jueves, 23 de mayo de 2019

[547] Presentación del foro de buenas prácticas de urbanismo en la Administración de Andalucía

22/05/2019 Presentación del acto.
Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. 
A la vista del aforo del que hoy disfrutamos, está claro que el urbanismo y creo que más bien, las consecuencias que se desprenden del urbanismo, interesan mucho a muchos. 
Hoy hacemos la presentación oficial de un nuevo proyecto sobre urbanismo que hemos denominado “Foro de buenas prácticas de urbanismo en la Administración de Andalucía”, una idea que no es nueva en su gestación. Hace ya algunos años que se venía hablando sobre un prototipo similar en la sede del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y más concretamente en la UAAAP, entidad perteneciente al Consejo, que la conforman los 30 colegios de España y que se dedica a debatir sobre asuntos específicos de los arquitectos de las administraciones públicas. 
Se consideró en su momento desde la UAAAP, la conveniencia de proponer a todos los colegios que impulsaran la creación de foros de debate autonómico sobre urbanismo dentro de la Administración mediante la utilización de las nuevas tecnologías. Colegios de Arquitectos como el de Islas Baleares, mediante su agrupación de arquitectos de la administración y el de Cantabria iniciaron ya este camino y en breve nos consta que otros Colegios se unirán a este proyecto. 
La Agrupación de Arquitectos de la Administración Pública del COA de Sevilla, hace ya algunos meses abordó en fase de pruebas este reto, en colaboración con el propio Colegio de Sevilla, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y el CSCAE. 
A fecha de hoy el Foro es ya una realidad, lo compone hasta el momento 172 profesionales que desarrollan su trabajo dentro de cualquier administración en las ocho provincias andaluzas, sin discriminación de colegiación, titulación, cargo, ni tipo de Administración de pertenencia. 
Para optimizar la funcionalidad del Foro lo hemos estructurado en tres bloques de acción: 
Por un lado, se ha creado un grupo de debate por mensajes telefónicos de texto donde todos los participantes, convenientemente identificados, debaten en tiempo real sobre asuntos relacionados con el urbanismo aportando dudas, soluciones, documentos de interés, interpretaciones y opiniones. 
Por otra parte se ha habilitado un blog de acceso público en el que se suben los debates más interesantes que se produzcan vía telefónica haciendo anónimas las intervenciones. A fecha de hoy, en fase de prueba, más de 40 hilos de debate planteados con más de 2.000 visitas. 
El enlace al blog del Foro aparece en un banner lateral en el blog de la UAAAP www.blogdelaunion.com. En este blog se incluyen asimismo documentos de interés para todo usuario que se relacione con el urbanismo dentro y fuera de la Administración. 
Y por último y no por ello menos importante, el Foro se quiere consolidar con encuentros presenciales periódicos por toda Andalucía para favorecer el debate y conocimiento personal de sus miembros así como para visualizar la presencia del urbanismo ante la Sociedad en general. 
Y es precisamente este último bloque el que nos reúne hoy aquí. 
No podríamos haber imaginado ningún formato mejor para la presentación de este Foro, que el contar en el día de hoy con el apoyo institucional y la presencia en la misma de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, en la persona de Fernando Villanueva Lazo, Subdirector General, acompañado de otros compañeros de su equipo que se encuentran entre nosotros. 
No debemos olvidar que entre las funciones de la Dirección General, las de cooperación y coordinación urbanística se ajustan perfectamente a los objetivos por los que se gestó este Foro. 
Es un privilegio contar hoy con la presencia de Fernando Villanueva, gran conocedor de la normativa urbanística autonómica y parte importante del grupo de trabajo que afrontará la próxima reforma legislativa del urbanismo en Andalucía. 
Como ya mencione anteriormente, este Foro nace con una vocación claramente incluyente para todos los profesionales que trabajan en mayor o menor medida con el urbanismo dentro de la Administración. 
Un Foro en el que participan a fecha de hoy, técnicos y juristas de 88 municipios andaluces desde 1.400 hasta 700.000 habitantes, desde Cuevas Bajas en Málaga hasta Sevilla, distanciados más de 600 km, desde Isla Cristina en Huelva hasta Pulpí en Almería, todos bajo una misma legislación urbanística pero con problemáticas y recursos muy diferentes. 
Un Foro formado por profesionales de la administración autonómica, impulsores de la legislación urbanística en Andalucía y profesionales de la administración local que después tienen que aplicar esa legislación. 
Un Foro que nos hace recordar que acercar el poder legislativo y el ejecutivo en el campo del urbanismo, siempre fue una buena receta para alejarse del poder judicial. 
Un Foro que abre sus debates al resto de la Sociedad, de técnicos y promotores que sufren a veces las consecuencias de un urbanismo con minúsculas y falto de engranaje. 
Un Foro que en definitiva viene para quedarse, con la vocación de llegar a ser una herramienta de los profesionales del urbanismo dentro de la Administración para optimizar recursos, informar a legisladores, unificar criterios, aprender de experiencias ajenas y mejorar en definitiva el servicio al ciudadano. 
Te doy las gracias Fernando en mi nombre y en nombre de nuestro Foro, que es el tuyo también, por haber aceptado la invitación para estar hoy con nosotros en esta presentación.
Rafael González Millán / Presidente de la UAAAP-CSCAE / Director del Foro de BPU de Andalucía

miércoles, 15 de mayo de 2019

[546] Los diez factores más determinantes del retraso en la tramitación de licencias de obras en España según los técnicos de la administración

Desde hace ya unos meses, el CSCAE junto con el Ministerio de Fomento viene elaborando propuestas para la agilización de la tramitación de las licencias de obras de edificación con la colaboración de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España (UAAAP).
Como punto de partida para afrontar esta problemática se difundió una encuesta durante el pasado mes de febrero desde el CSCAE entre todos los arquitectos de España. Participaron un total de 1.618 arquitectos entre arquitectos proyectistas que solicitaban licencias y arquitectos de la administración que las informaban. Estos porcentajes de participación suponen aproximadamente 1/13 del total de arquitectos que visan proyectos en España y 1/26 de los arquitectos que informan los mismos dentro de la administración. 
ANÁLISIS DE LOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Desde la UAAAP, se ha estado examinando parte de la encuesta, en concreto los casi 2.000 comentarios recibidos sobre las dificultades y causas de retraso más significativas con las que se encontraban los técnicos encuestados en la tramitación y gestión de licencia de obras. 
Tras un análisis de los mismos, se concretaron los diez factores más determinantes del problema y se volvió a realizar otra encuesta, esta vez solo entre técnicos dentro de la administración pública afectos a concesión de licencias de obras para que se pronunciaran sobre los mismos, con el fin de valorar y ordenar la importancia de cada uno de ellos, con los siguientes resultados:

