miércoles, 29 de marzo de 2017

[495] REHABILITACIÓN, POR SUPUESTO, PERO CON UNA VISIÓN INTEGRAL

Desde un punto de vista conceptual, un edificio puede definirse como un objeto complejo constituido por varios sistemas, cada uno con su propia lógica, y que a la vez han de ser compatibles entre sí. Mediante la combinación de las prestaciones que ofrecen esos sistemas (esqueleto resistente, envolvente, compartimentación, acabados, instalaciones, etc.) se satisfacen los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y salubridad que, con sus distintos niveles y enfoques, son inherentes al propósito de construir. Todo ello dentro de un contexto tan rico como complicado que abarca un elenco variadísimo de campos: legal, normativo, urbanístico, funcional, técnico, histórico, simbólico o cultural.
Si se me permite la analogía, un edificio –incluso en el nivel más elemental de una simple vivienda aislada- es algo así como un crucigrama: un conjunto de palabras, sometidas a las correspondientes reglas ortográficas, se ensamblan para formar una unidad superior y coherente. Cualquier modificación de una letra supone también una recomposición general.
Como bien sabemos los arquitectos, la tarea de proyectar consiste básicamente en la búsqueda de las alternativas más eficaces, en todos los sentidos, para conciliar los sistemas constituyentes del edificio.
Planteo esta reflexión porque, a mi parecer, resulta pertinente y oportuna en el momento actual. Previsiblemente, la rehabilitación del parque inmueble existente va a alcanzar un peso en el sector de la construcción muy superior del que ha tenido hasta ahora. Este cambio impone a los profesionales un esfuerzo de adaptación de sus conocimientos. La mejora del confort térmico y acústico, la eliminación de barreras, la sustitución de materiales obsoletos o insalubres, la adaptación de los programas funcionales a la composición sociológica actual o venidera, la preservación de los rasgos tipológicos o ambientales que con el tiempo han adquirido la categoría de invariantes son algunas de las muchas tareas que los arquitectos y otros agentes partícipes en el sector de la construcción habremos de afrontar en un futuro inmediato. Esta nueva perspectiva apunta hacia una especialización temática. Sin embargo, la necesaria profundización en el conocimiento de áreas concretas no debiera debilitar la visión global del edificio entendido como un todo que integra armónicamente sus partes.
Conviene que cualquier intervención, por pequeña que sea, se plantee con una visión integral. Un caso obvio es la rehabilitación energética de fachadas o cubiertas pues esta operación implica la toma de decisiones que afectan a la imagen pública del inmueble y a su integración, armónica o desafortunada, con el entorno. Pero hay muchos más vínculos y, con frecuencia, menos notorios y no por ello intrascendentes.
Las políticas vigentes hoy día a favor de la mejora de la accesibilidad o de la eficiencia energética, cuya necesidad es innegable, no deben materializarse mediante el sacrificio deliberado o involuntario, por ignorancia o por un enfoque parcial, de otros parámetros y de los valores arquitectónicos de los edificios.
Eloy Algorri García.
Secretario General del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
Fuente: CSCAE 

viernes, 24 de marzo de 2017

[494] VENTILACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

La eficiencia energética en los edificios es uno de los factores clave a la hora de plantear un nuevo diseño o una acción de rehabilitación. A menudo al plantearnos un diseño arquitectónico eficiente la estrategia se centra en abordar el diseño de mínima demanda energética (térmica y eléctrica) mediante la optimización del aislamiento, la captación de energía gratuita o el uso de energía solar, sin que se preste la debida atención al diseño óptimo de la ventilación del edificio.
La ventilación del edificio o vivienda es un requerimiento para garantizar el confort y la salubridad en el interior del mismo además de estar exigido legalmente en el Código Técnico de la Edificación, concretamente en el DB HS sobre salubridad. Esta necesidad de ventilar viene dada por la presencia de contaminantes en el aire interior que son debidos fundamentalmente a la propia presencia humana. Los gases, en forma de CO2, COVs (compuestos orgánicos volátiles) u otras sustancias, como partículas en suspensión o vapor de agua, se eliminan introduciendo aire fresco del exterior, que puede además ser previamente filtrado o acondicionado. Este aire exterior supone una importante carga energética del edificio ya que se encuentra a las condiciones exteriores de temperatura y humedad y debe acondicionarse a los requisitos térmicos interiores, con el consiguiente importante consumo de energía. Para reducir al máximo el consumo energético debido a la ventilación, que supone, dependiendo del uso, entre un 10% y un 35% del consumo térmico total, se deben seguir varias estrategias de diseño y operación, que influyen además en otros sistemas como la climatización.
Tipos de sistemas de ventilación y su eficiencia energética
Los sistemas de ventilación pueden ser de tipo natural (el aire penetra en el interior del edificio en función de las diferencias de presión y temperatura), usando para ello rejillas o sistemas similares, o mecánica. En el caso de un sistema de ventilación mecánica un ventilador controla la entrada de aire en el edificio, mediante sistemas de rejillas o usando conductos, que pueden colocarse tanto en la aspiración como en la extracción. El uso de un sistema mecánico es el único que puede garantizar los caudales de renovación mínimos requeridos, al venir controlado este caudal de forma mecánica. En un sistema de ventilación natural no tenemos garantía de que el caudal sea demasiado bajo o excesivo.
Los sistemas de ventilación mecánica, para maximizar la eficiencia, pueden incorporar dos tecnologías adicionales: la ventilación mecánica controlada y la recuperación de calor.
Los sistemas de ventilación mecánica controlada regulan el caudal de aire introducido en el edificio usando una regulación que puede ser horaria, por presencia, por detección de contaminantes o combinación de estos u otros sistemas. La medición de nivel de calidad del aire es el sistema que maximiza más la eficiencia energética, al regular el aire de ventilación al estrictamente necesario, reduciendo por lo tanto el consumo energético.
En un sistema de ventilación mecánica que usa conductos, ya sea a nivel centralizado (vivienda en bloque) o individual (vivienda unifamiliar) puede incorporar un recuperador de energía. El recuperador de energía recupera energía del aire que se extrae del edificio y la transfiere al aire de ventilación, que se introduce en el edificio, reduciendo por lo tanto el consumo de energía para atemperar el aire de entrada. Este sistema usa además ventiladores de alta eficiencia energética, controlados electrónicamente, que regulan la velocidad de giro y el caudal a lo requerido en cada momento.
Usando estos sistemas de forma combinada logramos controlar por una parte el aire introducido y adaptarlo al máximo y por otro lado recuperamos la energía térmica contenida en él antes de eliminarlo. Esto supone una importante reducción en el consumo energético del edificio y una mejora del confort de los usuarios, ayudando además a solventar otros problemas que se producen habitualmente, como las humedades. Las humedades interiores suelen estar originadas por una elevada presencia de vapor de agua, que, al condensar por alcanzarse el punto de rocío, genera problemas estéticos y de salubridad.
La elección de un adecuado sistema de ventilación, combinado con un equipo eficiente de climatización, como bombas de calor geotérmicas, sistemas de baja temperatura de gas natural y otras tecnologías, puede reducir el consumo energético del edificio en aproximadamente el 25% y debe ser cuidadosamente estudiado tanto en edificio nuevo como en rehabilitación.

Equipo técnico de S&P

martes, 21 de marzo de 2017

[493] CUANDO SE CONSIENTE EL URBANISMO NO PLANIFICADO. CHICLANA (CADIZ) 16.000 VIVIENDAS POR REGULARIZAR

El pasado jueves 16 de marzo, se celebraron unas jornadas sobre "Proceso de regularización de viviendas en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Nuevo marco normativo" organizado por el grupo editorial Joly y al que asistieron más de 200 personas. Entre los ponentes, nuestro compañero Miguel Angel Gonzalez Fustegueras, redactor del PGOU de Chiclana, que disertó sobre "Principios rectores para la regularización de viviendas" que de manera breve y personal comento a continuación.
Estos principios, TRES+UNO, conocidos por todos y no trasmitidos con la suficiente claridad y contundencia por los sectores implicados: propietarios, alcaldes y concejales, técnicos, asociaciones de diferente índole, son los siguientes:
PRIMERO: La regularización se realiza al amparo de la Ley, que se concreta en el PGOU. Sin plan general no es posible la regularización. Es el Plan el que fija la parcela mínima, la edificabilidad, el aprovechamiento medio, las cesiones, las condiciones de la urbanización, etc. Es el Plan quien marca la pauta para los procedimientos de regularización, y por tanto la posibilidad de legalización plena o el asimilado a fuera de ordenación, con lo que ello significa de adquisición de derechos de los propietarios.
SEGUNDO: No todo es regularizable. Y no sólo por la abundante normativa sectorial, sino en muchos casos por la lógica aplastante de las situaciones y el sentido común. Zonas inundables, laderas inestables, acantilados, ocupación de dominios públicos o servidumbres de los mismos, evidentes situaciones de riesgos de incendios forestales, etc. son algunas de las múltiples situaciones existentes. Frente a esto hay diferentes soluciones, desde las modificaciones legales oportunas, la desafectación o trazados alternativos de dominios públicos (cañadas, descansaderos), medidas correctoras en materia de depuración de vertidos, contraincendios, accesibilidad, incluso equipamientos en SNU, hasta sin lugar a dudas las expropiaciones y demoliciones necesarias. Hace falta voluntad para deshacer el caos tolerado.
TERCERO: Todos los costes son obligación de los propietarios. TODOS, incluso las conexiones exteriores, y por supuesto (quien lo duda) las cesiones obligatorias, zonas verdes, equipamientos y la puesta a disposición del 10% del aprovechamiento medio para los fines previstos, entre otros, viviendas en régimen de protección. Quizás sea este principio el único que los propietarios reconozcan y en cierta forma el único que les preocupa a los municipios "no pagar y lo mío" Estos costes, como todos sabemos suelen ser elevados y dependen del valor del suelo (y otros factores), de los requerimientos de la urbanización y sobre todo de la financiación. Es aquí donde existen más "facilidades y posibilidades de intervención" (en función de la financiación y endeudamiento municipal), pero se requiere imaginación y buen hacer, como inversiones del municipio en uno o dos cuatrienios con carencia, cuotas y amortización a 50 años a los propietarios, de manera similar a las ayudas públicas a las promociones de viviendas en alquiler, donde por ejemplo nunca se revisa los ingresos de los inquilinos.
CUARTO: Influencias que los asentamientos ocasionan al resto del municipio. Este principio, tanto si se procede a la regularización o no, es en general ignorado, pero sin duda es de vital importancia tanto por los costes que se ocasionan en el conjunto del municipio como por la propia logística de los servicios públicos. Desde la ampliación de los servicios de recogida de RSU, las ampliaciones de depósitos de agua, redimensionado de EDAR, transporte público, servicios contraincendios, etc. hasta la dotación de equipamientos públicos, muy especialmente una vez regularizados los asentamientos urbanísticos, como colegios, centros de salud, deportivos, zonas verdes, etc.
POR ÚLTIMO, entender que el urbanismo no planificado, consentido y tolerado, no es una fuente de ingresos (IBI, otros impuestos y tasas) de los municipios, sino una carga económica (servicios que de una forma u otra se prestan), que vulneran cualquier principio de igualdad entre ciudadanos, propietarios, empresarios, etc. debe hacernos comprender la concienciación absoluta con la DISCIPLINA URBANÍSTICA, con multas que se cobren en ejecutiva, expropiaciones, demoliciones, embargos de propiedades, y centenares de medidas fáciles de ejecutar por la administración, de manera claramente coercitiva, y que sin duda frenaría esta demanda y oferta fraudulenta.
PARA CONCLUIR, no hay que olvidar el origen y génesis de los asentamientos (variado y complejo) la lentitud en la tramitación de los instrumentos de planeamiento (que en muchas ocasiones quedan obsoletos), las restricciones injustificadas al crecimiento (POTA y otros) con la escusa de la planificación, especulación o modelo de ciudad, las políticas públicas de viviendas y suelo (de escasa eficiencia en muchos supuestos), ….. pero esto será cuestión de otros debates.
Jesus Bueno Posadas. Arquitecto de la Diputación de Cadiz

