxima trienal, elaborará inventarios actualizados de suelo rústico de Andalucía que contendrá para cada clase y categoría del suelo la relación de las edificaciones, asentamientos, parcelaciones y demás actuaciones que deben ser objeto de la potestad de disciplina urbanística o, en su caso, de legalización o reconocimiento, de conformidad con la normativa territorial y urbanística de aplicación y un seguimiento de las alteraciones producidas en todo el suelo rústico de Andalucía cada tres años como máximo, basado en la superposición de ortofotos de distintas fechas con tratamiento GIS. Los datos obtenidos de dicho Plan servirán para la redacción de los Planes Municipales y Autonómicos de Inspección Urbanística y de apoyo a los Inspectores municipales y a los Cuerpos de Inspectores y Subinspectores autonómicos para el desarrollo de su labor profesional."
Rafael González Millán. Arquitecto municipal

jueves, 28 de mayo de 2020

[577] El texto sagrado del arquitecto municipal

Cada vez tenemos mas claro que si ser arquitecto municipal fuese una religión, la conferencia pronunciada el 13 de enero de 2011 por el arquitecto y ex-gerente de la G.M.U. del Ayuntamiento de Málaga, D. Salvador Moreno Peralta, sería para muchos su texto sagrado. Conviene releerla de vez en cuando, sobre todo cuando vemos aparecer leyes y normativas urbanísticas autonómicas a las que solo le falta decir que fue un arquitecto municipal el que mató a Manolete. Hay textos que son eternos.

domingo, 24 de mayo de 2020

[576] Las competencias sobre el urbanismo en España

Este coche lo empujaremos juntos - Pablo Herreros"Esta es la historia de un compañero arquitecto municipal funcionario ya veterano, de un municipio mediano, que durante un año y medio se vio imputado en unas Diligencias Penales, por varios delitos graves, entre ellos el de prevaricación y otros. 
Su “delito” fue informar una licencia urbanística de obras de una manera totalmente correcta y defendible. La querella criminal la interpuso un abogado que se sintió perjudicado por la licencia, acompañado de un informe técnico. 
La querella fue avalada por un Informe técnico de un arquitecto de la Comunidad Autónoma y, lo que es peor aún, por un Informe de un alto cargo de la Consejería de Urbanismo de dicha Comunidad. 
Ante estos documentos acusatorios contra el arquitecto municipal, el Fiscal se sumó a la querella ante lo cual el Magistrado Juez de Instrucción no tuvo más remedio que imputar al arquitecto municipal. La querella del Fiscal agravó el peligro del asunto.
El arquitecto tuvo la suerte de que el Ayuntamiento se puso a su lado, y corrió con todos los gastos de abogado, procurador y peritos. La defensa fue asumida por un despacho de abogados, no precisamente de los mediáticos, sino un despacho con pocos abogados pero muy buenos penalistas. 
Un arquitecto experimentado hizo un Informe técnico demostrando que la licencia estaba bien dada. Y un abogado especialista hizo un Dictamen jurídico urbanístico desmontando todo lo que había dicho el abogado contrario, y los informes de la Comunidad Autónoma. 
Por fin se dictó un Auto de sobreseimiento, que no fue recurrido y por lo tanto fue firme. Los sufrimientos del compañero fueron largos, e injustos. La actuación de la Comunidad Autónoma no fue la adecuada, por decirlo suavemente. Pero entre todos, triunfaron y el compañero se libró de un juicio penoso y peligroso. La postura del Ayuntamiento fue francamente ejemplar y este hecho al menos se queda en el haber de este lamentable episodio."
Se nos plantea, a raíz de este suceso, una reflexión sobre las competencias, que la legislación actual establece, en materia de urbanismo. 
Sabido es, que la administración autonómica es quien puede legislar sobre el urbanismo en España, pero también es sabido que la ejecución de esta legislación le corresponde casi siempre a la administración local. 
Nuestra cultura urbanística huye de la disciplina preventiva, los convenios entre administraciones se convierten casi siempre en brindis al sol que tan solo sirven para rellenar los primeros artículos del Título preliminar de cualquier legislación de suelo autonómica que se precie, pero al final todo eso queda en papel mojado.
Las administraciones locales no colaboran suficientemente en la redacción de las leyes urbanísticas quizá por falta de iniciativa o quizá simplemente porque no les dejan, y se ven envueltas, durante las tramitaciones de procedimientos, en una defensa de propuestas, cada vez que se dirigen a la administración autonómica, con interpretaciones de leyes en las que no participan.
No culpamos por supuesto de esto, a nuestros compañeros de la administración autonómica, al contrario les agradecemos su paciencia y consideración, lo que si criticamos es que desde los estamentos superiores no se articulen exigir procedimientos de colaboración eficientes entre administraciones, para evitar casos como el que hemos relatado en el que intereses particulares, al menos cuestionables, utilicen informes de distintas administraciones, "según les convengan", para la consecución de sus objetivos siempre con efectos punitivos y no preventivos. 
Urge establecer por ley la obligación de colaboración en materia de urbanismo entre administraciones.
Urge revisar legislaciones sectoriales autonómicas sobre el territorio no interpretables ni innecesariamente complejas que faciliten las tramitaciones urbanísticas desde las administraciones locales.
Urge aprobar normativas que favorezcan la movilidad y promoción de los técnicos e inspectores de urbanismo entre administraciones locales y autonómicas.
Urge en definitiva la implantación de medidas legales que, teniendo en cuenta la realidad constitucional de competencia autonómica sobre el urbanismo, no se olviden del papel esencial y legal que tienen los ayuntamientos en esta materia regulado en el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y que la sostenibilidad económica de estos procedimientos no solo se justifique desde la perspectiva autonómica sino también desde la local, mediante la asignación de recursos financieros proporcionales a las competencias que asumen cada vez más los ayuntamientos cuando se legisla autonómicamente sobre la materia urbanística.
Rafael González Millan. Presidente de la UAAAP/CSCAE