martes, 30 de abril de 2019

[545] Ni licencia para matar...ni matar por una licencia

Resultado de imagen de empujando una pelotaA la Alcaldesa de Santander y los alcaldes que están, a los que sigan y las que vengan, a todos los candidatos resulten o no electos, a los compañeros arquitectos y arquitectas municipales, al resto de técnicos, aparejadores, ingenieros, administrativos, funcionarios, de todos los negociados y servicios, a los habilitados nacionales, a todo quien pueda interesar y a cualquiera que pueda ayudar... 
Al abajo firmante le corresponde como Decano y por tanto mandado de los arquitectos y arquitectas de Cantabria, exponer los cotidianos inconvenientes que se nos presentan en nuestro trabajo a la hora de relacionarnos con el trámite de licencias. 
Esto no es un problema local, ni pensamos que sea pequeño y así lo ha reflejado la encuesta promovida por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España CSCAE. Nos parece preocupante el excesivo plazo de trámite de las licencias municipales en Cantabria. 
Si este tiempo es ya desmedido en los expedientes de planificación y urbanísticos, para los expedientes comunes de obras y actividades, por su volumen, tiene esta dilación de los plazos una repercusión económica inaceptable, supone una rémora a la iniciativa, la inversión y la generación de empleo, ofrece excusa común para la indisciplina urbanística y transmite una sensación generalizada de ineficacia, desorden y desánimo entre los profesionales y los ciudadanos. 
La sensación es mayor para cualquier ciudadano que se acerca por primera vez al ayuntamiento y se tropieza con un trámite complejo, algo incomprensible y desproporcionado sobre todo para obras menores, pequeñas actividades comerciales y reformas de viviendas o locales. Sobre todo si la solicitud debe ser vista por varios departamentos el seguimiento del expediente se convierte en un peregrinar de mesa en mesa, tras la carpeta que contiene nuestras aspiraciones y los sucesivos controles, menores, parciales y sucesivos, con reiteradas firmas y vaivenes entre los diversos servicios. 
Los arquitectos asumimos muchas veces, más allá del papel de redactores de la documentación, la intermediación para su trámite como expediente administrativo. Esto es así en todo tipo de actuaciones de urbanización, edificación, rehabilitación, reforma, actividades comerciales...Muchas veces para evitar a nuestros clientes idas y venidas desorientadas. 
Somos por tanto usuarios habituales de la “atención al ciudadano” y nos ponemos de su parte, valorando enormemente todas las mejoras que se puedan y vayan incorporando en este sentido. Agradeceríamos, más que nadie, la real implantación del trámite electrónico con todas sus ventajas de transparencia, trazabilidad, eficacia y orden. 
Si la administración electrónica funcionara “de veras”, no resultaría necesaria ninguna atención diferenciada a nuestro colectivo profesional, mejorando la atención al ciudadano, al que seguiríamos pudiendo representar del modo más eficaz, acompañando su trámite sin sobrecargar los horarios de atención al público de las dependencias municipales. 
No seré de los que defiendan que no es necesario el control, pero debemos, en virtud del mismo principio de eficacia y economía administrativa, adecuar el control y proporcionarlo al bien que se protege: ¿Se traduce el control en mejora de la calidad urbana y de las obras que se realizan, del espacio urbano, en el bienestar de los ciudadanos? ¿Está proporcionado el tiempo de trámite administrativo al de proyecto e incluso al de obra? ¿Puede tardarse más en obtener una licencia que en construir un edificio pequeño, o no tan pequeño? 
Algunas licencias se convierten en verdaderas “carreras de obstáculos”, con exigencias basadas en normativas restrictivas, complejas y en ocasiones, incluso francamente contradictorias con los requisitos técnicos y las nuevas instalaciones que se van incorporando a los edificios. En algunos casos la ordenanza es más el objetivo que la herramienta necesaria y esto aporta escasa utilidad. 
¿Cabe pensar que el trámite sea distinto, el criterio de los técnicos divergente, la documentación exigida diversa en unos y otros ayuntamientos o en el seno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo? 
¿Como es posible que la información urbanística no se facilite de modo habitual, en un formato SIG, accesible para el ciudadano, el técnico y el vecino, que permita su actualización directa con las modificaciones normativas, la geolocalización de las alteraciones y construcciones exigida por el Catastro y el Registro de la Propiedad, la información sobre redes y servicios, en tiempo real? 
La mayoría de las administraciones nos permiten el pago telemático de impuestos y multas, recibos, contribuciones...pero aún seguimos tramitando las licencias urbanísticas en papel y, no por favor, no nos digan que ya hay implantada administración electrónica porque solo, triste casualidad, sobre el papel. 
¿Hasta cuando copias en papel de los procedimientos ordinarios? ¿Alguien ha valorado el manejo, movimiento y archivo de ese ingente chorro de papel que se produce en nuestras administraciones? No hace falta un número muy preciso para entender el enorme coste en dinero público. 
La verdadera implantación de la Administración Electrónica supondría para el ciudadano poder consultar directamente el curso del expediente, el tiempo estimado de espera para su revisión, recibir directamente el requerimiento que pueda producirse, optimizar los recursos disponibles y evidenciar el número de expedientes que se asigna y cursa cada funcionario y en qué plazo lo hace. 
Hacer visibles las actuaciones amparadas en Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas, de modo que pueda apreciarse cuando esas actuaciones van más allá del alcance propio de este régimen. Estos casos pueden producir obras importantes que afectan a la seguridad de personas y bienes, y es imprescindible que los vecinos y colindantes puedan contar con una información directa de los expedientes y sus responsables. 
Insistir en las inspecciones de trabajo en las obras menores y aquellas que se realizan sin documentación, en las que se pueden producir graves accidentes. 
Permitir la inspección de los locales con licencias de actividad más antiguas para garantizar unos mínimos de ejercicio. Se produce una divergencia cada vez mayor entre los que pretenden ajustarse a la legalidad y aquellos que funcionan en el margen o al margen de la misma. Se inspecciona a los que resultan “visibles” en un expediente mientras los “invisibles” funcionan al margen de cualquier inspección necesaria para solventar problemas serios de seguridad y convivencia. 
La implantación de la Administración Electrónica solo puede ser real contando con el concurso y la colaboración, formación y dotación de medios adecuados a los funcionarios que han de manejarla. Probablemente haya que redistribuir, y ampliar las plantillas de técnicos que informan los expedientes y, seamos francos, la agilización de licencias debe plantear, como en otros ámbitos de la administración, el establecimiento de incentivos positivos para el trámite ágil y correcto de los expedientes encomendados: ahí está la auténtica eficacia de la Administración. 
Y una Administración eficaz es sinónimo de buen gobierno, de buena práctica y de una sociedad próspera. Los funcionarios serán los primeros que desearán, no lo dudo, evitar tantas malas caras, que tanta presión y malestar añaden a su ámbito diario. 
La agilidad no supone pérdida de control, sino adecuación del control al bien común, a la debida garantía para el conjunto de la ciudad, los colindantes y vecinos que vendrán afectados por el curso de las obras y beneficiados por un resultado final armónico. 
Moisés Castro Oporto. Decano del COACan

lunes, 29 de abril de 2019

[544] Tramitación de una licencia de ocas

"La licencia de obras es uno de los trámites administrativos que más quebraderos de cabeza causan tanto a los administrados como a las Administraciones Públicas. Con el ánimo de ayudar a los implicados en este proceso, en este artículo se adjunta un esquema gráfico donde se pueden ver los pasos y acciones necesarios para conseguir la ansiada licencia y la posterior autorización para el comienzo de las obras de edificación.
La especificidad de este procedimiento administrativo viene regulada en la normativa urbanística de cada Comunidad Autónoma, que ha de ajustarse a los principios generales recogidos en legislación estatal de procedimiento administrativo común (LPACAP) y a la legislación sobre régimen local, ambas con carácter supletorio y complementario. Además, cada Ayuntamiento podrá aprobar ordenanzas municipales reguladoras para la concesión de licencias, que tendremos que tener en cuenta."
Tras la lectura de este interesante y documentado trabajo sobre la concesión de licencias de obras, no nos queda menos que corroborar que aun queda un amplio margen de mejora en la operatividad de esta tramitación para que no siga viendo el administrado en la misma, si el problema no fuese tan serio como es, un juego de la oca.

miércoles, 17 de abril de 2019

[543] Sobre las oposiciones a arquitecto municipal y las clausulas arbitrarias.