lunes, 13 de marzo de 2017

[492] GEOGRAFÍA DE BLOGDELAUNION

Tras más de 6 años en la Red, queremos compartir con todos nuestros seguidores este dato estadístico de las 100 principales localizaciones de las mas de  3.000 que tenemos registradas.

miércoles, 1 de marzo de 2017

[491] PLANEAMIENTO URBANO PARA AUTORIDADES LOCALES

Desde ONU-HABITAT nos llega la guia "Planeamiento Urbano para Autoridades Locales". Esta guía se ha diseñado para cubrir la brecha entre la dimensión técnica y la dimensión política del planeamiento urbano, así como para ayudar a las autoridades locales a comunicarse mejor con sus departamentos de planeamiento y formular preguntas más concretas. Muy a menudo la planificación se ha desconectado de la realidad del día a día y de las necesidades de los ciudadanos. Esta guía ofrece consejos prácticos y una visión de cómo los líderes del mundo pueden tener éxito en el aprovechamiento de las capacidades y conocimientos de las comunidades, los profesionales y el sector privado, haciendo frente a las necesidades urgentes de desarrollo urbano. Es necesario un nuevo enfoque de planificación, en el que los líderes locales se dediquen principalmente a la configuración del futuro crecimiento de nuestras ciudades. Creemos que esta guía no sólo creará conciencia y fortalecerá las capacidades, sino también brindará orientaciones para futuras iniciativas en este sentido. Como parte de la Campaña Urbana Mundial, ONU-Habitat ha lanzado la campaña “Yo mejoro mi ciudad”, cuyo objetivo es promover un desarrollo urbano sostenible y crear conciencia entre los ciudadanos para un mejor futuro urbano. Esta publicación, sin duda, servirá como una base importante en esta plataforma para el cambio, preparando y motivando a comunidades, socios y sus autoridades en todo el mundo.

martes, 21 de febrero de 2017

[490] TODAS LAS REVISTAS DE URBANISMO DEL COA DE MADRID DIGITALIZADAS

La Fundación Arquitectura COAM pone a libre disposición, en su página web, todos los números digitalizados de la revista Urbanismo, publicada por el COAM entre mayo de 1987 y febrero de 1998 con la intención de complementar a la revista Arquitectura como segundo vehículo informativo de la entidad, incidiendo en el ejercicio profesional del arquitecto dentro del campo del urbanismo, tanto en las áreas del diseño y el planeamiento urbano como en ciertos aspectos de la ordenación del territorio. Podrán consultarse tanto los números completos como los 579 artículos de la revista mediante los correspondientes buscadores por sus 464 autores o por su título o palabra clave del mismo.
Esta revista de periodicidad cuatrimestral publicada por el COAM entre mayo de 1987 y mayo de 1995 con la intención de complementar a la revista Arquitectura en el ejercicio profesional del arquitecto dentro del campo del urbanismo, profundizaba en las áreas del diseño y el planeamiento urbanos, así como en ciertos aspectos de la ordenación del territorio. La revista Urbanismo, editada por el COAM, se publicó entre el mes de mayo de 1987 y una fecha indeterminada de 1998, arrojando una cifra total de 33 ejemplares a lo largo de doce años. Tuvo inicialmente tres directores: Abel Enguita, Fernando Nasarre y Luis Rodríguez-Avial. Rodríguez-Avial permaneciendo hasta el nº 25 y Nasarre continuando hasta el 28, incorporándose en los dos últimos números José Ignacio Gómez Cuesta y Ana Perpiñá. La revista fue indizada en el Avery Index, en el RIBA, Urbamet y Urbaterr. Se trataba de una publicación muy homogénea y regular en el sentido de presentar un desarrollo coherente desde un principio, ya que solía mostrar un núcleo principal en torno a un tema determinado, sobre el que se ofrecía una diversidad de enfoques y ejemplos, para completarse con una serie de secciones que cubrían la historia del Urbanismo, con frecuencia a través del análisis de personajes fundamentales en la disciplina; el aspecto jurídico, que versaba normalmente sobre el propio tema de fondo y sostenían siempre los mismos especialistas en derecho; los libros recién editados y comentados también por importantes urbanistas; el planeamiento, que abarcaba distintas escalas, desde el medio rural a la ordenación del territorio pasando por ciudades de pequeña, media y alta densidad; el punto de vista, que se abría a la voz exterior con opiniones encontradas; la participación explícita de las cátedras de Urbanismo en las Escuelas de Arquitectura nacionales a través de los artículos de sus docentes, etc.

miércoles, 8 de febrero de 2017

[489] I ENCUENTRO DE ARQUITECTOS “POR UNA ARQUITECTURA DESDE Y PARA LA SOCIEDAD”. SEVILLA FEBRERO 2017

La Fundación FIDAS y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, organizan el I ENCUENTRO DE ARQUITECTOS “POR UNA ARQUITECTURA DESDE Y PARA LA SOCIEDAD” y  la I REUNIÓN CIENTÍFICA “SOCIEDAD Y ARQUITECTURA, LA CIUDAD DE CALIDAD, LA CIUDAD DE TODOS”. Ambos eventos se celebrarán los próximos días 16 y 17 de Febrero, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Desde blogdelaunion aplaudimos esta iniciativa colaborativa que va a favorecer la participación conjunta, el análisis y el debate de los agentes sociales, los colectivos, la sociedad civil, las administraciones públicas y los profesionales sobre aspectos tan importantes para la Sociedad como son los de promover persistentemente la justicia social que garantice el derecho a la vivienda y a la calidad del medio construido en el que se desarrolla su actividad diaria.