miércoles, 13 de mayo de 2020

[575] Café para todos. Una declaración irresponsable para empezar a construir

Luis Carlos Rejón en secretOlivo    Tras observar el título que encabeza este texto, a muchos lectores se les habrá venido a la cabeza aquella manida frase de “...meterse en un jardín”. Espero saber encontrar la salida y manifestar aquí claramente mis impresiones sobre la forma, en mi opinión no del todo acertada, en la que se está intentando acometer, desde ciertas administraciones, el gravísimo problema que ha supuesto, supone y desgraciadamente como consecuencia de la COVID19, va a suponer para la economía española, los retrasos en las tramitaciones de las licencias de obras.
    A nadie se le escapa que el duro golpe que esta crisis sanitaria va a asestar, desde el punto de vista financiero a toda la sociedad española, no va a tener el mismo efecto en todos los sectores productivos. Se nos antoja que el turismo, el ocio y la cultura serán los grandes perjudicados de la nueva situación que se nos avecina, por lo que se vería aconsejable que las instituciones políticas apostaran por otros tejidos como el de la construcción, como uno de los pulmones fundamentales para volver a alcanzar al menos los niveles económicos previos a la aparición del virus.
    Conviene recordar que esta mirada hacia la construcción no nos debería hacer caer de nuevo en otra crisis como la del burbuja inmobiliaria de hace unos años. Acerquémonos a la rehabilitación y a la renovación urbana como fuente para crear nuevos empleos. Busquemos un producto en el que no participe el coste del suelo y su carga financiera, que tanto daño nos ha hecho en el pasado.
    Como es lógico, los plazos en todos estos procesos productivos seguirán siendo esenciales y los retrasos en las concesiones de licencias de obras van a ser, a partir de ahora, aun si cabe mucho más insostenibles e inadmisibles.
    Merecen todo el reconocimiento aquellas instituciones públicas que salen a la palestra, con propuestas en la línea de solucionar el problema de los retrasos en las licencias de obras, incluyendo las referentes a declaración responsable, pero pienso que aun en momentos de gran urgencia, siempre se requiere una reflexión más global sobre cuestiones tan trascendentes, como es la autorización administrativa, para poder edificar.
    Hace 50 años, en muchos municipios de España, se construía sin licencia de obras y se le daba autoridad al llamado maestro de la villa, precedente del arquitecto municipal y con unas mínimas directrices aceptadas por todos los vecinos, incluso verbales, se fueron haciendo muchas de nuestras ciudades. Todo esto ahora es lógicamente impensable, pero el problema es que en estos 50 años, los procedimientos burocráticos para poder edificar se han ido multiplicado irracionalmente. 
    Muchos grandes edificios que vemos hoy en día en nuestras ciudades se realizaron desde proyectos arquitectónicos con diez veces menos contenido documental que los actuales, con diez veces menos legislación aplicable y pasando por diez veces menos de procedimientos. Si multiplicamos todos esos “dieces”, lo que nos tendría que sorprender no es que una licencia tarde 12 meses en concederse, sino que no tarde 24.
    Ahora se descubre que la solución de todos los males pasa por la declaración responsable. No es que me parezca mal, al contrario creo que esa será, junto con la implantación del BIM, el final de todo el proceso. Con lo que recelo es que se empiece solo por eso y lo que es peor, que todo se quede ahí. 