Después de varios años de sequía, tres procesos electorales en marcha y un alto grado de temporalidad en el empleo, las administraciones General, Autonómica y Local están ofertando día si y día también plazas de arquitecto[1] en las más variadas opciones: funcionario de carrera, interino, laboral fijo, contrato de servicios, etc.
El sistema selectivo variará según el tipo de empleo público al que se acceda, siendo el de oposición y concurso-oposición el habitual para los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo según el artº 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Ese mismo EBEP establece un principio que debe aplicarse a todo proceso de selección:
“2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas[2].”
Este principio taxativo (cuidarán especialmente) obliga a la Administración convocante tanto a definir las tareas de los puestos de trabajo convocados, como a diseñar unas pruebas adecuadas al desempeño de las mismas. Pues bien, analizadas varias convocatorias, nos encontramos que muchos casos no responden exactamente a este principio, especialmente cuando descendemos a las convocadas en los municipios, que se encuentran menos fiscalizados que las del Estado o las Autonomías, aunque éstas tampoco están exentas de irregularidades[3]
Esto ha dado, y está dando, origen a sentencias que anulan dichos procedimientos pero, lo que es peor, con muchos años de retraso, lo que provoca no sólo graves perjuicios personales, sino también déficit en el funcionamiento de los servicios al ciudadano.
Vamos a analizar algunas de las irregularidades que hemos podido encontrar en algunas de las analizadas.
1. Falta de definición del puesto de trabajo. Puerta abierta a la manipulación
Teniendo en cuenta que en España hay más de 8.000 municipios, la casuística es importante. Desde municipios pequeños que no tienen definidas dichas tareas para el arquitecto que, en la mayoría de las veces va a ser el único técnico del que va a disponer la Administración, hasta municipios con un tamaño medio que no disponen de una mínima organización y Relación de esos Puestos de Trabajo (RPT) donde queden definidas las tareas de los puestos de trabajo. Ambas cosas, según hemos visto, deberían estar definidas antes del proceso selectivo.
Esta perversión del sistema deja en un estado de indefensión total al arquitecto frente a la administración empleadora, tanto en el sistema de selección como en el ejercicio de su trabajo cuando accede a él. Porque, sólo si las tareas están definidas, las pruebas de selección podrán adecuarse a ellas, y sólo si las tareas están definidas un arquitecto municipal en ejercicio puede negarse a realizar aquéllas que no son propias de su puesto de trabajo. Esta circunstancia hace que, al final, y sin resistencia por nuestra parte, el arquitecto municipal sea el “cajón de sastre” que hace todo lo que no quieren o pueden hacer los demás, incluso valorar un tractor. Algo impensable en figuras como el Secretario, el Interventor, el Tesorero, que tienen por Ley[4] establecidas sus funciones y, por lo tanto, no precisan de RPT.
De esta manera, obviando el hecho de que “los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo” en las convocatorias de oposiciones a arquitectos municipales nos encontramos bases específicas con temas tan generales que incluyen conocimientos ajenos no sólo a la formación de arquitecto, sino a las tareas de los puestos de trabajo de un arquitecto municipal, que son mucho más concretas que las de la carrera. Si, además, las tareas no están definidas, no habría motivación que justifique la inclusión de temas ajenos al contenido curricular de la titulación exigida, lo que convertiría las bases en arbitrarias.
2. Valoraciones anacrónicas, arbitrarias o tendenciosas
Otro tanto ocurre con la fase de concurso. Habitualmente se valoran 3 conceptos: titulación, experiencia y formación. Pues bien, el corta-pega de otras bases, la falta de conocimiento de los redactores de las mismas y, en ocasiones, la intencionalidad para favorecer determinadas candidaturas, unido a la falta de motivación generalizada, hacen que nos encontremos con valoraciones, cuanto menos, absurdas, y eso, queriendo pensar bien.
Titulación. Todavía los redactores de las bases no saben que en España coexisten titulaciones pre y post Bolonia. A lo más que han llegado es a diferenciar licenciatura y grado, pero de los estudios posgrado sólo conocen el famoso Máster (60 a 120 créditos), olvidándose de otros estudios que sirven para adquirir conocimientos especiales tan válidos como éste, con menos horas, pero con una carga lectiva evaluable: Experto (20 a 40 créditos) y Especialista (35 a 60 créditos). O eres Máster o no eres nada.
Otro error, creemos fruto del desconocimiento, y que atenta de nuevo contra el artº 61.2 del EBEP, es la valoración de la posesión del título de Doctor (así, a secas) para una oposición a Arquitecto Municipal. Los estudios de Doctorado y la elaboración de una tesis acreditan una capacitación investigadora en un tema muy concreto, que tiene sentido en la docencia y en la investigación pero no en las tareas de un arquitecto municipal que, ya hemos visto, son generales y ejecutivas, por lo que su valoración no sólo excede, sino que valora unas capacitaciones ajenas al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo. Otra cosa diferente es que se valorara el tiempo de formación, que corresponde a otro apartado.
Experiencia. Igualmente la valoración de la experiencia es otro apartado que está sujeto a inexactitudes en contra del principio de adecuación prueba-tarea del puesto de trabajo. Las valoraciones lógicamente deberían circunscribirse a la experiencia en las tareas de los puestos de trabajo convocados (volvemos a la necesidad de que éstas estén definidas) como arquitecto municipal, o haciendo las tareas propias del puesto convocado. Evidentemente, a esta experiencia podría añadirse la valoración de otras relacionadas con dichas tareas, pero siempre en menor cuantía. 
Lejos de esto, las bases suelen valorar indiscriminadamente cualquier relación con la administración en la que haya intervenido el arquitecto. Así, por ejemplo, para un puesto de trabajo para informar licencias o planeamiento, se valora por igual la experiencia de un contrato de colaboración externa de dirección de obra civil que la de un interino para informar planeamiento, o viceversa. Lo que aleja de nuevo la conexión entre el tipo de pruebas […] y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo.
Formación. La valoración de la formación tiene como motivo el establecimiento de un baremo que permita conocer la actualización y puesta en valor de los conocimientos adquiridos durante el ejercicio de una vida profesional. Lo habitual en dichas valoraciones es que éstas se gradúen en función del número de horas y de la materia, buscando en ésta la máxima adecuación a las tareas de los puestos de trabajo, y siempre de entre las entidades de formación oficialmente reconocidas. 
Pues bien, en este apartado es donde se concentran, quizás, las arbitrariedades más groseras. Desde la valoración indiscriminada de cualquier tipo de curso a la discriminación arbitraria de la valoración en función de la entidad que la imparte. Así, por ejemplo, la última analizada[5] ha motivado una carta de protesta de nuestra Asociación al presidente de la CRUE, del rectorado de la Politécnica, del CSCAE, del COAM y del INAP, toda vez que concedía, más valor (el doble) a los cursos realizados por un Sindicato (también la FEMP) que a los realizados en una Universidad, en un Colegio de Arquitectos o en el INAP, por poner sólo un ejemplo de las entidades de formación con más prestigio, dándose la paradoja de que una jornada de 4 horas en un Sindicato, tendría una valoración de 0,50 puntos, y un curso de 60 horas en una Universidad, 0,25 puntos. 
3. Conclusiones. El arquitecto municipal habilitado nacional
De todo lo expuesto sólo cabe concluir que las Leyes nos proporcionan herramientas adecuadas, si bien, como venimos reclamando, la figura del arquitecto municipal debería integrarse en un cuerpo de habilitación nacional que regulara de una vez por todas sus funciones y forma de acceso.
Hasta que llegue ese momento, el EBEP es claro “Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados”. Pero el control y seguimiento de su cumplimiento es defectuoso toda vez que, o no se controla o, si se controla y se recurre vía contencioso, las sentencias llegan a destiempo provocando daños personales y civiles irreparables. O no, porque al final se reparan mediante indemnizaciones económicas que asumen las administraciones. 
Pero, ya se sabe, la indemnización la paga la Administración que incluso puede tener un color político diferente a la que provocó el daño con una convocatoria defectuosa. Se dispara con pólvora del Rey, que pagamos entre todos los súbditos.

Colectivo de Arquitectos Municipales de la Comunidad de Madrid. CAMCAM

[1] Nos resistimos a entrar al juego del lenguaje inclusivo arquitecto/a. En la mayoría de los títulos expedidos pone Arquitecto. No sentimos discriminación por el lenguaje, sólo las por actitudes.
[2] Artº 61.2 del EBEP
[3] Sentencia TSJ Madrid recurso contencioso-administrativo para pruebas selectivas para el ingreso en distintos cuerpos funcionariales 
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190415/89/iv.-administraci%C3%B3n-de-justicia/tribunal-superior-de-justicia%3A
[4] Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

viernes, 12 de abril de 2019

[542] Mapa de gestión catastral

Recientemente el Ministerio de Hacienda ha puesto en funcionamiento una plataforma denominada "mapa de gestión" como cuadro de mando del nuevo modelo de mantenimiento propuesto por la Dirección General del Catastro con el fin de habilitar un mapa digital que se constituya en el elemento central de la gestión catastral, donde los diferentes agentes tramitadores de alteraciones catastrales pongan de manifiesto las inconsistencias entre la información catastral y la realidad inmobiliaria y donde pueda desarrollarse el proceso de su resolución.
Esta aplicación es, en esencia, un mapa que pretende reflejar alteraciones catastrales no declaradas ni comunicadas en plazo así como sus documentos asociados. Se trata de una herramienta que conecta varios sistemas de información del catastro, y que está desarrollada en tecnología web, lo que permite su uso por personal de las Entidades Locales.
Las incidencias para el "mapa de gestión" son todas aquellas operaciones susceptibles de ser incorporadas al catastro, pero, que todavía no han sido declaradas o comunicadas, no estando pensado por el momento como un mapa de expedientes en tramitación.
Una vez comprobada la gran utilidad de la herramienta, consideramos que a la vez que en la misma ya esta implementada la coordinación con el Registro de la Propiedad, el Ministerio de Hacienda debería hacer un esfuerzo más en implementar en la aplicación informática una linea de coordinación con las administraciones locales otorgantes de licencias de obras y considerar que en una parcela catastral se inicia una incidencia en el momento del otorgamiento de la licencia de obras y no cuando los hechos susceptibles de alteración catastral ya están consumados.
Una representación planimetrica de todas las licencias de obras solicitadas y concedidas, con seguimiento de las mismas, de sus plazos de ejecución y de sus fechas de terminación, facilitaría mucho a las administraciones locales el apoyo a la actualización del Catastro que se ofrece desde las mismas al Ministerio.

lunes, 8 de abril de 2019

[541] Urbanismo y patrimonio público

Programa
1.NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Bienes demaniales: uso público y servicio público.
Bienes patrimoniales.
2.ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Modos de adquisición onerosa y gratuita de inmuebles.
Modos de enajenación onerosa y gratuita de inmuebles.
Principio de libre concurrencia como norma; adjudicación directa como excepción.
3.USO Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Uso y disfrute de los bienes de dominio público.
Uso y disfrute de los bienes patrimoniales.
El uso del patrimonio vinculado a contratos públicos.
4.URBANISMO Y PATRIMONIO PÚBLICO.
Licencias urbanísticas y ambientales sobre el dominio público.
Adquisición de suelo de acuerdo con las cesiones obligatorias de aprovechamiento urbanístico en las distintas actuaciones y en los distintos tipos de suelo urbano y urbanizable.
Patrimonio público del suelo.
Derecho de superficie.
Expropiaciones urbanísticas. Expropiación rogada.
Ocupación directa.
Adquisición en pago de deudas urbanísticas.
Interesante Jornada que se celebrará en Valencia el miércoles 8 de mayo de 2019, impulsada por la Junta Directiva de la Agrupación de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana dentro del Plan de Formación del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), y en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) y con la Excma. Diputación Provincial de Valencia, 