domingo, 29 de enero de 2017

[488] LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Hay textos en la Red por los que por su brillantez y clarividencia parece que no debieran tener fecha de publicación porque sus asertos se extienden tan obviamente en el tiempo que nunca debieran ser tildados de desfasados. Este es el caso de la conferencia que el 20 de enero de 2011 pronunció el arquitecto Salvador Moreno Peralta para inaugurar un curso formativo sobre la figura del arquitecto municipal y su labor en la actividad urbanística de la administración local. 
"Si uno entra en Internet tecleando el término ‘arquitecto municipal’ podrá comprobar que casi el 90% de los casos son referencias a actividades delictivas de estos profesionales aparecidas en la prensa estos últimos años. No es, ni mucho menos, el único caso en el que este archivo de la memoria planetaria que es Internet te sitúa ante un panorama desolador o, cuando menos, distorsionado. Hoy es imprescindible acudir a la Red en demanda de información, pero ésta, por sí sola, no nos proporciona el conocimiento, si no es a través de ese filtro intelectual que es el criterio, discernimiento racional para conocer la verdad, que es una pauta de conducta cada vez más escasa, pues una de las mayores paradojas de la Historia se está dando precisamente en nuestros días: el ciudadano, abrumado por no poder procesar personalmente toda la información a su alcance, se entrega a las cómodas certidumbres del tópico o, sencillamente, deja que piensen por él las grandes instancias político mediáticas. Nunca tanta información generó más ignorantes y nunca el tópico nos instó con más razones a que apartáramos de nosotros la funesta manía de pensar. Así pues, si en el catecismo del Google aparecen con el soniquete de las fechorías de los arquitectos municipales, es que los arquitectos municipales son unos facinerosos, punto, y pretender defender su figura será poco menos que una herejía, pero ser hereje, ahora y siempre, ha sido una de las pocas cosas decentes que se ha podido ser en la Historia, así que vamos a ello aunque acabe uno abrasado en la hoguera de la corrección política.
Aún cuando no tengan la acendrada tradición de algunos cuerpos nacionales, como, por ejemplo, los Secretarios o los Interventores de los Ayuntamientos, la figura del Arquitecto Municipal como funcionario público tiene ya una bien ganada historia. Ingenieros civiles y militares, maestros de obras y arquitectos municipales están detrás de las grandes obras públicas de la Ilustración. Todas las grandes capitales de España pueden exhibir la obra de unos arquitectos municipales que dejaron su impronta en la construcción de la ciudad moderna de una manera tan indeleble en su fisonomía como discreta en la proyección pública de sus autores. Por ceñirnos a nuestra ciudad baste recordar que su centro histórico decimonónico -esa parte de ella de la que nos sentimos más orgullosos- es la obra de los arquitectos municipales Cirilo Salinas, Juan Nepomuceno Ávila, Joaquín de Rucoba o Gerónimo Cuervo, entre otros. Y ya en el siglo XX, Daniel Rubio o José González Edo, los cuales, con más importancia aún que sus obras arquitectónicas, nos dejaron unos primeros planes de ordenación urbana que, a pesar de lo poco que de ellos se realizó, encauzaron el desarrollo de una Málaga actual de cuyas trazas aún somos tributarios. Pero diciendo esto, y sin quererlo, estamos deslizándonos hacia un aspecto muy parcial de la figura del Arquitecto Municipal, esto es, el de las grandes capitales de más de 50.000 habitantes, integrados en unas entidades corporativas de gran envergadura, con frecuencia hipertrofiadas, como son los grandes Ayuntamientos con su estructura de Servicios Técnicos o sus Gerencias Municipales de Urbanismo. De los 8.112 municipios de España sólo 8.017, es decir, casi un 99%, tenían censada una población menor de 50.000 habitantes. En muchos de esos ayuntamientos no hay arquitecto municipal, sino que pertenecen a consorcios y mancomunidades y, en los que hay, como describe no sin ironía Rafael González Millán, vocal-secretario de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de la Administración Pública, el pobre arquitecto puede en un mismo día informar de la existencia de una vía pecuaria en un plan parcial, recibir a un ciudadano al que su vecino le ha abierto una ventana hacia su patio, informar de un expediente de ruina y reunirse con el sr. Alcalde y con una empresa multinacional que va a invertir en el municipio más de 24 millones de euros. En estos municipios el arquitecto municipal no tiene escapatoria: sus obligaciones le persiguen con la inmediatez de los problemas esperándole a la puerta de sus despachos, saltando de un tema a otro con la obligación de saber mucho de todo -del Código Técnico para las obras que tenga que realizar o supervisar, de construcción para los expedientes de ruina, de infraestructuras para un problema de saneamiento, de legislación urbanística para aplicar Leyes imposibles perpetradas desde oficinas autonómicas desconectadas de la realidad, de todo tipo de leyes sectoriales, del Código Civil y del Penal, velando por una disciplina urbanística en territorios de cientos de hectáreas para cuya supervisión y control sólo se dispone de una pareja de guardias municipales…- y todo ello con la espada de Damocles de un SEPRONA y unos medios de comunicación inmisericordes con cualquier irregularidad urbanística que alimenta el tópico de la corrupción municipal ligada a la ya tradicional insuficiencia de la financiación pública de las haciendas locales.
No tiene ningún sentido que hablemos aquí de la práctica espuria del Arquitecto Municipal como funcionario público. Negar esa práctica sería tan absurdo como negarla en el sector privado o en cualquiera otra profesión, y el mundo en el que vivimos no es precisamente un mundo ideal. Las actitudes antideontológicas son conocidas de todos y los escándalos urbanísticos, en los que tantas veces se han visto envueltos arquitectos ligados a la Administración han saltado a la luz pública, con buenas dosis de hipocresía, mucho tiempo después de que el sistema los haya tolerado como condición misma para su propio funcionamiento. 
Cuando mi amigo Paco Carreras me propuso dar la conferencia inaugural de este curso justificó el encargo en razón de mi supuesta experiencia profesional a ambos lados de la mesa, desde el Ayuntamiento, como arquitecto y primer Gerente Municipal de Urbanismo, y desde el ejercicio libre de la profesión, es decir, por un lado como representante y ejecutor de la función pública y, por otro, como socarrona y entrecomilladamente me escribía, “sufridor” de ella. Que a nadie le quepa duda de que este calificativo de “sufridor” no entrañaba nada despectivo ni crítico, sino una manera simpática y coloquial de describir el papel supervisor que desde la instancia pública se ha de tener sobre los actos de los ciudadanos, tutelando como un gendarme la observancia de las leyes. Pero define bien la situación incómoda en la que se encuentra un arquitecto municipal. Ya sé que, sobre todo en épocas de crisis, tenemos la tendencia a no ver en el arquitecto funcionario público más que a un profesional que, a cambio de renunciar al sobresaltado, pero excitante, ejercicio libre de la profesión, se refugia en la comodidad de un sueldo fijo con los derechos acumulativos de sus años de ejercicio. Pero pocos piensan en las motivaciones altruistas de esa opción, en las responsabilidades que conlleva y en la preparación profesional exigida para el desempeño de sus funciones. Estoy seguro de que entre muchos de estos profesionales habrá cundido a menudo el desánimo: no se encuentran suficientemente respaldados por los colegios profesionales que, más allá de su crisis actual, han tenido siempre una tendencia a representar más a los colegiados en el ejercicio libre y, por otra parte, se han visto muy a menudo, en tanto que “fedatarios prudentes de la Ley”, como los verdaderos ‘malos’ de la película, una especie molesta en la aplicación de la legislación vigente, molestos de cara a sus alcaldes y molestos de cara a los ciudadanos y, sobre todo, de sus colegas, que les ven con una injustificada displicencia como si la práctica privada de la profesión confiriera una cierta primacía con respecto al tópico de quien, por “no estar en la calle”, no alcanza a tener un conocimiento cabal de lo que entraña la verdadera experiencia profesional.
No es fácil deshacer ese tópico. Pero lo cierto es que el arquitecto municipal afronta una enorme responsabilidad cuando, en el ejercicio de sus funciones -que en la mayoría de los casos es de supervisión de expedientes urbanísticos previa a la concesión de licencias- se convierte en una especie de fiscal o juez instructor que eleva sus conclusiones al órgano de gobierno encargado de expedirlas. Hoy día asistimos a una profusión verdaderamente asfixiante de reglas, leyes y normas de incidencia territorial con que la administración pretende ejercer una función tutelar del urbanismo que apenas disimula su verdadera intención de consolidar los corralitos competenciales en los que el poder se diezma en su propia esterilidad. Hoy en una licencia de edificación, por ejemplo, no es raro que coincidan las competencias de Urbanismo, Medio Ambiente, Cultura y Turismo con toda su retahíla de preceptos sectoriales con frecuencia contradictorios entre sí. Existe un urbanismo real y un urbanismo de papel y, aunque parafraseando a un personaje de Hamlet, hay más cosas en el cielo y en la tierra de la realidad urbana de las que caben en el corsé de una norma, a la práctica del Arquitecto Municipal no se la admite siquiera la existencia de una especie de derecho consuetudinario, es decir, tener un juicio avalado por la razón y la lógica interpretativa de esa misma norma, porque el ejercicio ruin y mostrenco de la política ha dado lugar a que se judicialice ésta hasta unos extremos en los que no es posible tener un criterio mínimamente imaginativo en la aplicación de la normativa, salvo riesgo de caer en la ilegalidad y el anatema. De ahí los resultados que aludíamos de Internet. Con mucha frecuencia la Norma entrará en contradicción con la Razón, pero será la Norma la que impere por más que la aplicación rigurosa de ésta perjudique flagrantemente al ciudadano. No hay salida para el criterio prudente ni misericordia para quien lo aplique, pues ningún fiscal ni ningún juez está dispuesto a que una argumentación razonable le perturbe el cómodo tópico de la financiación ilegal de los municipios vía corrupción urbanística, como decía hace un momento, y en esa práctica los alcaldes no encuentran mejores compañeros de viaje que sus arquitectos. 