    Una patada hacia adelante, sin solucionar los “dieces” a los que me he referido anteriormente, simplemente retrasará el problema, no lo solucionará. Hará que una corrección que antes se hacía con el ratón de un ordenador se tenga que hacer ahora con una piqueta, que se criminalice a quien denuncie ilegalidades y que en un principio se libere de responsabilidad a la administración local, para después tener ésta que actuar ante hechos consumados.
    No se que pensarán de todo esto los bancos que financian, las compañías que aseguran y los registradores que inscriben. Yo si creo en la declaración responsable, pero en una declaración responsable solo para cierto tipo de actuaciones y como parte de un proceso, no como la panacea inmediata y única de todos los problemas. Hay que seguir las directrices europeas y pienso que a la larga estos modelos anglosajones tendrán asiento en nuestra sociedad para determinadas situaciones.
    No debemos olvidar que, ahora más que nunca, debemos apostar por reducir documentación, legislación y procedimientos, así conseguiremos una declaración responsable, no solo eficaz a corto plazo y aceptada socialmente por todos, sino que tendremos una herramienta útil de futuro, capaz de cambiar nuestra forma de actuar frente a la administración. 
    Trabajemos para que las declaraciones responsables no se conviertan en café para todos. En declaraciones irresponsables. En declaraciones de licencias de obras diferidas sobre hechos consumados. Trabajemos para que no sigamos manteniendo la misma problemática con la que actualmente nos enfrentamos, pero con el edificio a medio construir.
Rafael González Millán. Presidente de la UAAAP/CSCAE

martes, 21 de abril de 2020

[574] ¿Cuantos arquitectos hay en las administraciones públicas de España?


Uno de cada cuatro arquitectos colegiados en 2018 desarrollaban total o parcialmente su trabajo profesional dentro de alguna de las Administraciones Públicas de España.
FUENTE: ENCUESTA ARQUITECTOS 2018 CSCAE
UNIVERSO: 50.305 ARQUITECTOS COLEGIADOS (JUNIO 2018)
MUESTRA: 1.500
INTERVALO DE CONFIANZA: 95%
MARGEN DE ERROR: 2,50%

viernes, 17 de abril de 2020

[573] Urbanismo y arquitectura

miércoles, 15 de abril de 2020

[572] blogdelaunion en twitter

martes, 14 de abril de 2020

[571] Los informes sectoriales en la tramitación de los expedientes urbanísticos

Los informes sectoriales deberían incorporarse a los expedientes urbanísticos de planeamiento y gestión con mucha más antelación de lo que lo hacen en la actualidad incluso durante la fase de redacción del documento, para considerar las determinaciones de dichos informes desde el principio en los mismos.
Sustituir mediante legislación autonómica las aprobaciones iniciales por un simple acto administrativo de admisión a trámite por parte del ayuntamiento de una iniciativa urbanística pública o privada posibilitaria al redactor junto con los técnicos municipales el ir elaborando un documento consensuado con todos los agentes sectoriales que tan solo pudiese retroceder en su tramitación con la figura de la aprobación provisional por causa de alegaciones dandole de esta manera mayor celeridad al procedimiento y favoreciendo de paso la participación ciudadana


jueves, 2 de abril de 2020

[570] Nota sobre los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público a raiz del estado de alarma decretado