viernes, 5 de abril de 2019

[540] Sobre palos y velas

Un informe de licencias no es una tutoría de fin de carrera, se supone que un profesional titulado y competente está capacitado para redactar un proyecto COMPLETO, ORDENADO y de LECTURA CLARA que cumpla al 100% con la normativa urbanística vigente, con la de accesibilidad, con la de eficiencia energética, con el CTE y con el sum sum corde. Y para eso lo suscribe (y se supone que cobra sus honorarios por ello) BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD. El técnico municipal poco más tiene que comprobar más allá de la corrección del documento a efectos de su total comprensión en cuanto a su adecuación a los parámetros urbanísticos que afectan a la actuación: los de planeamiento, que otorgan al suelo en que se actúa la condición de solar, por un lado; y los de ordenación física, que imponen los límites a la altura, alineaciones, ocupación, volumen y ediicabilidad, todos ellos claramente definidos por las ordenanzas del PGOU. Si se actúa en un entorno físico o patrimonial sensible o sometido a protección especial, aplicar el protocolo establecido para estos casos, que suelen ser objeto de informe complementario de una Comisión multidisciplinar ajena al técnico informante. Este trabajo no es complicado, y debe de ser absolutamente objetivo. La interpretación de la normativa puede ser necesaria en muy determinados casos, todos ellos de características excepcionales, y la solución que se acuerde al respecto debe quedar definida con celeridad y exactitud en el informe que se evacúe, después de ser objeto de consulta, discusión y consenso. Es una labor que precisa de saber, de buen hacer y de eficacia por parte del técnico municipal, más que de un excesivo tiempo que sólo sirve para marear la perdiz. El Ayuntamiento, por su parte, debe controlar los tiempos que se consumen en cada uno de los trámites administrativos que conforman el proceso de concesión de licencias y asegurar la continuidad de su curso sin interrupciones temporales excesivas, corrigiendo las carencias de personal o de infraestructura que se detecten con el fin de prestar el servicio a la ciudadanía en el menor tiempo posible, y por supuesto, dentro de los plazos legalmente establecidos. Ni más ni menos, son las reglas de gobierno y funcionamiento aplicables a cualquier barco que debe llevar a buen puerto su carga, entregándola a tiempo y en óptimas condiciones, como así lo estipula el contrato establecido. Y quien las incumpla, responda por ello ante la autoridad competente.

viernes, 11 de enero de 2019

[539] ¿Como incluir en un documento de 20 hojas A4 toda la documentación necesaria para la obtención de una licencia de obras?

Recientemente escribíamos en la redes sociales el siguiente texto "Se necesitan 625 hojas tamaño A4 en un proyecto arquitectónico para ejecutar 500 m² construidos, es decir un CLC (Coeficiente de Locura Colectiva) de 1,25."
Más allá del carácter surrealista de su redacción, el párrafo encierra una realidad a la que muchos de los arquitectos que elaboramos informes para la concesión de licencias de obras, nos venimos enfrentando día a día.
Parafraseando al filósofo y escritor francés Blaise Pascal, podríamos encontrar alguna explicación lógica a esta circunstancia y se nos ocurre que en muchas ocasiones, "se hacen proyectos de arquitectura más largos de lo usual porque no se tiene tiempo para hacerlos más cortos".
Con la aparición del Código Técnico de la Edificación, el problema se ha disparado y la reducción del numero de hojas del proyecto parece que tan solo se pueda atajar con márgenes mínimos, dobles caras y tamaños de letras de microfilms.
Somos conscientes de la dificultad que implica reducir documentación que la propia legislación te obliga a incluir al menos en el proyecto de ejecución pero sobre el proyecto básico creemos que se puede hacer algo al respecto para obtener entre otros beneficios, una agilización y simplificación en la tramitación de licencias de obras.
La pregunta del título de este artículo ¿Como incluir en un documento de 20 hojas A4 toda la documentación necesaria para la obtención de una licencia de obras?, es un reto complicado pero creemos que no imposible de alcanzar y emplazamos a quien esté interesado en su solución a que lo intente. 
No se trataría, (en esta primera fase), de realizar un básico en 20 hojas A4 (que todo llegará), sino de elaborar lo que podríamos denominar un resumen administrativo que se incorporaría al básico y que sería la única documentación que tendría que examinar el técnico municipal a la hora de informar el proyecto para la concesión de la licencia de obras. 
Por deformación profesional no nos resistimos a plantear a los valientes, unas características recomendables de este resumen administrativo.
■Modelo estandarizado formato A4 autorrellenable independiente del PEM y de la envergadura del proyecto.
■Declaración responsable del técnico proyectista del cumplimiento del CTE. 
■Declaración responsable del técnico proyectista sobre las circunstancias y normativas urbanísticas de aplicación, así como que el proyecto completo del que forma parte el “resumen administrativo” no altera ninguna determinación de las recogidas en dicho resumen. 
■Memoria y planimetria esquematica de exigencias del CTE en el proyecto básico que hagan viable su complimiento en el de ejecución. 
■Datos de la antigua hoja de estadística.
■Datos para el alta catastral. 
■Datos para la inscripcion registral.
■Propuesta de informe estandarizado a validar por el técnico municipal. 
■Planimetria esquematica de plantas, alzados y secciones en formato A4 vertical con rangos de escala 1/100 - 1/1000 (múltiplos de 100), según dimensiones del proyecto. 
■Tabla resumen de parámetros urbanísticos del proyecto y de la normativa de aplicación. 
■Alineaciones y rasantes en la edificación con proyección horizontal de los volúmenes salientes construidos. 
■Leyenda del tipo -1, 0, 1, 2, 3, para establecer número de planta dentro de cada alineación, así como elementos singulares como balcones, porches,… 
■Cotas de las dimensiones necesarias para comprobar rápidamente la exactitud de los datos reflejados, sin que sea preciso efectuar sumas o restas parciales entre las cotas señaladas para obtener otras que intervengan como factores de comprobación.
Y para terminar, ante de colapsar las redes con protestas de nuestros compañeros arquitectos proyectistas, quisiéramos recordarles que nada de lo aquí recogido supone elaborar nuevos documentos  que no se incluyan ya en los proyectos básicos. Un resumen a modo de comprobación puede llegar a ser hasta beneficioso para el proyectista a la hora de detectar errores y tan solo implicaría un esfuerzo por estandarizar y ordenar la documentación presentada, que redundará en el beneficio de todo el proceso edificatorio y en especial, en la agilización y simplificación en la tramitación de licencias de obras desde el convencimiento de que la Arquitectura no se debe valorar por el peso del papel que la define.
Rafael Gonzalez Millan. Presidente de la UAAAP/CSCAE

jueves, 13 de diciembre de 2018

[538] La obra pública, como bien de interés general

El progreso de un país es directamente proporcional al nivel de responsabilidad de sus profesionales, y el nuestro avanza a costa de la firma de sus técnicos sobre los que recae toda la responsabilidad social mientras se nos remunera de manera indigna y todo el beneficio recae sobre los comisionistas. 
Asimismo, aunque algunos de los servicios prestados por gran parte de las profesiones reguladas están dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, quedan excluidos aquéllos que respondan a criterios imperiosos de interés general, definidos en la consideración Nº. 40 de la Directiva, que establece: 
"La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de "razones imperiosas de interés general" abarca al menos los ámbitos siguientes: orden público, seguridad pública y salud pública, en el sentido de los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad objetivos de política social, protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores, incluida su protección social" bienestar animal preservación del equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social, prevención de fraudes, prevención de la competencia desleal, protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural protección de los acreedores, garantía de una buena administración de justicia, seguridad vial, protección de la propiedad intelectual e industrial, [...], y conservación del patrimonio nacional histórico y artístico” 
A la vista de esto, se concluye que toda obra pública es de interés general y estaría fuera del ámbito de esta Directiva, al igual que los servicios relativos a la vivienda social, recogidos en el art. 2.j de la misma. En este contexto, las medidas liberalizadoras que exige la Directiva, van destinadas a garantizar un marco de competitividad económica equitativo e igualitario para todos los estados miembros, no a desarticular las regulaciones nacionales que avalaban el sistema de garantías sociales de los consumidores en España, que no pueden recibir un servicio de calidad si se adjudica por debajo de los costes de producción, con plazos inadmisibles y obligando a los técnicos a trabajar en condiciones indignas amparadas en una falsa competitividad.