Con todo esto quiero decir que me parece que no corren buenos tiempos para los Arquitectos Municipales, que están siendo víctimas, junto con otros cuerpos de la Función Pública, del irrefrenable proceso de burocratización del Estado. Digo víctimas, y no causantes, que es lo primero que se nos podía ocurrir a cualquier ciudadano que ha tenido que habérselas con un arquitecto municipal. No sé muy bien cómo les afecta el Decreto de nuestra Comunidad Autónoma sobre la reestructuración de la Función Pública con esa filosofía de ‘empresarización’ por la que gradualmente irían transfiriéndose sus menesteres a unas Agencias Públicas de las que nadie parece fiarse. Aún peor, en algunos Ayuntamientos importantes, como el de Madrid o corporaciones profesionales como su propio Colegio de Arquitectos, se está cuestionando la procedencia del informe técnico que históricamente se había vinculado al arquitecto municipal y que ahora podría estar suscrito u “orientado”, por ejemplo, por una Entidad Privada Certificante o por el propio Colegio de Arquitectos. Subyace en todo esto una falacia de fondo: la aceptación, como algo ineluctable, de la ineficacia de la Función Pública frente a la intrínseca eficacia de la función privada: el desprestigio intrínseco de lo público frente a la natural capacidad de lo privado. Es la crónica recurrente de una claudicación, de una claudicación de la política, incapaz de hacer frente a una forma perversa de entender el funcionariado, como un estamento privilegiado y parasitario, que debería ser drásticamente desmentida por quienes más deberían defender su condición de servicio público, esto es, los propios funcionarios y los sindicatos. Pero esto es algo de lo que no es correcto hablar. Es la claudicación de los Ayuntamientos que, no fiándose de sus servicios técnicos, externalizan sus funciones hacia otros organismos, en aras de la eficacia ‘empresarial’, creando nuevos monstruos como, por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo de Málaga, incapaz de resistir la menor auditoría de gestión, por ejemplo, ni de admitir siquiera que se hable de ella.
Pero no mezclemos precipitadamente unos arquitectos con otros. Una cosa es ser arquitecto de un pueblo y otra formar parte del nutrido equipo técnico de una gran Corporación, como el Ayuntamiento de Málaga. Como decía Paco Carreras, yo he estado en los dos lados de la mesa y, desde esa circunstancia sólo me atrevo a objetivar, en la medida de mis capacidades, lo que ha sido una experiencia personal. Y la mejor manera de hacerlo es poniéndoles algunos ejemplos. 
El primero, un ayuntamiento de un pueblo de la Costa del Sol. Tuve ocasión de tramitar un Proyecto Básico precedido de un Estudio de Detalle, que suele ser esa figura estúpida y redundante con la que le sacamos el dinero a los clientes -si es que lo pagan- para poder legitimar, mediante una breve información pública, el criterio que desde la instancia administrativa no se quiere o no se sabe tener sobre una alineación o una ordenación de volúmenes. A los dos meses de presentados simultáneamente ambos expedientes me di una vuelta por el Ayuntamiento a ver si los habían subido del registro de entrada a la Oficina Técnica. Para mi sorpresa, la información pública del Estudio de Detalle había concluido y el Proyecto tenía ya licencia, mostrándose muy sorprendido el arquitecto municipal de que no hubiéramos ido a pagar los derechos de la misma. El sorprendido, evidentemente, era yo, y cuando elogié a mi compañero su diligencia me respondió con una lógica aplastante: él era el único arquitecto del municipio y sólo tenía la compañía de un aparejador, por consiguiente no podía permitirse el lujo de “trasladarle el muerto” a otro porque, aparte de que no existía ese otro, si hubiera hecho lo contrario los expedientes se le acumularían en la mesa. La eficacia, por tanto, se debía a que era un municipio de menos de 50.000 habitantes y nuestro compañero estaba solo, pero eso no le evitaba que el informe de concesión de licencia fuera de una extraordinaria pulcritud técnica y jurídica.
El otro caso es el Ayuntamiento de Málaga. Al principio de su andadura, la Gerencia Municipal de Urbanismo tenía poco menos de 100 funcionarios, aunque la actividad urbanística fuera muy superior a la actual (hoy creo que tiene más de 400). El Consejo de Gerencia estaba constituido por cuatro personas -tres de ellas concejales, incluyendo el de Urbanismo- más el Delegado de Obras Públicas. El Gerente y los Jefes de Servicio acudían con voz pero sin voto. Excuso decir que la asistencia al Consejo era gratis et amore y los informes de licencia eran breves, sucintos, fundamentados urbanísticamente y en derecho, bajo la estricta vigilancia del secretario Rafael Íñiguez. Cuando abandoné la Gerencia, y en aras de la sacrosanta participación pública, el Consejo de Gerencia se abrió a las Asociaciones de Vecinos, Asociación de Promotores, no recuerdo si también a las peñas cofradías y sociedades de excursionistas, pero, desde luego, se incrementó con uno o dos concejales por partido político, convirtiendo aquel ágil y exiguo órgano en un microcosmos de la ciudad y en una transposición del Pleno. Por supuesto no faltaba nadie porque daban dietas. Los informes urbanísticos de los arquitectos y demás técnicos municipales seguían teniendo el mismo rigor que antes, con esas dosis de ilusión y criterio de quienes sabían que estaban inaugurando una suerte de jurisprudencia en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, que se había aprobado en el 1983. El problema es que, sin dudar de la honestidad de los concejales y demás representantes de la sociedad civil, resultaba inevitable que en algunos casos su presencia fuera el tentáculo terminal del interés privado de algún conocido o, simplemente, un escenario periférico, una especie de sucursal de la Casona del Parque en la que volver a reproducir los rifirrafes del pleno: un órgano de debate en vez de un órgano resolutivo como correspondería a todo consejo de administración de un organismo cuyo objetivo fundacional, sarcásticamente, era “conferirle agilidad empresarial a la práctica del urbanismo”. Lo cierto es que esos impecables informes eran con frecuencia contestados por algún político sin la menor competencia técnica para hacerlo y, algunos puntos del orden del día más adelante, otro político le devolvía la pelota cargándose el informe referente a otro asunto. La consecuencia fue que el funcionario arquitecto, hasta ese momento motivado por la solvencia de sus propios razonamientos y amparado por el aval del Gerente, decidió que a partir de ese momento sus informes se harían con estricta sujeción a la letra impresa, y cuanto más pequeña mejor, con lo cual, esa amplia, dinámica y rica jurisprudencia que se iba creando poco a poco, enriqueciendo la normativa con el criterio consuetudinario se cerró de repente, y a partir de ese momento, los expedientes empezaron a retrasarse y a prohibirse de manera que cada prohibición encontraba su precedente en la existencia de otra anterior. En vez de abrir creativamente la gestión de lo público se iba cerrando en unos laberintos sin salida. 
He aquí, pues, dos casos radicalmente distintos de actuación de un arquitecto municipal que dependen de circunstancias ajenas a su propia formación, como es la escala y la estructura de la corporación a la que sirven. Pero en ambos ejemplos creo que queda de manifiesto el tipo de presión bajo la cual el arquitecto municipal ejerce sus funciones. En el primer caso estamos ante el arquitecto presionado por la multiplicidad y diversidad de sus cometidos que le obliga, además, a estar alerta ante cualquier error por la judicialización que hoy afecta a la esfera política municipal. En el segundo caso podemos estar ante un arquitecto al que la agobiante fiscalización de su quehacer le lleve a refugiarse en la letra pequeña de la normativa, digamos, “en legítima defensa”, anulando en él cualquier estímulo de estar ejerciendo lo que podríamos llamar una pedagogía ciudadana de “fedatario prudente de la Ley”, como decía al principio, de forma que el ejercicio de su función pública queda reducido al descomprometido papel del burócrata. Ése es el momento en el que se produce instintivamente un mecanismo de defensa que podríamos llamar el “síndrome del funcionario redentorista”, que conozco bien por haberlo experimentado en mis propia actividad de Gerente/Arquitecto. Constreñido en su papel de estricto aplicador de la normativa, desautorizado en su pretensión de aplicarla mediante el enriquecimiento de un criterio razonado en términos de cultura urbana pero, al mismo tiempo, con la conciencia de estar pagado por el dinero público, el arquitecto siente que no está cumpliendo éticamente su función si no es mediante una rigurosa fiscalización de los expedientes, como si el hecho de aprobarlos fuera un acto reprobable de lenidad administrativa. De esta manera su misión disciplinar, que podía ser profundamente creativa en la orientación de la actividad privada, en el efecto ejemplificador de sus trabajos públicos y en la dimensión didáctica y formativa de la aplicación razonable de la legalidad, acababa siendo reducida a la de una chirriante pieza más de la maquinaria burocrática, una piedra en el engranaje.
Concluyo aquí: el haber estado en la Administración Pública me ha permitido identificarme con los arquitectos municipales, los arquitectos técnicos y los aparejadores, con sus problemas y sus condicionantes. Cuando me he pasado “al otro lado de la mesa” no siempre recordé cuáles eran esos problemas y no siempre fui justo en mis juicios. Ya he dicho que no me interesaba hablar aquí de las prácticas espurias de la Función Pública, porque indecentes los hay en todas partes. Pero puedo decir, con pleno conocimiento de causa, que un buen arquitecto municipal es una figura clave en el estado de un municipio. Podemos referirnos a un montón de pueblos de este país en los que se ve detrás el impulso de un buen alcalde y, casi siempre, detrás de un buen alcalde está la sintonía con un buen arquitecto. Son colegas con una preparación profesional mucho más completa que la mayoría de los que nos dedicamos a la actividad privada porque tienen que saber de todo y además, como quien dice, ‘en tiempo real’. 
No suele haber arquitectos municipales-estrella, pero la excelencia urbana de un lugar se debe más a su gestión honrada y eficaz de lo cotidiano que al sarpullido repentino de un edificio de esos que los cursis llaman “emblemático”. Y cuando hacen bien su trabajo, añaden a su eficacia la grandeza moral de quien sabe estar ejerciendo un servicio público desde esa sensata, modesta y admirable actitud que es la discreción, en estos tiempos en que la profesión se ve aquejada con frecuencia de una verdadera neurosis de notoriedad mediática.
Convendría que, con independencia de quien nos toque en suerte, no olvidáramos esto cuando hayamos de tratar con ellos."

