sábado, 6 de noviembre de 2021

[617] Beneficios de la colaboración de las administraciones locales y los colegios de arquitectos con las comunidades autónomas para la tramitación de subvenciones europeas de rehabilitación de viviendas

A la vista de recientes noticias publicadas referentes a que más del 60% de las ayudas cifradas en 7.000 millones que anunció el Gobierno dirigidas a la restauración (bares y restaurantes) para hacer frente a la pandemia pueden perderse en el camino, no deja de preocuparme el hecho de que esta historia se repita, aunque por diferentes motivos, con la aparición sobre el escenario de las nuevas subvenciones europeas generadas por la pandemia bajo las directrices de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España y que movilizará hasta 6.820 millones entre 2021 y 2023.
Si algo caracteriza a ese tipo de subvenciones es el plazo tan reducido para el que se convocan y la complejidad de la documentación que hay que aportar para poder acceder a las mismas. Y eso sin olvidar que muchos de los destinatarios de esas subvenciones serán ciudadanos con escasos conocimientos de la tramitación burocrática de estos procedimientos y que pueden sufrir las consecuencias de estas circunstancias.
La gestión de las subvenciones entre Europa, Estado y Comunidades Autónomas, no me cabe la menor duda que será impecable, donde ya tengo más temor es de como van a llegar esas subvenciones al ciudadano de a pie.
Me pregunto qué participación van a conceder las Comunidades Autónomas a las administraciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) y a los Colegios Profesionales como corporaciones de derecho público cuyos técnicos están directamente implicados en las actuaciones subvencionables bajo el paraguas de la LOE.

sábado, 30 de octubre de 2021

[616] Cuando un arquitecto municipal asiste a una mesa de contratación

Aunque el procedimiento de contratación de la Administración sea eminentemente jurídico, en muchas ocasiones los arquitectos municipales participamos en mesas de contratación como miembros con derecho a voto y quizá también en demasiadas ocasiones nos dejamos llevar por las indicaciones de los miembros jurídicos de la mesa, cuando no por las de los miembros políticos sin consultar los antecedentes del expediente.
Asistimos a ver que nos encontramos, móvil en mano y deseando que acaben, a mesas de contratación que poco tienen que ver con nuestro trabajo diario, de asuntos tan peregrinos para nosotros como la compra de un camión de basura y muchas veces nos preguntamos si el político nos elige porque no hay otro técnico o porque mientras menos sepamos del tema mejor. 
No olvidemos que nuestra responsabilidad en la mesa, sea del tema que sea, es la misma que la de cualquier otro miembro y no será esta la primera vez que escuchemos de un político la repetida frase de "yo hice lo que me dijo el técnico" cuando en la mesa quien llevaba la voz cantante era precisamente ese político, pero en el acta de la mesa eso no se refleja.
Muchos cursos de perfil jurídico se hacen sobre la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público pero pocos dirigidos a arquitectos con perfil técnico.
Por eso es de agradecer que la Fundación Fidas hayan incluido dentro de su plan de formación 2021-2022 un curso sobre licitaciones en el mercado de la contratación pública de formación teórico-práctica principalmente destinada a personal técnico de ayuntamientos, otra administraciones o empresas públicas.
Desgraciadamente es un curso solo presencial lo que limita mucho la asistencia al mismo pero nos ha parecido interesante traerlo aquí para su difusión y para que sirva como modelo a seguir por otras instituciones.
Para los que estéis cerca y queráis asistir presencialmente al curso probad a solicitar que vuestra administración os lo subvencione, a ver que excusa os ponen para negarse. Os recomendamos que solo le enseñéis el programa del curso y no este post. 

miércoles, 27 de octubre de 2021

[615] Audiencia e información pública del anteproyecto de ley de calidad de la arquitectura

Los trámites de audiencia e información pública tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.
En este enlace de la web del Ministerio podrán participar ciudadanos, organizaciones y asociaciones que consideren conveniente hacer llegar sus observaciones al legislador sobre el anteproyecto de ley de calidad de la arquitectura que estará sometida a consulta pública hasta el día 18 de noviembre de 2021 a través del formulario que se incluye en el enlace.
Si lo veis conveniente podéis incluir en los comentarios de esta entrada un resumen de las sugerencias que incluyáis en el formulario. 