La realidad es que para la dinamización del sector de la obra pública es fundamental eliminar las dilaciones en tramitaciones y autorizaciones administrativas, rebajar la presión fiscal, coordinar las modificaciones legislativas y ajustar proporcionadamente los tiempos de elaboración, tramitación e intervención de los pliegos de las licitaciones, que no pueden dilatarse por problemas sobrevenidos de escándalos públicos para recortar de forma indecente los plazos de redacción de proyectos y ejecución de obras para evitar la pérdida de fondos o subvenciones
Así, para combatir el fraude fiscal, controlar el gasto público, evitar el dumping y la competencia desleal, bajas temerarias, intrusismo, pérdida de garantías, etc., que repercutan en dicho interés social, se precisa una contratación pública responsable que garantice una adecuada aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, basada en criterios de calidad, transparencia y equidad, en lugar de permitir subterfugios en los pliegos que bajo la apariencia de calidad e interés social, vuelven a fomentar la subasta del espacio público y las infraestructuras. 
Asimismo, para planificar y ejecutar adecuadamente la obra pública, urge una actualización de las bases del Banco de Precios de Andalucía, que después de diez años no se corresponden con los actuales sistemas constructivos, avances tecnológicos, exigencias técnicas y normativas y evolución de los materiales, de forma que se adjudican obras y servicios por debajo de los costes reales de producción y en plazos de ejecución dudosa o imposible, poniendo en riesgo la viabilidad de toda la contratación pública en Andalucía, perjudicando los servicios públicos esenciales, el medioambiente, la seguridad de las personas, el patrimonio histórico artístico, la aportación al PIB de sectores transversales etc. Lo que ocasionará más pérdidas en forma de penalizaciones, indemnizaciones o medidas compensatorias. 
Finalmente, la coordinación entre administraciones y la supervisión de la Dirección General de Patrimonio de toda la contratación pública en Andalucía es esencial ante la desaparición de las figuras de los interventores, eliminadas y diluidas en empresas y agencias públicas, fundaciones y otros entes indeterminados, que bajo el paraguas de los medios propios adjudican el 90% de las contrataciones en nuestra Comunidad. No puede caer exclusivamente sobre los Colegios profesionales el velar por la transparencia e igualdad de acceso, el control del gasto público, la capacitación de los técnicos, la seguridad de las personas, rentabilidad de la inversión, los costos de construcción, las posibilidades del ente local, regional o autonómico, los tiempos de ejecución, el mantenimiento de edificios e infraestructuras, su consumo energético, su programación, ejecución y control. Es responsabilidad de todos exigir la definición de estándares de criterios y directrices de calidad en beneficio del interés general.
Noemí Sanchis Morales. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos

jueves, 29 de noviembre de 2018

[537] Declaración en Andalucía del régimen de asimilado a fuera de ordenación a una edificación con sentencia firme de demolición en via penal

FISCALIA / AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA
No es posible, con arreglo a lo dispuesto en la LOUA y el Decreto 2/2012 una declaración de AFO en tanto están vigentes las facultades de restauración urbanística o de reposición de la legalidad (arts. 182, 183 Y 185 LOUA), facultades restauradoras que no son sólo administrativas, sino también penales (art 319.3 del CP), si se quiere hacer una interpretación integradora y coherente de esta normativa. Existiendo estas condenas, firmes, que ordenan demoler lo ilegalmente construido y restaurar la legalidad urbanística vulnerada, es incoherente sostener que sea posible una futura declaración de la edificación como asimilado a fuera de ordenación, decisión que entendemos arbitraria y que podría ser constitutiva de delito de prevaricación, por cuanto se estaría suplantando al órgano jurisdiccional del orden penal en su decisión firme e inamovible.

martes, 6 de noviembre de 2018

[536] Aprendiendo del vecino. Régimen jurídico legal y asimilado de fuera de ordenación

Baleares: ¿En vuestras Comunidades, las licencias para viviendas en suelo rústico precisan de informe de lo que en Balears son los Consells Insulares, Diputaciones o lo que sea? Comisiones provinciales de Urbanismo, por ejemplo. 
Castilla y León: Depende del número de habitantes. Para municipios con más de 20.000 habitantes o Plan general adaptado a la Ley, resuelve solo el Ayto. En el resto resuelve la Comisión territorial de Urbanismo que depende de la Consejería de Fomento de la JCyL. 
Com. Valenciana: En la Comunidad Valenciana la vivienda en suelo no urbanizable no requiere informe previo de Consellería, depende del Ayuntamiento 
Castilla y León: En nuestro caso el trámite se llama Autorización de uso excepcional en suelo rústico. 
Com. Valenciana: Salvo que tenga algún otro tipo de afección sectorial como inundabilidad 
Cantabria: En Cantabria, para viviendas de nueva construcción hay un trámite específico que pasa (vía municipal) por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que es la que resuelve la autorización de forma previa y vinculante a la licencia municipal de obras. 
Andalucía: En Andalucía El tramite de aprobación Municipal se llama Proyecto de Actuación, requiere informe de la Consejeria competente en Urbanismo, aunque no es vinculante, pero lo importante es que solo se permiten viviendas si tienen vinculación a una explotación agrícola, ganadera, forestal, etc. Después Licencia de Obras municipal. El Proyecto de Actuación viene a ser una autorización de usos en SNU 
Castilla La Mancha: En CLM todo depende del tipo de suelo y superficie de parcela. En rústico de protección siempre previo informe (calificación urbanística) de la Consejería de Fomento. Y 2 Ha de terreno. La licencia siempre la da el Ayuntamiento 
Baleares: ¿Y en rústico no protegido? El motivo de mi pregunta es para tener información que pueda utilizar para agilizar tramitaciones, suprimiendo informes innecesarios. En Balears la Comisión de Urbanismo informa por ley sobre el cumplimiento de la superficie de parcela y sobre la edificabilidad. Parámetros sobre los que también informan los técnicos municipales, además de los restantes. ¿Para qué esta duplicidad y pérdida de tiempo? 
Castilla La Mancha: En no protegido hace falta 1,5 Ha y que el planeamiento lo permita. La licencia la da directamente el Ayuntamiento. En el caso de requerir Calificación hay incluso información pública y los informes sectoriales correspondientes. 
Pais Vasco: Según la ley del suelo del PV, previo a la licencia municipal, para construir cualquier edificación en suelo no urbanizable que no tenga una especial protección, la ley obliga a vinculación con explotación agropecuaria, que están controladas en un registro de cada diputación que analiza la explotación e informa si es viable economicamente. Para vivienda, dicha explotación debe garantizar que la residencia en el sitio es imprescindible y que más del 50% de los ingresos familiares provienen de dicha explotación. Esa vinculación debe prolongarse hasta 25 años después. Además hay una superficie mínima de parcela, establece que las construcciones deben intentar responder a una arquitectura rural pero no entra en más aspectos urbanísticos que son regulados por el propio ayuntamiento 
Madrid: En Madrid las construcciones y/o actividades en suelo de protección o urbanizable no sectorizado se tramitan, según el uso, mediante Calificación urbanística o Proyecto de actuación especial, ambos con informe previo de la Comunidad de Madrid. De antemano, algunos usos no son posibles. P. Ej. Vivienda nueva, salvo destinada a usos agrìcolas, vinculada a explotación, con superficie mínima de cultivo y máxima de construcción... 
Cantabria: En Cantabria, donde sí se permite la construcción en las coronas de los suelos urbanos no protegidos hasta los 200 metros de distancia (sí, algo sencillamente alucinógeno...), el arquitecto municipal informa sobre la clasificación y calificación del suelo, el municipio pide los informes sectoriales, envía la solicitud al Boletín Oficial de Cantabria y, una vez recogido todo, remite el expediente a la CROTU (autonómica) para que sea ella quien decida sobre la autorización requiriendo, si fueran procedentes y así lo estima la Dirección General de Urbanismo, cuantos informes adicionales pudieran entenderse precisos. Luego es el Ayuntamiento quien dará la Licencia de Obras. 
Galicia: En Galicia cualquier uso residencial en rustico, protegido o no, necesita autorización autonómica si se trata de nueva construcción. 
Extremadura: En Extremadura, cómo en Castilla La Mancha, es precisa autorización especial para cualquier uso en construcción en el SNU, previa a la licencia municipal de obra. Esta autorización especial se llama Calificación urbanística (nombre bastante confuso). Los municipios de más de 20.000 hab pueden autorizarlos, salvo que el suelo tenga algún tipo de protección, en ese caso, como en los municipios de menos de 20.000 hab. autoriza la Comunidad Autónoma. 
Esta autorización especial es una suerte de concesión administrativa, sujeta al pago de un canon y con periodo de vigencia. A su finalización hay que devolver el suelo a su estado original. Se autorizan todo tipo de usos siempre que están expresamente permitidos por el planeamiento. La vivienda también, en parcela mínima de 1,5 Ha. Para los usos agropecuarios o de explotación de recursos naturales, es decir, los propios del suelo Rustico no se precisa calificación urbanística. 
Andalucía: En mi municipio el PGOU no permite uso residencial en suelo protegido y de especial protección. Para uso residencial en suelo en régimen general se requiere proyecto de actuación (art 43 LOUA) el cual lo informa previamente la Junta. Parcela minima 3Ha y necesariedad de actividad agropecuaria. Para otros usos en SNU tenemos competencias propias. 
Valencia: En la Comunidad Valenciana la LOTUP establece los usos que se autorizarán con carácter excepcional y por plazo determinado mediante la Declaración de Interés Comunitario (DIC), que se otorga por la Consellería y es previa a la tramitación de la licencia municipal. La LOTUP establece asimismo los usos en suelo no urbanizable no sujetos a DIC, que se tramitarán mediante licencia municipal y en la mayoría de los casos requiriendo informe previo y vinculante de la Consellería. La vivienda unifamiliar requiere mínimo 1 Ha, no formar núcleo de población y no requiere informe previo. 
Andalucía: Salvo incluidos en GICA como AAU y AAI 
Galicia: Necesita estar vinculado a una explotación. Los usos artesanales en nueva edificación también necesitan autorización previa. El resto no, van con licencia directa. Bueno equipamentos y dotaciones precisan un plan especial de infraestructuras y dotaciones.
Murcia: En Murcia están sometidas a licencia municipal, pero debe quedar acreditado que están ligadas a la actividad productiva de una explotación. Se fija una superficie mínima de parcela. En la anterior ley del 2005, cuando el planeamiento urbanístico no estaba adaptado a la ley, sí precisaba de autorización de la Administración Regional, por una disposición transitoria. Pero en la actual ley de 2015 esa disposición ha desaparecido.