Desde el momento de la entrada en vigor el pasado 14 de marzo del RD 463/2020, por el que se declara el Estado de alarma, conforme establece el apartado 1 de la disposición adicional 3ª “se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.
Lo que viene a significar conforme al Informe emitido por la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado el día 20 de marzo de 2020 que los plazos quedan suspendidos en el momento de la declaración del estado de alarma, reanudándose por el período que restare cuando desaparezca dicho estado de alarma, inicial o prorrogado, sin que en ningún caso vuelvan a empezar desde cero. Es decir, se “reanudan” pero no se “reinician”.

miércoles, 1 de abril de 2020

[569] V concurso de dibujo: “La ciudad desde tu ventana” / “Tu pueblo desde tu ventana”. COA Jaen

Cómo dibujar | ciudades II - Web del maestroOBJETO
Ante la actual situación que vivimos de confinamiento en nuestros hogares debido al Estado de Alerta en la lucha contra el COVID-19, nuestros menores están viviendo una situación completamente nueva y de estancia prolongada en la vivienda. Este concurso, no solo puede ser una vía de entretenimiento para estos días tan particulares, sino que ofrece abrir una ventana de papel a la grandísima imaginación de los menores, dibujando lo que la ventana física de casa les deja ver a nuestros menores, pero con el filtro imaginativo y creativo de cada uno de ellos. Podrán dibujar todo lo que la ventana de su imaginación les muestre.
Se podrán presentar menores de entre 3 y 11 años (infantil y primaria).
FASES
El Concurso se desarrollará en dos fases:
PRIMERA. Esta fase, que tendrá lugar desde la publicación del concurso hasta el lunes después del fin del estado de alarma, fecha límite para enviar los dibujos al correo electrónico 
concursodedibujo@arquitectosdejaen.es 
(escaneado a color o foto encuadrada y de calidad suficiente).
En el correo se debe indicar nombre completo del participante, edad, y nivel escolar así como el nombre completo, teléfono y mail de contacto del padre/madre o tutor/a legal.
El Colegio Oficial de Arquitectos contestará al envío del dibujo con un correo de confirmación de la correcta recepción.
SEGUNDA. Los trabajos enviados en la 1ª Fase y recepcionados por el Colegio Oficial de Arquitectos, hasta lunes siguiente al final del estado de alarma, se enviarán al Jurado, que procederá a la deliberación en una semana.
Este jurado estará constituido por:
Dos representantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Jaén.
Dos Arquitectos colegiados (en Jaén).
Actuará como secretario el Secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén o persona en quien delegue.
PREMIO
Se concederán diplomas a todos los participantes y se otorgarán 3 premios (ganador, segundo y tercer puesto) a tres dibujos seleccionados por el Jurado. Los tres participantes premiados se obsequiarán con un lote de libros de Arquitectura, y el primer premio consistirá en una noche para el premiado y sus padres en el Parador de Jaén.
RECEPCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
El Jurado dará a conocer los dibujos seleccionados dos semanas después del final de la recepción de los trabajos. El acta firmada por el Jurado se publicará en la web del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.
EXPOSICIÓN
Con posterioridad, y en cuanto las circunstancias sanitarias lo permitan, se procederá a programar la exposición de todos los dibujos participantes, en la Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. Dado que el máximo número de dibujos que es posible exponer es limitado, el Jurado se reserva la posibilidad de realizar una selección de los dibujos a exponer de entre todos los participantes. En caso de que esto sucediera, se notificaría por e-mail a los tutores de los menores participantes si su dibujo se encuentra dentro de los seleccionados para la exposición.
Durante este periodo de exposición, en el día que se designe y hora que se señale, se procederá a la entrega de premios La programación completa se remitirá a los participantes por e-mail y se dará difusión a través de las redes sociales y web del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.
TÉCNICA
La técnica y el formato a utilizar serán totalmente libres, debiendo aparecer en el dibujo el lema del concurso.
El dibujo no podrá contener datos de carácter personal.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases, será resuelta por el Jurado de la Fase segunda
La participación en el presente concurso implicará la aceptación plena de las presentes bases.
LA ORGANIZACIÓN 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN.