viernes, 20 de agosto de 2021

[614] Servicio de consultas del CTE

Cuando un reglamento como es el CTE, es aprobado por un Consejo de Ministros y es publicado en el BOE, la capacidad de interpretación del mismo por parte del Ministerio que lo promueve es muy limitada ya que lo sustantivo del mismo es el cuerpo de su regulación y las prescripciones que establece, de modo que la aplicación del mismo está sujeta a los principios generales del derecho y su interpretación última correspondería a los jueces, y no al Ejecutivo.
No obstante lo anterior, el Ministerio suele emitir Documentos con comentarios y Documentos de Apoyo de mucha utilidad en línea con la práctica habitual de lo que hacen otros departamentos Ministeriales, para procurar arrojar luz sobre los criterios subyacente en el propio reglamento, fundamentalmente aportando cuestiones de tipo técnico.
Asimismo, durante 6 años (2012-2018), desde el Ministerio se vino respondiendo de forma individualizada a las consultas sobre aplicación del CTE que este recibía. Estas respuestas eran publicadas por blogdelaunion permitiendo el acceso a las mismas por parte de otros profesionales. 
Las contestaciones a las consultas formuladas no tenían un carácter en ningún caso reglamentario, pero si el gran valor de reflejar la posición del Ministerio, basada en la experiencia y praxis de sus técnicos.
El éxito de esta iniciativa fue incuestionable.
•1.221 consultas respondidas
•1.743 suscripciones por e-mail
•1.558.163 entradas registradas
De un día para otro, ese magnifico servicio que facilitaba al profesional la aplicación de una documentación tan compleja como era el CTE fue suspendido por el Ministerio.  
Parecería como si el Ministerio no quisiera sentar "jurisprudencias" que se volvieran en su contra en los juzgados cuando la interpretación no favoreciera objetivos determinados. No debiera ser el enfoque de un reglamento, que intenta ser de fácil aplicación por los profesionales, el que los propios impulsores y redactores del mismo eviten aclarar cuestiones que dicho sea de paso no tendrían que producirse si el texto original no diese lugar a tantas consultas.  
Desde la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España UAAAP/CSCAE pedimos al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que reconsidere la posibilidad de reactivar el servicio de consultas sobre el CTE que tan buen servicio ofreció a todos los profesionales implicados durante el tiempo que estuvo operativo.

viernes, 6 de agosto de 2021

[613] El visado del proyecto básico. Cuando lo voluntario es útil

El visado de un proyecto básico de arquitectura para obtener de licencias de obras es voluntario. Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
Los pagos a los ayuntamientos para la obtención de las licencias de obras pueden llegar hasta el 3,60 % del presupuesto de ejecución material de la obra.
El coste medio del visado de un proyecto básico se puede estimar en el 0,20 % de ese presupuesto.
Conviene recordar que los costes del visado corresponden al promotor y que a ese mismo promotor cada mes de retraso en el otorgamiento de una licencia de obras le supone un encarecimiento de un 1,00 % del presupuesto de ejecución material de la obra POR VIVIENDA Y POR MES.
(Datos extraídos de la Exposición de motivos, apdo. VIII del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía para una repercusión media del coste de ejecución de una vivienda de 150.000 euros).
Como conclusión, si el visado fuese útil para agilizar la concesión de licencias de obras, con los datos aquí expuestos, creemos que el promotor vería rentable el pago del visado voluntario de un proyecto básico.
La colaboración entre Colegios de Arquitectos y Ayuntamientos para la agilización de licencias de obras se hace cada vez más necesaria. 