sábado, 21 de enero de 2017

[487] DISCREPAR NO ES INCUMPLIR. POR LA INDEPENDENCIA DE LAS COMISIONES DEONTOLÓGICAS EN LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS

Por su interés general, os remitimos informe elaborado por los Servicios Jurídicos del CSCAE, el cual, entre otras cuestiones analiza las exigencias legales que deben darse para la adopción de medidas provisionales en procedimientos deontológicos y administrativos en el seno de las Instituciones Colegiales.
Sobre el régimen jurídico de la adopción de tales medidas provisionales, y en el ámbito de los expedientes sancionadores, resulta aplicable lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común en el caso de la suspensión de personas en el desempeño de sus cargos. Dichas medidas provisionales sólo podrán ser acordadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, que suelen ser estatutariamente las Comisiones de Deontología, dentro de su independencia, en relación con los órganos de Gobierno.
Por el principio de jerarquía normativa y disposición derogatoria de dicha Ley, lo anterior tiene preponderancia sobre lo que dicten al respecto los Estatutos Particulares de los Colegios o Consejos de Colegios. Aquí subyace una primera cuestión de conflicto entre Comisiones de Deontología y Juntas de Gobierno o Plenos de Consejeros, pues pudiera darse el caso de que el órgano que pretenda adoptar las medidas cautelares no sea el legalmente competente para ello, si no es el que tiene la facultad para iniciar el procedimiento sancionador.
Las medidas han de estar plenamente motivadas, y casos que pudieran llevar la separación de personas del ejercicio de sus cargos, habrían de basarse en situaciones plenamente justificadas y de extraordinaria gravedad probadas y evidentes, que afecten al funcionamiento de la estructura colegial. Han de aplicarse los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, todo lo cual requiere un análisis previo. La traslación de la presunción de inocencia cobra sentido cuando la Administración actuante fundamenta su resolución en una presunción de culpabilidad, carente de elemento probatorio o inadmitiendo prueba divergente.
Las fricciones o diferencias entre los criterios políticos y judiciales no son novedad a estas alturas. Lo cual se evidencia en ocasiones entre los Órganos de Gobierno (órganos ejecutivos) y sus Comisiones de Deontología (órganos judiciales), que sufren la presión mediática, como cualquier juez instructor enmarañado en algún caso de relevancia. ”La independencia es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes”, decía Nietzsche. Pero nosotros estamos en un Estado de Derecho y la independencia ha de ser propia no de minorías, sino de todos.
No puede ser admitido en caso alguno que dichas diferencias políticas lleven a la pretensión de apartar a los discrepantes de las líneas erigidas, de tal forma que, en caso de ser miembros de Comisiones de Deontología, su apartación provisional facilite determinada tendencia en la conclusión de los expedientes. Ello supondría cercenar o amputar los Órganos Deontológicos, e incluso constituiría una obstrucción a la justicia que se espera dimane de los mismos con total autonomía.
Recordemos que la prevaricación administrativa es un concepto de especial relevancia por su trascendencia, cuya definición surge del Código Penal en el art. 404; se reconoce prevaricación omisiva si existe búsqueda de inclinar la balanza en un sentido predeterminado, a sabiendas de ello en casos en los que, atribuida la función de garante en un administración o corporación de derecho público, es su acción la que permite, facilita o favorece que se produzca la prevaricación administrativa.
En este sentido son loables algunos modos de renovación interna tales como la reciente de la Comisión de Deontología y Recursos del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos Andaluces, y otros, ensombrecidos por elevado número de instrucciones abiertas sobre rivales democráticos reconocibles, en lo que pudieran ser afanes anticuados de impedir voces discrepantes, que dificultan el natural funcionamiento de las Comisiones que instruyen las mismas, por resultar o prever un sentido no siempre bien acogido.
En estos casos de gravedad, si existe indefensión, queda siempre la petición de amparo o cobijo de los afectados al Consejo Superior de Arquitectos de España, o a las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas, lo cual lleva a reflexionar sobre la situación de conflictos constantes en las que los miembros de algunas Comisiones de Deontología sufren en nuestras instituciones, así como otras voces discrepantes.
Junta de Gobierno del COA Huelva

viernes, 20 de enero de 2017

[486] COMPETENCIA INTENSIFICA SU ESFUERZO EN LA PERSECUCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia inicia una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública que realiza los contratos. La contratación pública alcanza el 15% del PIB de España. Se ha estimado que la falta de competencia en las licitaciones públicas impone sobrecostes de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y Competencia) ha intensificado su esfuerzo en la mejora de los procedimientos de contratación y la persecución de las irregularidades en los concursos públicos. Para ello ha iniciado una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública que son los encargados de realizar los contratos. Desde hace varios meses realiza charlas formativas en diferentes departamentos y ahora pone a disposición una herramienta, un check list, que facilita el proceso de detección de irregularidades y permite detectar en diez sencillos pasos si el procedimiento puede plantear indicios de concertación.
La contratación pública supera el 15% del PIB de España. Se ha estimado que la falta de competencia en las licitaciones públicas impone sobrecostes de aproximadamente 48.000 millones de euros anuales. Por esta razón, ha redoblado los trabajos en la detección de indicios de cualquier tipo de comportamiento anticompetitivo de las empresas oferentes en los concursos.
Al mismo tiempo, para solucionar esta falta de competencia y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos propiedad de todos los ciudadanos, la CNMC viene insistiendo en la necesidad de mejorar el diseño de los concursos que realizan las distintas administraciones. El objetivo es que las cláusulas en los pliegos de contratación sean respetuosas con los principios de la regulación económica eficiente no incluyan restricciones injustificadas a un aprovisionamiento competitivo.
El diseño es importante. La supervisión también. La CNMC ha detectado y sancionado manipulaciones de licitaciones públicas y privadas en todos los sectores de la economía en los últimos años. A la vista de las conductas ilícitas detectadas, se ha decidido intensificar la persecución de las concertaciones que se pueden realizar por algunas empresas para no competir en las licitaciones públicas. Estos acuerdos constituyen infracciones de la legislación de competencia y como tales se encuentran castigados.
Sin embargo, el carácter secreto de este tipo de acuerdos ilícitos para no competir en las licitaciones con la Administración hace imprescindible la colaboración de los Órganos de Contratación y requiere que éstos puedan informar a la CNMC cuando detecten alguna conducta sospechosa en sus concursos.
Además, con el fin de facilitar el conocimiento de los elementos que han de considerar las administraciones contratantes para detectar indicios de manipulación de un concurso, la CNMC pone a su disposición en su web una lista de elementos a considerar a la hora de valorar la existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre las empresas que participan en el concurso. Por ejemplo, la existencia de un reducido número de licitadores, incoherencias en las ofertas, similitudes injustificadas y otros patrones de comportamiento sospechoso.
La CNMC anima a todos aquellos que participen en órganos de contratación que tengan indicios de este tipo de conductas o que quieran tener más información acerca de estos elementos que facilitan su detección a que se pongan en contacto con la Autoridad de Defensa de la Competencia a través del buzón de colaboración ciudadana (buzoncolaboracion@cnmc.es) o bien por vía telefónica (+34 917 931 600).
La CNMC investigará todos los indicios de manera confidencial para confirmar la posible manipulación de la licitación. Asimismo, se puede aportar de forma anónima cualquier tipo de indicio a través del formulario habilitado para ello en la sede electrónica de la página web de la CNMC y del código QR que figura en el folleto.
La colaboración del personal de los órganos de contratación con la CNMC en esta materia es fundamental para impulsar la detección de este tipo de infracciones de competencia que son tan dañinas para la competencia y los consumidores, incrementando injustificadamente el coste de provisión de bienes y servicios públicos.
Fuente    

martes, 17 de enero de 2017

[485] 5 CONSEJOS PARA UN ARQUITECTO

1. Ten tu propio estilo
Esto es básico en la vida de un Arquitecto, si realmente quieres dejar huella y plasmar tus propias ideas entonces deberás buscar tu propia identidad, esto no es un trabajo fácil ni algo que se consigue de la noche a la mañana. Muchos Arquitectos ya con muchos años de experiencia profesional comentan que es algo bastante complicado de lograr y que en base al trabajo y la experiencia van creándose un estilo propio que al final los distingue de los demás. En este caso nuestro primer consejo es ese, que se vayan creando de una identidad tanto de representación Arquitectónica en los planos, como conceptualmente en cuanto al diseño y manejo de los espacios, esto sin duda les abrirá las puertas y los hará acreedores a que los clientes los puedan contratar en base a su estilo.
2. Actualízate
Esto es básico, como en cualquier profesión la actualización es fundamental para estar al día en nuestra vida profesional, sin embargo en el mundo de la Arquitectura cada día van surgiendo nuevas ideas, nuevos materiales, nuevas formas de concebir el diseño y es por ello que el Arquitecto debe estar las 24 horas del día receptivo y abierto a cualquier nuevo conocimiento. Si tienes la posibilidad de estudiar diplomados o maestrías no lo dudes y hazlo, cualquier curso o novedad que signifique una actualización de tus conocimientos te hará un Arquitecto mucho más completo y preparado para afrontar todo tipo de retos.
3. No vendas planos, vende conceptos y sueños
Esto puede sonar un tanto romántico, pero al final es la verdad. Un Arquitecto lo que vende es un concepto plasmado a su vez en los planos técnicos, la mayoría de las ocasiones la escasez de empleo ha convertido a los Arquitectos es dibujantes nada más, olvidándose por completo del romanticismo que significa vender una idea o un concepto, no pierdas esa ilusión y esa chispa y contagiala a tus clientes haciéndoles ver que tu estás vendiéndoles una idea y un sueño.
4. Comparte el conocimiento
En muchas profesiones existe el egoísmo entre colegas, que no sea este tu caso y trata de compartir el conocimiento con los más jóvenes, la carrera de Arquitectura es bastante larga y nunca sabes cuando puedes encontrarte con aquellos jóvenes con quienes compartiste tu conocimiento, busca hacerte de amistad entre colegas y evita los malos rollos.
5. Sé crítico y objetivo
Nunca pierdas tu capacidad de crítica y también de aceptarla, porque en muchas ocasiones somos buenos para criticar el trabajo de otros pero nos molestamos cuando alguien critica el nuestro, debemos ser objetivos y siempre realizar críticas constructivas, la crítica destructiva es algo que no abona a nadie y no ayuda a que la Arquitectura en nuestro Mundo mejore, trabaja siempre pensando en que la perfección dentro de la Arquitectura no existe y siempre habrá algo por mejorar.
Fuente  

jueves, 22 de diciembre de 2016

[484] GUÍA PARA QUE CONSEJOS Y COLEGIOS PROFESIONALES CUMPLAN CON LA TRANSPARENCIA

Traemos aquí la Guía de de Transparencia y acceso a la información pública, dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, que está disponible para todos los profesionales.
La elaboración de esta Guía tiene el objetivo de aclarar el alcance de la aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a las corporaciones de Derecho Público, facilitando así un mejor cumplimiento de la norma por dichas organizaciones
Transparencia significa confianza, no sólo para las Administraciones públicas sino también para todos los profesionales en el ejercicio de su trabajo. Las empresas, el mundo laboral, las corporaciones y todos los ciudadanos en general, cada vez muestran mayor disposición a colaborar en la rendición de cuentas y, en el ámbito profesional, junto al talento, la transparencia será quien mida y determine la calidad.
Este es un paso importante de muchos profesionales, asumiendo un mayor compromiso con la rendición de cuentas y mostrando su total disposición a impulsar y avanzar en la transparencia dentro de los colegios y consejos generales y superiores.
La Guía trata de plasmar, en un documento de acceso público, la información más relevante y detallada que se entiende necesaria para impulsar el desarrollo de una cultura de transparencia en el ámbito de las profesiones, y, especialmente, garantizar la adecuación de los colegios y consejos de colegios profesionales y otras corporaciones de derecho público al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la propia Ley de transparencia.
La Guía se presenta en formato digital, con navegador y enlaces internos, y está compuesta por 25 páginas que recogen las obligaciones a las que están sujetas las corporaciones de derecho público en el marco de la transparencia.
Incluye, además, una parte práctica compuesta tanto por un cuadro resumen de la guía como por las ’10 preguntas sobre transparencia que toda corporación de derecho público debería saber responder’ 

miércoles, 21 de diciembre de 2016

[483] FELIZ NAVIDAD. QUE NADA NI NADIE NOS QUITEN NUESTRAS DIFERENCIAS NI NUESTRA CAPACIDAD DE SUPERARLAS

Desde blogdelaunion os queremos desear una feliz Navidad a todos los iguales y a todos los diferentes.