miércoles, 25 de marzo de 2020

[568] La función pública, la disciplina, el urbanismo y el medio ambiente

Abierta hasta el 10-Jun-2020

Anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado

Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

    Los técnicos y juristas que desarrollamos nuestra labor profesional en el campo del urbanismo y el medio ambiente dentro de la administración local, constatamos día tras día la falta de efectividad en la aplicación de la disciplina urbanística y medio ambiental por parte de los ayuntamientos en su ámbito territorial sobre todo en el suelo no urbanizable, debida a diversas causas entre las que podríamos destacar la falta de recursos técnicos y de personal con los que cuentan muchos consistorios para afrontar esta problemática y la poca colaboración en ese campo entre la administración local y la autonómica.
     Aunque la actual legislación deje claramente establecidas las competencias de cada administración con respecto al urbanismo y el medio ambiente en España, no deja de sorprendernos como, el cambio tan radical que supuso para las competencias sobre estas materias la instauración del estado de las autonomías hace ya más de 40 años, no se haya visto reflejado desde entonces en ninguna ley de base estatal que afecte al funcionamiento de nuestros ayuntamientos con respecto a dichas cuestiones.
     Haciendo un poco de historia, la organización de la Administración Local, tal como la conocemos hoy en día tiene su antecedente en el Estatuto Provincial del año 1925, fruto y creación del que fue Ministro de Hacienda José Calvo Sotelo. Muchas de las ideas maestras del Estatuto de Calvo Sotelo, aún perduran hoy en día. En ese estatuto como apunte, en referencia a los tipos de funcionarios, se establecían tres grandes grupos, por un lado los secretarios, por otro los interventores y en tercer lugar un último bloque donde se englobaban al resto de los técnicos, ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, farmacéuticos, veterinarios, archiveros y practicantes. Mucho han cambiado las competencias locales desde entonces, pero poco otras cuestiones.
     La modificación legislativa más importante del Estatuto de Calvo Sotelo, se produjo en el año 1955, cuando se aprobó la Ley de Régimen Local y sus famosos Reglamentos de desarrollo, siendo ministro de Gobernación Blas Pérez González. Tanto la Ley como los Reglamentos han perdurado hasta nuestros días, con pequeñas variantes. Como innovación más significativa respecto a los tipos de funcionarios se estableció en dicha Ley una nueva subescala, la de los depositarios, los actuales tesoreros. Para finalizar este pequeño periplo legislativo, con la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de la Administración Local se adaptó la normativa de régimen local a la Constitución de 1978. 
     A las puertas de la redacción de una nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, vemos una gran oportunidad para que el Estado como administración garante de la autonomía local regule, mediante legislación básica, las competencias de interés general, urbanísticas y medioambientales atribuidas a los Ayuntamientos y compartidas constitucionalmente con las Comunidades Autónomas, mediante la implantación de una normativa que establezca una nueva escala de funcionario de la administración local que se constituya como el máximo responsable administrativo en esos campos y que esté reservada a funcionarios con habilitación de carácter autonómico. Con esta simple acción se conseguiría una mejor coordinación efectiva entre las dos administraciones competentes en urbanismo y medio ambiente.
     Si bien obviamente la nueva Ley será un desarrollo trece años después del Estatuto Básico del Empleado Público (art. 6 de la Ley 7/2007 derogada por el texto refundido del RD 5/2015), entendemos que por los objetivos que esta persigue de reforma estructural del sistema del empleo público, debería afectar también a la Ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública y en lo que respecta a la administración local a la Ley 7/1985 Reguladora de sus Bases. Este planteamiento transversal no es novedoso, de hecho en el Estatuto Básico del Empleado Público de la derogada Ley 7/2007 en su disposición adicional segunda ya se hacía referencia a la administración local, en concreto a sus funcionarios con habilitación de carácter estatal.
     Sería muy recomendable para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del actual sistema de empleo público en relación con las nuevas competencias autonómicas sobre el urbanismo y medio ambiente, que en la nueva Ley de la función Pública de la administración General del Estado se incluyera una disposición adicional que recogiera la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de la Administración Local en los siguientes términos:
Artículo 92 ter. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter autonómico
1. Es función pública necesaria en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter autonómico:
a) El control y fiscalización del urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente.
2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter autonómico la conforma:
a) Inspector del territorio al que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior.
3. El régimen jurídico de la escala contenida en el apartado 2.a) anterior se desarrollará en la correspondiente legislación reguladora de la Función Pública de las comunidades autónomas.
Rafael González Millán. Presidente de la UAAAP/CSCAE

miércoles, 4 de marzo de 2020

[567] Certificado final de obras visado 4 años y 5 meses después de haber finalizado la obra