martes, 23 de octubre de 2018

[535] Encuesta Arquitectos 2018

horizontal facebookEl Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España junto a los Colegios de Arquitectos ha puesto a disposición de todos los arquitectos de España, estén o no colegiados, una encuesta para elaborar un mapa profesional de oportunidades para nuestro colectivo.
Se intenta con esta iniciativa recabar información que sirva a las instituciones colegiales para orientar e impulsar estrategias, prioridades y actuaciones así como reforzar las acciones sobre las administraciones públicas para conseguir mejores condiciones en su ejercicio profesional. 
Aún estando inmersos en las durísimas consecuencias que ha tenido para nuestra profesión la crisis financiero-inmobiliaria desde ya hace 10 años, también necesitamos comprender y afrontar con un proyecto profesional propio, los cambios que se están produciendo en todos los ámbitos, para poder identificar, promover y aprovechar sus oportunidades. 
No deberíamos como arquitectos dejar pasar esta oportunidad de participación que se nos brinda con esta encuesta. Tenemos hasta el lunes 29 de octubre para cumplimentarla. ENLACE A LA ENCUESTA.    

[534] Nuevo plazo de prescripción de la responsabilidad patrimonial por anulación de licencia de obras

Hasta ahora (julio de 2018) en una jurisprudencia casi unánime el Tribunal Supremo se venía indicando que cuando un Tribunal anulaba una licencia no se podía reclamar mientras no se produjese la demolición de la misma, y ello pese a que la sentencia anulatoria de la licencia fuese dictada con mucha anterioridad.
Como todos sabemos la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, viene estableciendo un plazo de un año para poder reclamar en estos supuestos. Esta concepción provocó el nacimiento de la teoría de la “actio nata”, por la cual pese a que un edificio tenga una sentencia de demolición, no se podía reclamar mientras no se demoliese el edificio, y en consecuencia hasta este momento la acción no comenzaba a prescribir. La justificación es muy clara: el particular puede terminar sin ejecutar la demolición (por una legalización posterior, o por su postergación en el tiempo, por la transacción extrajudicial del asunto que diese lugar a la terminación de la ejecución, etc.) pero sí cobraría la indemnización, lo que supondría, decía el Alto Tribunal, un enriquecimiento injusto.
STSJ Galicia de 20 de enero de 2010, Rec 4501/2008: Primero. (…) Por tanto no es sino hasta el momento en el que se procede a la demolición en el que se concretan los daños y perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios públicos ya que hasta ese momento no se ha producido ninguna repercusión patrimonial en la esfera jurídica del titular de la licencia anulada.
Además la STS de 1 de junio de 2011, Rec: 777/07, de 31 de mayo de 2011 y de 1 de junio de 2011 entre otras muchas que se citan en el genial post de nuestro compañero Diego Gómez Fernández, de obligada lectura.
Como sabemos la demolición efectiva de un edificio o una vivienda una vez se dicta una sentencia que acuerda la anulación de su licencia, se suele demorar una media de entre 10 y 20 años, a la vista de las múltiples incidencias procesales que se suelen dar en el proceso ejecutivo, de que el transcurso del tiempo puede dar lugar a la legalización del edificio y por ello, que no exista la obligación de demoler.
Por tanto, los particulares afectados por las múltiples sentencias de demolición que se han dictado en este país desde hace más de 30 años que todavía no han demolido, no han podido reclamar hasta que ejecuten aquella demolición, por cuanto iniciar antes la reclamación supondría la desestimación de la misma por falta de daño efectivo en su patrimonio.
Y decimos que estaban esperando porque, en tiempo de descuento el Tribunal Supremo dicta la sentencia número 1174/2018, de 10 de julio de 2018. En la misma, se modifica el criterio anterior y se establece que el inicio del plazo prescriptivo de un año que tienen los afectados para reclamar la responsabilidad patrimonial por anulación de licencia de obras ya no se cuenta desde la efectiva demolición de la edificación, sino desde que se dicta la sentencia firme.
Si lo vemos desde el punto del ciudadano que tiene una sentencia firme de demolición de su edificio desde hace 5 años y que hasta ahora no ha podido reclamar, por cuanto, tenía que esperar a tirar el edificio, nos encontramos con la injusticia que comete el Tribunal Supremo: Cierra un plazo que, con su anterior jurisprudencia, no había nacido, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Cuando pudo reclamar el ciudadano afectado por una orden de demolición? La respuesta según el Supremo es que nunca, lo que supone que en el Alto Tribunal se infrinja (dicho sea con el máximo de los respetos) como mínimo el principio de Tutela Judicial efectiva, para defender, y esto es lo mejor, a una administración chapucera que concede mal una licencia en perjuicio de un ciudadano, normalmente consumidor. Miremos por donde lo miremos, no tiene sentido.
Esta jurisprudencia significa que más del 95% de los afectados por sentencias de demolición en este país, tengan prescrita la posibilidad de reclamar una justa indemnización. Pensemos en los afectados (compradores consumidores de buena fe y terceros registrales que compraron sin conocer nada) del Edificio Conde Fenosa en Coruña: prescrito, los más de 300 afectados por la demolición del Edificio de la Colina de Castrelos en Vigo, con sentencia firme desde hace 25 años: prescrito, las más de 1.600 viviendas de lujo de Valdemarín en Madrid: prescrito, los miles de afectados por demoliciones de edificios en Marbella: prescrito, etc.
Y a colación, miramos para Europa, para que el sentido común impere, y citamos una sentencia que podría tener mucho que decir al caso. Se trata de un supuesto que no es igual, pero sí del que se puden quitar razonamientos para defender la indefensión absoluta en la que se deja a los afectados: La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de enero de 2000 (TEDH 2000/11), Asunto Miragall Escolano y otros contra España, en el que se determina la interpretación del art. 6.1 del Convenio que reconoce el derecho a un proceso con todas las garantías. En la misma se declara que la fecha a tener en cuenta para reclamar una indemnización por anulación de licencia no puede ser la de la sentencia, sino que deberá ser la fecha en la que se comunique al afectado la misma.
Así lo establece el fundamento 37 de dicha Sentencia:
“El derecho de acción o de recurso debe ejercerse a partir del momento en que los interesados pueden efectivamente conocer las sentencias judiciales que les imponen una carga o podrían vulnerar sus derechos e intereses legítimos. Si no fuera así, los Tribunales podrían, retrasando la notificación de sus sentencias, acortar sustancialmente los plazos de recurso, incluso hacer imposible cualquier recurso. La notificación, en cuanto acto de comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes, sirve para dar a conocer la decisión del Tribunal así como los fundamentos que la motivan, para, dado el caso, permitir a las partes recurrir”
Por ello, los Tribunales y la administración no pueden hacer imposible el recurso,cosa que ocurre en este caso, cuando el Tribunal Supremo declara prescrita una acción que, según la jurisprudencia anterior no podía ser ejercitada (hasta que no demoliese), lo que supone que se esté sustrayendo al afectado toda posibilidad de recurrir contra el Estado, dejándolo en la más absoluta indefensión.
Yo, soy poco dado a criticar la jurisprudencia, por cuanto un abogado debe tener en cuenta siempre la que existe para hacer su trabajo, pero a la vista de la gran injusticia que supone este cambio jurisprudencial, no podemos permanecer callados, y creemos que esta jurisprudencia ha de ser modificada, por cuanto aplicarla sin ningún tipo de limitación temporal, supone dejar en la más absoluta indefensión a miles de afectados por demoliciones de viviendas que, en muchas ocasiones supone su domicilio.
Terminamos solidarizándonos con todos aquellos que estén pasando por el calvario de la demolición de su vivienda. Esta sentencia ha supuesto un importante mazazo para ellos, para que no decaigan en su lucha. Recuerdo que hace pocos días comuniqué esta sentencia a una clienta afectada y lo primero que hizo fue echarse a llorar. La llamé ayer y seguía llorando.
Paulo López Porto. Abogado urbanista en Lopezabogados.org, doctor en derecho y profesor de la USC.
Fuente: Iurisutilitas

lunes, 22 de octubre de 2018

[533] Curso sobre aplicación de la legislación de contratos del sector público en las actuaciones de los arquitectos