miércoles, 14 de diciembre de 2016

[482] LA NECESARIA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

Durante la pasada legislatura estuvo circulando por el Departamento de Economía y Hacienda un borrador de un Proyecto de Ley sobre la regulación de los servicios profesionales que tiraba por tierra el magnífico trabajo que han venido haciendo desde hace muchos años los colegios profesionales. Y ello, basado en una aparente normativa Europea que luego parece que todo el mundo negaba. Se trataba de un texto que nadie había reclamado, - lo que ya es sumamente grave y echaba por tierra el proyecto- y que no solamente no se consideraba necesaria, sino que, muy al contrario, suponía un tremendo paso atrás en los avances que se habían realizado por los colegios profesionales en la implantación e implementación de unos estándares de calidad en los servicios profesionales que se le dan a los ciudadanos de nuestro país cuando estos demandan un servicio personal de una actividad concreta.
Se alegaba por los defensores del texto, a los que, por cierto, nadie conocía, que la desregulación de las profesiones estaba imperando en Europa y no se podía encorsetar a quienes quieren realizar una profesión, no debiendo obligarse en muchos casos a la colegiación obligatoria en algunos casos, en otros supuestos haciendo desaparecer la figura del procurador, algo que suponía una quiebra de una institución esencial y fundamental como necesaria en la Administración de Justicia, y en otros reduciendo la implantación de las sedes geográficas de los colegios profesionales. Es decir, un proyecto destinado a cargarse el buen funcionamiento de los servicios profesionales. Y ello, con un clarísimo perjuicio a los ciudadanos que necesitan en algún momento de la actividad de un abogado, procurador, economista, administrador de fincas, arquitecto o aparejador, ingeniero y todas y cada una de las profesiones que no tenemos espacio para citar y que se ejercen hoy en día con un altísimo nivel de calidad, propiciado, precisamente, por el empeño y el esfuerzo de los colegios profesionales en suministrar de actividades formativas a sus colegiados, de exigirles el máximo cuidado en el desempeño de su actividad mediante un control exhaustivo del respeto a los códigos de la deontología profesional, y un comité disciplinario que controle las infracciones, así como de una póliza de seguro colectivo que en el caso de que un colegiado haya cometido alguna irregularidad, que siempre puede haberlo, el ciudadano que haya sido víctima de ella pueda cobrar por los daños y perjuicios que haya podido padecer por esa actuación.
Pues bien, todas estas medidas protectoras que cumplen a la perfección hoy en día los colegios profesionales desaparecerían de haber prosperado ese proyecto de Ley de Servicios profesionales que, finalmente, fue introducido en un cajón a dormir un largo sueño para el bien, no solo de los profesionales, sino de todos los ciudadanos que estaban en situación de riesgo en el caso de haber salido adelante un texto que permitía ejercer una actividad profesional sin el control de nadie y sin haber acreditado formación alguna, así como sin exigirse garantías como las que sí cumplen los colegios profesionales. Y ello, sin que el Estado asumiera en modo alguno esa función de control en la calidad de las profesiones que sí que ejercen los colegios profesionales. Realmente curioso, porque mientras que en el Código Penal se había introducido el art. 31 bis para exigir a las empresas que introduzcan programas de prevención jurídica para que se cumpla y respete el derecho y se eviten daños a los ciudadanos por si alguien se amparaba en el marco de una empresa para perjudicar a terceros, resultaba que se quería suprimir ese mismo control de prevención que ejercen los colegios profesionales para con los que quieren “acreditarse” en ellos mediante la colegiación obligatoria. Es decir, un auténtico disparate, y lo que es peor, un contrasentido en esa política de trasladar a los colectivos el autocontrol para evitar que los ciudadanos se perjudiquen.
En consecuencia, por lo que debe apostarse en esta legislatura es por todo lo contrario, es decir, por exigir la colegiación obligatoria en profesiones que no la tienen todavía, como es la Administración de fincas, y otras donde no hay auténtica regulación, y por reforzar, no disminuir, a los colegios profesionales como los antes citados (abogados, procuradores, economistas, etc), con un marco legal que regule y determine con claridad quién puede desempeñar una determinada actividad y quién no. Que fije con claridad las actividades profesionales y regule los requisitos que deben seguir los ciudadanos que quieran dedicarse a una actividad profesional concreta, porque para eso nuestros jóvenes estudian en nuestras Universidades, o desarrollan cursos de formación profesional: para acreditarse mediante la titulación oportuna y estar en condiciones de prestar un mejor servicio profesional. Y quien piense lo contrario está atentando contra la calidad del servicio público de las profesiones, contra el espíritu formador y de calidad de enseñanza de nuestras Universidades y cursos de formación profesional, y, lo que es peor, contra el ciudadano que quiere recibir un servicio de calidad, y no lo que se pretendía en ese texto que hay que cambiarlo ya por otro que apueste por lo antes referido y por la verdadera regulación de las profesiones.
D. Vicente Magro Servet Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho.
(Artículo publicado en el Diario Información de Alicante en diciembre de 2016)


viernes, 2 de diciembre de 2016

[481] MOMENTOS DE ARQUITECTOS

Recopilatorio de tuits de 2g asesoramiento en los que muchos arquitectos nos hemos visto reflejados en alguna ocasión. Enhorabuena compañeros por alegrarnos el día cuando...

miércoles, 30 de noviembre de 2016

[480] MICROENCUESTA. LOS HÁBITOS DE LOS ARQUITECTOS

martes, 22 de noviembre de 2016

[479] NORMAS DEONTOLÓGICAS VS NORMAS DEMONIOLÓGICAS

Dejando claro que la opinión del CSCAE no coincide con el texto que aquí recogemos, nos ha parecido interesante desde nuestro foro, publicar la opinión sobre los Códigos Deontológicos de los Colegios Profesionales de Médicos, Abogados, Arquitectos y Farmacéuticos que hace 25 años, el insigne jurista Tomás Iglesias Pérez recogió en este artículo.
Para algunos de nuestros seguidores conviene recordar esta cita. "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo." Voltaire
El discutible valor jurídico de las normas deontológicas Tomás IGLESIAS (1991)
Podemos resumir algunos aspectos de cuanto se ha expuesto.
1. En un Estado democrático la validez Jurídica y la obligatoriedad nacen o bien de la existencia de normas legales o del libre acuerdo de los ciudadanos. Las normas deontológicas no son normas legales ni responden a una voluntaria convergencia de voluntades mientras los colegios sean de inscripción obligatoria para el ejercicio profesional.
2. Las normas deontológicas. expresan criterios que no tienen, ni el refrendo de la soberanía nacional, ni responden al principio de libertad, ni son respetuosos con el valor del pluralismo (que en una sociedad libre debe alcanzar su máxima expresión en materia de ética y moral). Por el contrario, reflejan ideas de moral estamental, en ocasiones contrarias a la propia legalidad, propias de tribunales de honor.
3. Es más que discutible que una norma en blanco, cual es la del artículo 5.1 de la Ley de Colegios Profesionales, pueda dar cobertura legal a elaboraciones normativas sancionadoras colegiales, sin que ello vulnere los requisitos constitucionales de legalidad formal y tipicidad.
4. La función social de las normas deontológicas no responde al saludable interés de añadir un plus de exigencias morales a las que ya imponen las distintas ramas del ordenamiento jurídico, sino que contribuyen a escamotear la aplicación de éste bajo los principios de la confraternidad, el compañerismo y la defensa de los Intereses corporativos.
Ver el artículo completo 

[478] MICROENCUESTA. ¿QUE HACES CUANDO HAY ELECCIONES EN TU COLEGIO PROFESIONAL?