Queda claro que con documentos como este, el arquitecto director de la obra evitaría ser responsable de que, en la visita de los técnicos municipales en noviembre de 2011, se apreciara un exceso considerable de edificabilidad respecto a la autorizada por la licencia de obras concedida en su momento. Los promotores presentaron en 2011 el certificado final de la dirección de la obra visado porque era entonces cuando necesitaban la primera ocupación. Según ellos la obra tenía más de cuatro años y lo demostraban con este certificado ya que las obras fuera de licencia se empezaron a realizar al día siguiente de que el arquitecto les firmara el final de obra sin que este supiera nada sobre ello y duraron tan solo 3 meses. Según los promotores, el Ayuntamiento tuvo cuatro años (plazo entonces de la prescripción) para abrirles un expediente y no lo hizo, quizás por falta de medios para la inspección porque la infracción no se veía desde la calle o simplemente porque se suponía que la obra seguía en ejecución. Como consecuencia de todo ello, el edificio se encontraría ahora en situación de fuera de ordenación y para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la obra nueva se haría preceptivo la emisión de un acto administrativo mediante el cual se declarara la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido. (Artículo 20 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio y modificado por el Real Decreto-ley 8/2011 de 1 de julio). 
En cualquier caso no nos parece adecuada esta forma de proceder y creemos que tanto Directores de Obras, como Colegios Profesionales y Ayuntamientos tienen un deber con la Sociedad de articular mecanismos de protección de la legalidad urbanística acotando en el tiempo la validez de ese tipo de documentos y no dejando en manos de la picaresca, actuaciones como esta.

domingo, 16 de febrero de 2020

[566] Sin luz, agua, letrinas, ni techo

Vista aérea del mayor asentamiento de chabolas de Lepe. Aquí viven cerca de 300 personas en unas 70 casuchas.La gran complejidad del problema de los asentamientos en Huelva se convierte en excusa. No se encuentran soluciones y las reacciones en cadena nos han desnudado ante la opinión pública internacional. Bendita visita del relator: ojos que no ven mantienen corazones insensibles y mentes acomodadas. Pongamos carne al asador.
Somos provincia de aluviones de inmigrantes. Lecciones de acogida en las construcciones estatales de barrios sociales en los sesenta en Huelva con la puesta en marcha del Polo Químico. Poblados que hoy son símbolo de conciencia de lucha por derechos humanos y arquitectura de innovación tipológica: las pequeñitas casas se dotaban de baños, con un diseño alejado del hacinamiento y condiciones higiénicas adversas que los mineros habían sufrido. La Orden, Huerta Mena, Minas de Herrería, Reina Victoria, San Silvestre y miles de viviendas de conciencia social, empresarial y presupuestaria que parece que hemos olvidado, visto lo visto. Alejandro Herrero e higienistas por el agua potable y escuelas salubres ejecutaron surtidores, empedrados, saneamiento contra el cólera, mercados del XIX. En cada municipio alguien tomó la batuta sin temor a perder por la magnitud de problemas de salud pública. Autoridades y empresas cubrían necesidades de quienes les hacían crecer. Fuimos modelo, debemos serlo hoy.
La imagen puede contener: interior y comidaEl chabolismo al servicio de la industria agroalimentaria que nos enorgullece es cara de la vergüenza en la moneda del XXI. Crezcamos y no lo perdamos todo por incapacidad. No es suficiente Fitur de traje y corbata para exportar excelencia. Ni mesas por la inmigración sin expertos en ordenación del territorio y edificación comprometidos y desinteresados (COAH). Hacen falta soluciones atípicas posibles, huir de lo habitual, del encogerse de hombros, de la culpa es del otro, del acallar la opinión pública tras estos días, y volver a olvidar. Mesas no valen nada sin medidas concretas, tapan bocas.
La imagen puede contener: cielo, nubes, planta y exteriorEl D3/2019 de medidas urgentes para edificaciones irregulares en suelo no urbanizable en Andalucía permite tramitar de oficio Planes Especiales para instalar redes de abastecimiento, saneamiento y eléctricas donde habitan desahuciados, sin riesgos de salud y medioambientales constatados. Estableciendo condiciones de edificios seguros, modulares, desmontables, prefabricados, minorando incendios en los que pierden personas que poco tienen. Con costes de urbanización en contribuciones especiales repercutidas entre agentes, sean empresarios en sus márgenes, administraciones, trabajadores como renta -no les alquilan viviendas ni cubriendo gastos-. Ocupando el suelo rústico con carácter temporal y excepcional, en tramos de campaña, sin cronificar guetos, con autorizaciones especiales, asumiendo como emergencia lo que lo es. El Plan Romero mueve montañas de despliegue y coordinación y esta montaña se puede mover y se llama responsabilidad.
Hay que ponerse a ello sin demora, la vergüenza no puede ser el sentimiento que identifique nuestra excelente tierra, inigualables productos y gente solidaria.
Miriam Dabrio Soldan. Decana del COA de Huelva
fuente