22 de noviembre y 4 de diciembre en jornadas de mañana y tarde, día 11 de diciembre en jornada de mañana. 
Resumen 
El objetivo del Curso es concretar los criterios de aplicación, a nivel operativo y práctico, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que incorpora las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo- y resto de legislación vigente, en los aspectos que necesariamente interesen a los arquitectos y en relación con ello, también pueda interesar a otros funcionarios de las Administraciones Públicas.
Dado que la Ley está pendiente de reglamentar, siguen en vigor en lo que no se oponga a ella, tanto el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como numerosas disposiciones anteriores a la Ley; e igualmente son aplicables los recientes y numerosos criterios publicados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre cuestiones que han suscitado dudas. Todas estas circunstancias han conducido a que pueda resultar dificultosa la aplicación de la Ley en cuanto al cometido de los arquitectos. 
El Curso se imparte dentro del Plan de Formación del COACV, y va dirigido: 
1) A los arquitectos que prestan sus servicios en los Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas, a fin de que puedan actualizar y contrastar sus conocimientos. 
2) A los arquitectos que deseen vincularse en un futuro con los Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas, con la finalidad de que conozcan sus posibles cometidos en la práctica de la contratación administrativa. 
3) Igualmente para los arquitectos con dedicación al ejercicio profesional que deseen contratar cualquier cometido con las Administraciones Públicas o asesorar a sus clientes que sean contratistas con dichas Administraciones. 
Se desarrolla en dos jornadas completas de mañana y tarde y otra jornada solo de mañana; se impartirá solamente una jornada semanalmente, con el fin de que se tenga por parte de los asistentes del tiempo suficiente para el análisis y estudio de lo que se exponga en cada jornada. Después de la intervención de cada Ponente se abrirá un amplio coloquio. 
Todos los Ponentes cuentan con acreditada experiencia profesional de aplicación práctica de la legislación de contratos del Sector Público. 
La documentación correspondiente a cada jornada se cargará con antelación a la misma en un enlace desde la página WEB del COACV al que tendrán acceso los inscritos, a fin de que si lo desean puedan editarla previamente a cada jornada. 
La dirección del Curso estará a cargo de Manuel Ribelles Portero, Presidente de la Agrupación de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas, contando con la colaboración de todos los miembros de la Junta Directiva. 
Organizador 
AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Colaboran: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA. 
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Lugar 
Salón de actos del CTAV, Calle Hernán Cortés nº 6 · Valencia

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jueves, 11 de octubre de 2018

[532] La inseguridad en el planeamiento urbanístico

El desempeño de la función profesional de los arquitectos en los últimos años ha ido convirtiéndose en una labor ardua y excesivamente burocrática que ha obligado a dedicar gran parte de los recursos de los estudios a la elaboración de documentos cada vez más complejos y llenos de densas justificaciones jurídico-administrativas, a veces alejados de nuestra función técnico-creativa y fundamental, hacer ciudad desde el planeamiento. 
Pensemos en el documento urbanístico al que debemos el orden y el equilibrio en el crecimiento de nuestras ciudades, el plan general de ordenación urbanística. Este documento, gracias al cual nuestras ciudades han ido históricamente, no solo creciendo, sino también transformándose, consolidándose y rehabilitándose, ha pasado de ser un necesario y útil instrumento para resolver los problemas de la ciudad, para convertirse actualmente en un confuso y estéril documento basado en gran medida en excesivas consideraciones administrativas y jurídicas que, lejos de mejorar la calidad de nuestras ciudades, ha resultado ser el objeto de procedimientos jurídicos de anulación del documento, Plan General, que en muchas ocasiones acaban con los esfuerzos e ilusiones colectivas de las ciudades y sus territorios por ordenarse y avanzar en su legítima aspiración de desarrollo. 
Tenemos muchos ejemplos de planes generales que han sufrido su anulación jurídica por diversas causas: Toledo, Santander, Jaén, Marbella ... y otras muchas en todo el territorio nacional. En alguno de ellos la anulación es firme y en otros queda pendiente de sentencias que el plan general de ordenación urbanística ha pasado de ser amenazan su continuidad urbanística, que como espada de Damocles les obligara a volver al planeamiento ya obsoleto anterior, evitando así dar ese salto tan necesario a las necesidades y oportunidades que le demandan este siglo XXI. Es habitual, en la tramitación de estos instrumentos de planeamiento, excesivos y tediosos en el tiempo, no solo de diferentes aprobaciones administrativas sino también los inacabables, y muchas veces contradictorios, informes sectoriales que ralentizan la tramitación a procesos interminables e incoherentes, en los que al final del procedimiento parece inalcanzable obtener el objetivo de su aprobación definitiva, ya que se suceden las continuas modificaciones legislativas, especialmente de carácter autonómico tanto del planeamiento municipal como del planeamiento supramunicipal, que obligan a continuas modificaciones y en consecuencia.
Como resultado final, en muchos casos, se ven sometidos a procesos judiciales ante tal confusión de medidas en las que se han visto obligados en su redacción, destacando por ejemplo la Tramitación Ambiental Simultánea que, de manera insólita, provoca la petición de nulidad total del documento aprobado definitivamente. La directiva europea de 2006, en estos casos, obliga al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, previo a la Aprobación Inicial del planeamiento, cuando éste ya estaba en proceso avanzado de elaboración y la legislación autonómica que tutela el procedimiento no estaba adaptada al requerimiento de Bruselas. 
El documento en este momento alcanza, desgraciadamente, una carga jurídico-administrativa que resulta ser casi inmanejable su puesta en marcha, y muy alejado de los principios fundamentales de la planificación por resolver el orden físico de la ciudad dentro del necesario equilibrio público-privado que ello exige. Toda esta contradicción normativa y administrativa genera procesos inútiles e ineficaces en la planificación, desarmando todo interés sobre los suelos aprobados, que desesperadamente buscan las aprobaciones de su desarrollo de planeamiento iniciadas antes de que sea firme la sentencia, y sin dejar de considerar la tramitación de licencias que por ser procedimientos administrativos aislados no se ven sujetos a la suspensión, y cuyas edificaciones quedarán legalmente implantadas sobre suelos que perderán su categoría, una vez el respectivo Tribunal Superior de Justicia acabe por declarar nulo el planeamiento que los permitió edificar inicialmente. 
No hace mucho tiempo que entre algunas iniciativas de los partidos políticos respecto a este problema se hablaba de una posible ley que aportara la necesaria "seguridad" en los procesos administrativos de la planificación urbanística y que ahora, dado el cambio político, parece haberse paralizado, pudiendo ser preocupante que no se atienda esta inseguridad urbanística que afecta a todos los municipios, independientemente de la situación política y del signo que los gobierne. Así el legislador devolverá sensatez a todos estos años de redacción que, repentinamente por sentencias judiciales, la mayoría de las veces por defectos de "forma" en su tramitación, sin alcanzar a comprender el motivo que les ha impedido disfrutar de aquello que es fruto del consenso colectivo. 
Laureano Matas Trenas. Arquitecto 
Secretario General del CSCAE

viernes, 5 de octubre de 2018

[531] Sobre los archivos de los Colegios de Arquitectos. Guardar papel sin limite es insostenible pero destruir papel es irreversible

RETIRADA DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO COLEGIAL DE VISADO

26/09/2018
Con fecha 16 de agosto de 2018 se ha publicado en el BOCM número 195, Orden 883/2018, de 30 de julio del Consejero de Cultura Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, por la que se autoriza la eliminación de determinadas fracciones temporales de series documentales de la Administración de la Comunidad de Madrid y de instituciones privadas madrileñas, entre las que se encuentra, el COAM. En la misma se fijan los criterios de conservación de las referidas series documentales.
Previamente, aquellos colegiados que estén interesados pueden retirar sus expedientes de visado comprendidos entre los años 1975 y 1995 siguiendo el procedimiento que consta en el siguiente enlace: Procedimiento de recogida de expedientes

Tras la lectura de este texto en la página web del COAM, me gustaría hacer una reflexión al respecto.
Vaya por delante que asumo de antemano el hecho de que muchos de los que lean estas lineas piensen que ese asunto no es de mi incumbencia, a ellos les pido disculpas de antemano. 
El hecho de la eliminación de documentos del COAM, ha generado un cierto debate entre algunos de los arquitectos colegiados de Madrid, estableciéndose dos enfoques contrarios y enfrentados. Conozco los dos, sus razones y justificaciones y desde luego creo que ambos tienen su parte de razón y mi propuesta va en la linea de acercar esas posturas.
Guardar papel sin limite es insostenible pero destruir papel es irreversible. Es curioso que para no destruir los proyectos de ejecución solo se le de la oportunidad al arquitecto redactor de "salvarlo de la hoguera". Asimismo intentar trasladar el problema del archivo del COAM a los Ayuntamientos es complicado y no creo que esta sea la solución.

¿Que pasa con el promotor? ¿Que pasa con la Comunidad de Propietarios que estaría encantada de tener una copia del proyecto de ejecución de su edificio que en muchos casos no tiene, que custodiaría con celo y a la que los comuneros le sacarían partido en rehabilitaciones y mantenimiento de sus edificios? ¿Y las viviendas unifamiliares de propietarios que no encargaron el proyecto o los edificios públicos con nuevos propietarios?,... en definitiva, convirtamos la crisis en oportunidad e intentemos devolver a la Sociedad lo que es suyo.

Rafael González Millán. Presidente de la UAAAP/CSCAE

jueves, 21 de junio de 2018

[530] La colegiación es una garantía para la sociedad que contrata a un profesional. Una gran responsabilidad activa para las Instituciones Colegiales.