lunes, 21 de noviembre de 2016

[477] COMO SABER APROXIMADAMENTE EL VALOR DE UNA VIVIENDA

Desde el blog de Bankinter nos ofrecen una tabla y una fórmula con la que podremos calcular una aproximación al que debería ser el precio de una vivienda, al que luego se le podría aplicar un ajuste al alza o a la baja en función las características concretas de cada casa, pero que al menos nos colocará en un nivel de precios adecuado.
La clave se llama: PER
Los precios de venta y alquiler guardan siempre unas relaciones que varían en el tiempo pero que se pueden calcular:
a) Rentabilidad bruta por alquiler
Es el porcentaje resultante de dividir el dinero anual que obtenemos por una vivienda en alquiler entre su precio de venta. Así, por ejemplo, una vivienda que se alquile por 12.000 euros al año (1.000 euros/mes) y que valga 240.000 euros se dice que ofrece una rentabilidad bruta del 5% de acuerdo con esta fórmula:
(12.000/240.000) x 100 = 5%
b) El PER
Si hacemos la operación inversa de dividir el precio de venta entre el precio de alquiler, obtendremos lo que suele llamarse PER (Price Earnings Ratio). Este dato equivale al número de veces que el precio de alquiler está contenido en el precio de venta o al número de años que tardaría en pagar el precio de una vivienda mediante el alquiler en las condiciones actuales. Es un ratio universalmente aceptado para valorar activos como empresas, viviendas, etc.
El PER de la anterior vivienda sería 20 veces y el cálculo mediante el que se ha llegado a ese dato sería:
(240.000 / 12.000) = 20 veces

viernes, 18 de noviembre de 2016

[476] YO VOTARÉ EN URNA

Cada ciertos años con una cadencia a veces cansina, muchos de los profesionales que estamos colegiados recibimos la llamada telefónica de ese compañero con el que no hablábamos desde hacía años y que nos hace sentirnos como el protagonista del Dia de la Marmota.
Cuando leemos su nombre en el móvil sabemos a ciencia cierta cómo va a empezar la conversación.
-Hola amigo, cuanto tiempo sin hablar, por cierto… ¿Vas a votar en las próximas elecciones de nuestro Colegio?
Nunca fallamos en la premonición. Y por más que año tras año nos digamos que nunca más delegaremos nuestro voto, siempre cedemos y aceptamos la comodidad de que vengan a nuestro trabajo o domicilio y nos recojan el sobre.
El mensajero nos convence de que nuestro voto es secreto, que esa acción es una opción estatutaria del voto por correo y que en ningún caso es una delegación del voto. Todas las candidaturas saben que no somos tan perversos como para que nos hagan el favor de recogernos un voto y que ese voto vaya a la otra candidatura, y con eso juegan. Si no de derecho, eso es una delegación de voto de hecho a todas luces.
Al final votamos en muchas ocasiones por compromiso a la candidatura que nos llama antes. A veces me pregunto ¿Dónde queda el secreto de mi voto? Si le doy el voto al motorista, voto a la candidatura A y si le digo, aun mintiendo, que ya lo he comprometido, el motorista sabrá que voto a la candidatura B. El secreto del voto por correo se recoge en todos los estatutos colegiales pero el procedimiento de votación por correo que estos proponen no siempre cumple su cometido.
Es muy loable que las candidaturas entren en contacto con los electores y les expliquen su programa pero de eso a llevarse el voto en la mano va un trecho. Lo mismo ese es un buen sistema electoral pero entonces que se cambien los estatutos colegiales y que no se exija que el voto sea secreto.
Yo siempre pensé que el voto por correo era la opción que daban los estatutos para aquellos electores que el día de la votación estuvieran en otra ciudad por motivos laborales o por motivos de ocio pero claro, cuando se analizan los porcentajes de “votos por correo” respecto al total de votos emitidos en cualquier Colegio Profesional algo no me cuadra, porque ni hay tanto trabajo en la profesión para para tanto viaje laboral ni por supuesto hay tanto dinero para tanto viaje de ocio.
Por lo tanto, salvo que el día de la votación tengamos la suerte de firmar un contrato fuera de nuestro municipio o nos vayamos al Caribe porque nos haya tocado la lotería, cuando nos llame ese compañero de profesión o aparezca ese motorista, que no nos tiemble el pulso y sepamos responderle mirándole a los ojos: 
-Yo votaré en urna.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

[475] TRES ESTUDIOS DE ARQUITECTURA ESPAÑOLES BRILLAN EN EL XXV PREMIO OBRAS CEMEX

■El edificio Oak House School de Trasbordo Arquitectura gana el Premio Internacional de Edificación Sostenible 
■‘La casa interior’ de Vicens+Ramos, Segundo Premio de Vivienda Residencial 
■El arquitecto español Fernando Menis gana el Premio Internacional de Accesibilidad Universal por el Centro Cultural y de Congresos Jordanki de Polonia 
Madrid, 14 de noviembre de 2016. La arquitectura española ha triunfado en la XXV Edición de los Premios Obras CEMEX –celebrada anoche en Ciudad de México– gracias al edificio Oak House School (Barcelona) de Trasbordo Arquitectura que ha sido galardonado con el Premio Internacional de Edificación Sostenible y el Tercer Premio Internacional a Mejor Edificación, así como ‘La casa Interior’ de Vicens+Ramos (Madrid) distinguida con el Segundo Premio Internacional de Vivienda Residencial. Además, el arquitecto Fernando Menis ha obtenido el Premio Internacional de Accesibilidad Universal por su centro cultural y de congresos Jordanki ubicado en Polonia. 
El edificio Oak House School es una obra pionera en España que ha conseguido situarse a la cabeza de la innovación con la incorporación de importantes y eficaces medidas en materia de sostenibilidad gracias a la revolucionaria tecnología Insularis® de aislamiento térmico CEMEX, que ha permitido desarrollar un hormigón blanco, ligero, estructural y de baja conductividad térmica, que permite, junto a otros materiales empleados, hacer uso de energía geotérmica para la climatización del edificio.
Por otro lado, ‘La casa interior’ de los arquitectos Vicens+Ramos es una vivienda unifamiliar situada en Madrid que ha hecho uso del hormigón autocompactante blanco CEMEX tanto en sus cerramientos como en los elementos que configuran los espacios exteriores. Una de las particularidades de la obra es que se diseñó con dos tipos diferentes de acabados en el hormigón visto que le aporta personalidad y plasticidad, uno abujardado fino y otro texturado con un encofrado con imitación a cañizo.
Además, el arquitecto español Fernando Menis ha obtenido el Premio Internacional de Accesibilidad Universal gracias al centro cultural y de congresos Jordanki, un edificio que combina hormigón muy claro en el exterior con ladrillo en el interior y que conseguido convertirse, por mérito propio, en emblema y carta de presentación cultural de la pequeña ciudad polaca de Torun. 
Premio Obras CEMEX
El Premio Obras CEMEX Internacional, que este año celebra su XXV edición, reconoce las mejores obras contemporáneas de la arquitectura y construcción en hormigón realizadas durante el año precedente a la convocatoria del certamen en todo el mundo. Se trata de rendir un homenaje a un material de construcción estrella en la arquitectura e ingeniería moderna y a aquellos arquitectos e ingenieros que lo han sabido utilizar y amoldar a las necesidades de la sociedad y del entorno. Las diferentes categorias del premio permiten cubrir el más amplio espectro de obras de edificación e infraestructura, que van desde la edificación sostenible, la vivienda unifamiliar, la industrial, comercial o educativa hasta las infraestructuras de todo tipo.
CEMEX también hace un reconocimiento muy especial a la trayectoria profesional y personal de un arquitecto o ingeniero, cuyas aportaciones al mundo de la construcción han sido valiosas y dejan un aprendizaje a la sociedad. En esta edición, el Premio a la Vida y Obra "Lorenzo H. Zambrano" ha sido otorgado al ingeniero civil, estructurista y ambiental inglés, Peter Head por su pionera visión y sus esfuerzos e importantes logros en materia de desarrollo urbano sostenible.
Para más información: 
Teresa Busqué
teresa.busquem@cemex.com
Dpto. de Comunicación
CEMEX España Operaciones
91 377 93 04
www.arquitecturablanca.com
www.cemex.es

domingo, 6 de noviembre de 2016

[474] NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA ARQUITECTOS MUNICIPALES

Desde la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España agradecemos de nuevo el esfuerzo de la Agrupación de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana en ofrecernos este curso. Estamos seguros de que un año más el éxito del mismo estará garantizado a la vista del temario y de los ponentes invitados. Animamos desde aquí a otras instituciones para que fomenten este tipo de actividades que evidentemente redundarán en el beneficio de todos.
La Agrupación de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, organiza dentro del Plan de Formación del COACV una nueva edición del Curso de Preparación para arquitectos municipales.
El curso de desarrollará en Valencia en el Salón de actos del CTAV, Calle Hernán Cortés nº 6, los días 16, 19, 23, 26 y 30 de enero y 2, 6, 9, 13, 16, 20 y, 23 de febrero de 2017.
El Curso va dirigido:
1. A los arquitectos que actualmente ya prestan sus servicios en los Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas, para que puedan actualizar y contrastar sus conocimientos.
2. A los arquitectos que deseen vincularse en un futuro con los Ayuntamientos u otras Administraciones Públicas, (oposiciones, interinos, contratados), con la finalidad de proporcionarles una base de conocimientos sobre su cometido, mostrándoles la mayoría de las funciones y trabajos que tengan que desarrollar, y señalando la importancia que en sus actuaciones tiene la sujeción al procedimiento administrativo.
3. A los arquitectos con dedicación al ejercicio profesional que deseen actualizar sus conocimientos en la aplicación de las diversas Normativas.
Temario y ponentes
Inscripción

lunes, 31 de octubre de 2016

[473] MICROENCUESTA. ¿COMO TE LLEVAS CON TU COLEGIO DE ARQUITECTOS?


jueves, 27 de octubre de 2016

[472] HACIA UNA NUEVA DEONTOLOGÍA DE LOS ARQUITECTOS

La Deontología es un campo de desarrollo de protocolos de actuación que implica la evaluación ética de actividades profesionales con contexto particular, que se ha afianzado en muchas disciplinas que han sido capaces de trascender desde los conceptos éticos y filosóficos iniciales hacia los problemas actuales de su especialidad, aportando soluciones. Las formas de proceder se van desarrollando poco a poco, partiendo de un análisis de utilidad máxima en la forma de abordar conflictos concretos y palpables.