lunes, 3 de febrero de 2020

[565] Teoría de las fichas y las flechas. Procedimiento de concesión de licencias de obras.


"Se hacen proyectos de arquitectura más extensos de lo necesario porque no se dispone del tiempo (ni de los procedimientos adecuados) para hacerlos más breves". 
“Se necesitan 625 hojas en un proyecto arquitectónico para ejecutar 500 m² construidos, es decir un CLC (Coeficiente de Locura Colectiva) de 1,25".
Somos conscientes de la dificultad que implica reducir documentación que la propia legislación obliga a incluir al menos en el proyecto de ejecución pero sobre el proyecto básico creemos que se puede hacer algo al respecto para obtener entre otros beneficios, una modernización, una agilización y una simplificación en la tramitación de licencias de obras.
¿Se podría llegar a incluir en un documento de 20 hojas toda la documentación necesaria para la obtención de una licencia de obras?
La modernización documental (reducción del número de “fichas”), sería el factor con efecto favorable más inmediato, más global y más fácil de implementar en el proceso administrativo de la edificación para conseguir optimizar la duración del procedimiento de concesión de licencias de obras. Ir al documento.

martes, 28 de enero de 2020

[564] Reconocimiento a el/la Arquitecto/a al servicio de la Administración Publica

El pasado mes de julio de 2019, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro hizo entrega de los premios COAVN de Arquitectura 2019. Como novedad en esta XIII edición, se incluyó entre otros galardones un reconocimiento a el/la Arquitecto/a al servicio de la Administración Publica.
C:\Users\ANE\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\60EF2DF3.tmpEl acto, celebrado en el Azkuna Zentroa reunió a cerca de 200 asistentes entre personalidades de la Arquitectura y la vida política, social y cultural de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
Estos galardones, que se conceden cada tres años, reconocen las obras de arquitectura y los trabajos relacionados con la actividad profesional de los arquitectos y arquitectas que se realizan en el ámbito colegial. 
Las modalidades premiadas en esta ocasión fueron:
  • Arquitectura y urbanismo perdurable
  • Cultura, Difusión e Innovación Arquitectónica
  • Arquitectura y urbanismo extraterritorial
  • Urbanismo
  • Arquitectura interior y actuaciones efímeras
  • Rehabilitación y restauración 
  • Arquitectura
  • Reconocimiento a el/la Arquitecto/a al servicio de la Administración Publica
Esta nueva modalidad de "Reconocimiento a el/la Arquitecto/a al servicio de la Administración Publica", supone un reconocimiento a la trayectoria de los y las profesionales de la arquitectura en la administración pública. En esta edición, los premiados fueron Ibon Areso, Enrique Ponte y Vicente Vitoria.
Queremos desde este blog transmitir nuestra más efusiva enhorabuena a los galardonados y agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro su sensibilidad y acierto al establecer esta nueva modalidad de reconocimiento a nuestro colectivo de arquitectos/as de la Administración Pública.