Todos los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes lo han dicho bien claro: la colegiación es una garantía para la sociedad que contrata a un profesional. Fue el pasado 13 de junio, en la votación de una Proposición de Ley a propuesta de Compromís para que la Administración asuma la potestad sancionadora de los colegios profesionales cuyos colegiados infrinjan la ley.
Esta Proposición de Ley servirá para reformar la ley 6/1997 de la Generalitat de los Consejos y Colegios Profesionales. Desde la entrada en vigor de la misma, los colegios hemos sido incapaces de hacer cumplir las sentencias dictadas en contra de aquellos profesionales que han ejercido sin estar acreditados para ello, de garantizar el cumplimiento de los periodos de inhabilitación dictados contra quienes han cometido infracciones y de hacer efectiva la obligatoriedad de la colegiación. Pero no por falta de ganas, sino por la inexistencia de herramientas que se puedan utilizar para asegurar un cumplimiento efectivo de las sanciones. Nunca hemos tenido la capacidad de ser coercitivos.
Ahora, la Administración, que tiene capacidad ejecutiva, podrá hacer cumplir las resoluciones judiciales, cosa que antes no contemplaba la ley, que también introduce nuevos tipos de sanciones disciplinarias, algunas de ellas consistentes en multas de elevada cuantía.
La proposición de Ley, impulsada por la diputada Isaura Navarro, incorpora además un punto que considera infracción muy grave que un profesional ejerza una profesión sin estar colegiado cuando la normativa así lo exija. Esto se cumple, salvo contadas excepciones que son siempre perseguidas, en profesiones como médico o abogado, pero no en muchas técnicas, como la ingeniería: a pesar de que la ley dice claramente que la colegiación es obligatoria para ejercer, este extremo no se respeta. Los colegios técnicos solo hemos podido perseguir el intrusismo, ante el cual hemos sido inflexibles, pero no hemos podido hacer cumplir los dictados de la ley para sancionar a los infractores ni mucho menos para instar a la colegiación de todos nuestros compañeros, con independencia del campo en el que están ejerciendo.
Aunque haya quien piense que los colegios profesionales somos 'lobbies' y que nos dedicamos a proteger a nuestros colegiados, lo cierto es que todos tenemos un código deontológico y que sancionamos a quienquiera que lo infrinja, sin excepciones. A partir de este momento, nos ponemos a disposición de la Administración para colaborar en la detección y sanción de todos los casos que conozcamos y sobre todo, para habilitar mecanismos que protejan a los ciudadanos de las malas prácticas profesionales.
Para los cinco colegios que formamos la Mesa de la Ingeniería Valenciana, es muy significativo que todos los grupos de la cámara, sin excepción, hayan apoyado esta proposición. Es un síntoma claro de que los colegios, que en los últimos años han sido puesto en el punto de mira en aras de la liberalización a ultranza, continúan teniendo un papel fundamental. Lo reconoce toda la sociedad valenciana a través de sus representantes políticos.
Esa es la clave, la sociedad. Tanto los políticos como los colegios profesionales tenemos la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Los políticos, a través de la elaboración de unas normas que marquen las reglas del juego y de un control que garantice el cumplimiento de las mismas. Y los colegios, a través del autocontrol y la responsabilidad, garantizando que todo aquel profesional que esté colegiado está capacitado para prestar los servicios que le han sido solicitados.
Para nosotros es muy importante que se haya puesto en valor la labor de los colegios, entidades que responden cuando se las necesita, que respaldan con un Seguro de Responsabilidad Civil a todos los colegiados que visan, que imparten formación a sus profesionales, que los mantienen actualizados sobre las novedades legislativas y que en definitiva, velan por que la sociedad reciba los mejores servicios.
Nos ponemos a disposición de la Administración para colaborar con todo lo que esté en nuestra mano para asegurar el cumplimiento de los nuevos artículos de la Ley 6/1997 de la Generalitat. Es nuestro deseo y también nuestra obligación como entidades de Derecho Público que somos. Los ciudadano saldrán beneficiados de todos los avances que podamos conseguir juntos.
ANGÉLICA GÓMEZ PRESIDENTA DE LA MESA DE LA INGENIERÍA VALENCIANA. JUNIO 2018
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martes, 19 de junio de 2018

[529] Clases de arquitectos municipales


Antes de proceder a debatir sobre las diversas clases de arquitecto municipal, es decir, sobre las diversas maneras en que puede plasmarse la relación entre el arquitecto y el Ayuntamiento, conviene tener claro que el debate puede referirse a dos cuestiones muy diversas, si bien conectadas entre si: 
Primer debate: sobre la posible ilegalidad del arquitecto municipal con contrato laboral o con contrato de servicios.
Segundo debate: sobre la mejor manera de prestar las funciones del arquitecto municipal entre las diversas fórmulas legales; es decir, entre las diversas fórmulas que sean legales, determinar cuál es la más eficaz y la más eficiente, o la que mejor resultado ofrece para el Ayuntamiento y para los ciudadanos.
No conviene mezclar los dos debates, porque los argumentos que se puedan utilizar en el segundo debate sobre la preferencia de una fórmula sobre las otras, muy fácilmente pueden introducirse en el primer debate sobre la legalidad de alguna de las fórmulas enunciadas, obteniéndose un resultado engañoso.
En primer lugar hay que centrar el debate sobre la posible ilegalidad del arquitecto municipal con contrato laboral o con contrato de servicios. Si como algunos pretenden y afirman, la única manera legal de constituir la relación entre el arquitecto y el Ayuntamiento es mediante la relación funcionarial, el segundo debate ya no tiene sentido, pues no se puede debatir sobre algo que es supuestamente ilegal.
Si como afirmamos otros, la relación laboral entre el arquitecto y el Ayuntamiento es legal, y también es legal la relación de contrato de servicios entre el arquitecto y el Ayuntamiento, se puede proceder al segundo debate: cual es la fórmula más idónea entre las tres que existen y que pueden ser legales, si se constituyen debidamente. Para ello habrá que considerar los tipos de municipio según habitantes, actividad y presupuesto, y otras circunstancias. 

lunes, 18 de junio de 2018

[528] Sobre los arquitectos, su formación y la falta de trabajo. De interés para todos los estudiantes de arquitectura y para algún que otro profesor.

La asignatura de proyectos ocupa un alto porcentaje del tiempo total de la carrera de arquitectura, es muy entretenida, al ser solo práctica, y se convierte pronto en un banco de pruebas para los alumnos que compiten entre sí, convencidos de que el que mejor proyecte será el mejor arquitecto. 
El resto de las asignaturas de la carrera carecen de un atractivo comparable con el de la de proyectos. Algunas pueden ser exigentes, difíciles de aprobar, pero no son percibidas por los alumnos como necesarias para ser buen arquitecto. 
Pocos estudiantes se plantean destacar en construcción, en arquitectura legal, en gestión de costes o de plazos, en diseño de instalaciones. Algunos valoran el cálculo de estructuras o el urbanismo, pero en número insignificante frente al de los que valoran los proyectos. Tanto los alumnos como los profesores de esas asignaturas son mirados por los de proyectos con cierta condescendencia, con la piedad despectiva con la que se mira a quien hace todo lo que puede, pero que manifiestamente puede poco: “pobre, fíjate con lo que se tiene que conformar”.
“Para ser buen arquitecto hay que ser bueno proyectando”
Esta idea sólo es nociva en la medida en que es restrictiva, en la medida en que contiene una descalificación a la gran cantidad de posibilidades que ofrece la formación recibida.
Establecer una relación univoca entre el futuro profesional y una de las asignaturas de la carrera es empobrecedor, es despreciar muchas de las competencias adquiridas. Es inimaginable que se produjera una restricción de intereses semejante entre: 
•los médicos (o eres neurocirujano, o has fracasado)
•los abogados (si no defiendes casos penales, no vales nada)
•los biólogos (sólo son verdaderos biólogos los que se dedican a la botánica)
Siempre ha sido arrogante despreciar las ventajas menores, pero en estos tiempos es casi suicida, ya que de ellas va a depender la supervivencia de muchos de nosotros.
Para los que tenemos que cambiar en la madurez, es cuestión de reflexionar, ordenar las ideas, esforzarse por ver las cosas de forma nueva. Y si no se lograse, pedir ayuda a especialistas, psiquiatras o psicólogos, que puedan ayudarnos a reubicar nuestra personalidad en el nuevo marco.
Ya que hay que hacerlo, hagámoslo lo más a gusto que sea posible. No te detengas a pensar si te han engañado o quién te ha estafado unos años de tu vida, porque no conduce a nada. Evita sentir pena de ti mismo, no manosees tu dolor, y decide tu nuevo destino. 
Busca las fuerzas que sin duda tienes ahí dentro y aplícalas a meditar adónde vas a ir después de este desengaño. Ponte otra vez a nadar, porque, en contra de lo que parecía, aún no has llegado a tierra firme. Quienes antes se pongan a ello con determinación, llegarán antes y les será más fácil.
Para los estudiantes el esfuerzo será menor, y puede reducirse mucho en la medida en que el sistema educativo les prepare y les informe mejor.
GONZALO GARCIA MUÑOZ. ARQUITECTO