El Nuevo Código Deontológico de los arquitectos promovido por el CSCAE entrará en vigor el próximo 20 de noviembre, sustituyendo al anterior de 1971. A pesar de ello, y como prueba de lo anterior, en la práctica se dan dificultades y riesgos en el seno de las Comisiones Éticas Profesionales que precisan independencia como máxima principal.
En artículo precedente “La Moral del Tronco Seco. Deontología Profesional y Político Institucional”, publicado en blogdelaUnión en noviembre de 2013, intentamos desde nuestra introspectiva como arquitectos jóvenes, exponer algunas inquietudes relacionadas con la forma de entender, promover y alcanzar una ética profesional fuera de toda duda en base a los medios y facilidades de las que disponen actualmente las Comisiones Éticas o Comisiones de Deontología de nuestros órganos colegiales:
“Esta teoría del DEBER SER pretende en la vida colegial empapar la conciencia y actitud del profesional en su trabajo cotidiano, lo cual incluye a quienes asumen la responsabilidad de dirigirlos política e institucionalmente, porque la Deontología se entiende a partir de sus fines (el mayor bienestar posible, para la mayoría, y de la mejor forma posible) y desde las Instituciones Colegiales que los impulsan. “Aprender haciendo las virtudes cívicas y las políticas más sabias”, que dijo Aristóleles. “
Como hace casi tres años, nuestras motivaciones siguen siendo las mismas, incrementadas por nuestra experiencia, conocimientos y compromiso adquiridos en el Colegio de Arquitectos de Huelva. 
Caminar hacia objetivos de probidad y transparencia implica avanzar hacia los Principios Generadores de la Deontología y Ética de nuestra profesión, y se convierte en un reto individual y colectivo, al cual hay que dotar de medios, continuamente alimentados de forma consciente y evolutiva, en las demarcaciones territoriales y superiores de nuestras corporaciones. Aunque pueda parecernos primitivo desde nuestra óptica de técnicos –un tanto ajena a los dogmas éticos de los juristas-, la probidad o “principio de buena fe” lo conciben en las diversas ramas del Derecho como la condición de rectitud, transparencia o actitud de servicio público, que se contrapone inevitablemente, en su ausencia, a la corrupción, a la que en este país estamos por desgracia, habituados, o a su hermana menor, la incompetencia.
De una forma causal y poco responsable puede darse, a falta de las anteriores condiciones, la escasez de medios suficientes, la excesiva dependencia en las líneas jurídicas designadas por los órganos ejecutivos frente a los órganos deontológicos y desde la óptica interpretativa principal de los primeros, que debilitan el equilibrio de la división de poderes ejecutivo y “judicial”, y su independencia indispensables. En la práctica, se requieren reglamentaciones que con lógica matemática impidan la menor suspicacia en la asignación de casos a instructores en los expedientes sancionadores, dentro de un orden cronológico que debe ser inamovible en virtud de la neutralidad más absoluta.
Interesa reconocer voluntades en aligerar peso de equipajes decimonónicos heredados, renovando modos de democratización interna, que pueden verse ensombrecidos por porcentajes elevados de instrucciones abiertas sobre rivales democráticos reconocibles, en lo que podría ser un afán anticuado y obsesivo de impedir voces discrepantes. Modos indeseables de regímenes bananeros, o propios de personajes de bigote recortado de épocas en Europa ya pasadas, que han rezumado históricamente en la práctica del brazo derecho ejecutivo que corta al izquierdo, ciego de su propia gangrena. Apelar a la libertad de expresión en España nos resulta tan extraño como sorprendente, a estas alturas. Lo hacemos, sin embargo.
La justicia deontológica mal entendida en nuestras instituciones como causa previa a la de los Tribunales de Justicia ordinarios, puede incluso atemorizar. Así, la palabra “inhabilitación” ostenta un arma de poder letal sobre los profesionales libres, si puede sobrevolar con ligereza sobre quien, de forma crítica, levanta el dedo o la voz al convertirse en oposición, dentro de derechos y libertades constitucionalmente reconocidos aún con estricta sujeción a las normas Colegiales, que nunca, pueden nadar contra la corriente extramuros de las democracias del siglo XXI. Poder letal y efectivo el de esta palabra, debido a los amplios plazos que distan entre las resoluciones deontológicas y las judiciales, mostradas ejecutivas las primeras con carácter previo a las segundas, con la consiguiente pérdida del medio de vida del profesional entretanto. De ahí que con mayor justificación si cabe, se precise prudencia, independencia y cautela, que garantizan sin atisbo motivado de duda la pulcritud administrativa inexcusable en los procedimientos instructores, ejecutores y recusadores, en cualesquiera de los procedimientos en curso o en sus inicios.
Colegios menores asumen y promueven evolución y dotación de medios para paliar las dificultades reales de sus comisiones éticas como síntoma de probidad y transparencia, lo cual en su consideración como movimiento ascendente, requiere reflejo institucional, hacia los Principios Generadores de la Deontología de nuestra profesión.
Porque el DEBER SER es un movimiento que se demuestra avanzando, en una sociedad cambiante en la que los arquitectos andaluces nos incluimos, y como nuestro Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos en relación con la Comisión de Deontología y Recursos de este dependiente, han de demostrar día tras día, se hace camino al andar. 
Noemí Sanchís Morales, Decana
Miriam Dabrio Soldán, vocal de Junta de Gobierno.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA

lunes, 24 de octubre de 2016

[471] REALIZACIÓN DE OBRAS EN EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN

La situación de fuera de ordenación es aquella que se produce por lo general, con carácter sobrevenido, respecto de edificaciones y construcciones erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento de que se trate o de su modificación o revisión.
De esta forma el edificio que fue conforme a la ordenación urbanística vigente en un momento dado, deja de serlo por virtud de la aprobación o alteración del planeamiento urbanístico.
La construcción o edificación tiene que estar erigida con anterioridad a la aprobación definitiva, seguida de publicación, del planeamiento. Parece que por erigida ha de entenderse concluida, aunque no haya todavía cédula de habitabilidad (si fuera precisa) o falte desarrollar algunos trabajos. En caso de que la edificación no esté erigida, se aplican las normas sobre supuestos indemnizatorios.
La situación de fuera de ordenación no es necesariamente irreversible, sino que el edificio desordenado puede volver a la ordenación, desapareciendo las limitaciones que le afectan por vía de revisión o modificación del planeamiento, o por medio de desarrollo del planeamiento general que determina la situación de fuera de ordenación.
Esta figura se relaciona naturalmente con la ordenación urbanística, siendo disconforme a la nueva o sobrevenida, no con la ordenación territorial. Sin embargo, aunque no sea común, también es posible una situación fuera de ordenación por alteración de la planificación territorial.
Obras permitidas
La normativa en la materia admite, en general, la realización en los edificios fuera de ordenación de ciertas obras de reparación.
Del mismo modo, la jurisprudencia ha admitido tradicionalmente la realización de obras pequeñas que tiendan a la adaptación del inmueble a las necesidades del propietario. Con ello se consigue respetar el contenido del derecho de propiedad, sin prolongar la subsistencia de tales edificios mediante la realización de obras que no sean las autorizadas con la finalidad de higiene, ornato o conservación, o excepcionalmente obras de consolidación parciales y circunstanciales cuando no esté prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de 15 años, siempre que tales obras no supongan un aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación.
Las obras que se realicen en las construcciones y edificaciones no pueden producir aumento de valor a efectos de expropiación. Sin embargo, ello no supone que dicho aumento de valor no haya de tenerse en cuenta en otros ámbitos, esencialmente, en materia tributaria. En cualquier caso, pueden permitirse obras que incrementen el valor, siempre que el titular renuncie al aumento del mismo originado por aquéllas.
En caso de obras que excedan de las permitidas es difícil admitir su legalización, pudiendo procederse a la demolición. En cualquier caso, ha de aplicarse el principio de proporcionalidad en cuanto a las demoliciones urbanísticas. Su aplicación procede fundamentalmente en casos de excesos o errores en la obra o actuación acometida; no, en cambio, cuando se exceda de los mismos razonablemente.
Obras prohibidas
Numerosos preceptos de la legislación urbanística establecen que en los edificios calificados como fuera de ordenación, no pueden realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, con excepción de las pequeñas reparaciones que exijan la higiene, el ornato y la conservación del inmueble. Al respecto hay que indicar lo siguiente:
a) Se afirma por la jurisprudencia la existencia de un principio general del derecho urbanístico de no autorización de obras en edificios fuera de ordenación.
b) Las normas que lo establecen, en cuanto restrictivas de facultades típicas del dominio, deben ser objeto de interpretación restrictiva.
c) El fundamento del principio es conseguir que el edificio fuera de ordenación no prolongue su existencia más allá de lo que cabe esperar de él por el estado de sus elementos componentes.
d) No obstante lo anterior, la desordenación de un edificio no implica automáticamente su inmediata desaparición ni su condena como bien económico-social, en cuanto el mismo seguirá existiendo y prestando el servicio para el que fue erigido hasta su desaparición. De esta forma, en la medida en que la aprobación del planeamiento, que determina la calificación de fuera de ordenación, y su ejecución real, están separados en el tiempo, es preciso aplicar en tal situación provisional o intermedia las medidas adecuadas que hagan compatibles la continuación del uso y funcionamiento de dichos edificios e industrias con la voluntad legal de que en ellos no se realicen modificaciones que puedan agravar el coste de la ejecución u obstaculizar la realización de las previsiones urbanísticas.
e) La condición de fuera de ordenación no debe impedir el aprovechamiento óptimo del inmueble, siempre que con dicho aprovechamiento no se sobrepasen los límites que establecen los preceptos de la legislación urbanística en relación las obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación
f) Este régimen se refiere por lo general a obras y edificaciones, no a usos de los mismos; con la consecuencia de que una vez incurso un edificio en esta situación no puede negarse por ello licencia de actividad si ésta es conforme con la regulación en vigor al tiempo de la construcción del edificio. En consecuencia, las actividades industriales o mercantiles desarrolladas en locales del edificio o los arrendamientos en él existentes, no se extinguen ni pueden verse afectados por la mera situación sobrevenida de fuera de ordenación.
g) La declaración de fuera de ordenación afecta al edificio en su totalidad, no a sus partes o a algunas de ellas aisladamente consideradas.
Fuente: Redacción Jurídico Lefebvre