miércoles, 4 de agosto de 2021

[612] Cambios en la suscripción por correo electrónico a blogdelaunion

Estimado/a seguidor/a:
Con motivo de la desaparición de la suscripción por correo electrónico que nos suministraba la plataforma FeedBurner, hemos trasladado este servicio a follow.it 
Esperemos seguir contando con la confianza de nuestros más de 1.000 seguidores por e-mail. Los que ya estabais suscritos con anterioridad no tenéis que hacer nada, automáticamente recibiréis las nuevas entradas al blog mediante esta nueva aplicación.
Podréis contar con características adicionales que ahora se pueden utilizar (que no existían en Feedburner). Por ejemplo, podréis definir filtros y más canales de envío, asi como recibir noticias por Telegram, página de noticias y otras en proyecto.

jueves, 24 de junio de 2021

[611] Los informes sectoriales en la tramitación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística

Los informes sectoriales deberían incorporarse a los instrumentos de planificación territorial y urbanística con mucha más antelación de lo que lo hacen en la actualidad (bucle negativo) incluso durante la fase de redacción del documento, para considerar las determinaciones de dichos informes desde el principio (bucle positivo) y dejando el actual procedimiento de informe sectorial a un mera comprobación del cumplimiento de lo informado en su momento.
Incorporar un acto administrativo de admisión a trámite de dichos instrumentos por parte del órgano sustantivo que obligara a los órganos sectoriales a emitir informes antes de la aprobación inicial, posibilitaria al redactor junto con los técnicos de la administración, ir elaborando un documento consensuado con todos los agentes sectoriales que tan solo pudiese retroceder en su tramitación por causa de las alegaciones, dándole de esta manera mayor celeridad al procedimiento y favoreciendo de paso la participación ciudadana.


lunes, 31 de mayo de 2021

[610] Carta de un arquitecto municipal a un ministro

Carta a D. Miquel Iceta. Ministro de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España
Estimado Sr. Ministro:
Como arquitecto municipal que soy, en estos momentos en que se está preparando la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado que de buen seguro nos va a afectar a todos, me gustaría compartir con usted una reflexión sobre mi profesión y sobre la realidad de que la función pública de un arquitecto no se limita sólo al ámbito estatal. De hecho solo el 6,5% lo ejerce en este ámbito. Más de la mitad de los arquitectos que ejercemos en la función pública lo hacemos desde la administración local y el resto entre la docencia y la administración autonómica. 
El atreverme a escribirle esta carta quizá se deba a la constatación del trato modélico que en el ámbito estatal se da al arquitecto en la función pública. Exigencia y uniformidad en el acceso a las plazas conduce a profesionales mejor capacitados que dan prestigio a la Institución y también a la Profesión. El problema es que Estados sólo hay 1 y ayuntamientos en España más de 8.000, y los arquitectos municipales llevamos muchos años soportando 8.000 criterios distintos para acceder a la función pública dentro de la administración local. 
No considero un argumento a favor de esta diversidad de criterios la recurrencia a la autonomía local. Que se consulte por ejemplo la Ley de Bases de Régimen Local y en concreto su Artículo 92 bis sobre Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional para rebatirlo.
Movilidad, promoción interna, cursos para funcionarios en prácticas, formación para unificar criterios, frecuencia en la convocatoria de plazas, temarios y sistema de oposiciones homogéneos,... son conceptos que los arquitectos municipales, salvo contadas excepciones, no podemos disfrutar y que nos hacen mirar con sana envidia a ese 6,5% de nuestros compañeros que se encuentran en la función pública estatal.
Cuando se habla del arquitecto en la función pública local, se debe hablar de competencias, pero no solo de las profesionales, sino también de las institucionales sobre el territorio y el urbanismo, distintas pero no por ello menos importantes que las competencias sobre el asesoramiento legal o sobre la gestión económica de un municipio. Es curioso observar cómo el cambio competencial que supuso para el urbanismo la instauración del estado de las autonomías hace ya más de 40 años, no se haya visto reflejado desde entonces en ninguna ley de base estatal que favorezca la coordinación de nuestros ayuntamientos con sus comunidades autónomas respecto a dicha cuestión.
A las puertas de presentarse una Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, veo una gran oportunidad para que el Estado, como administración garante de la autonomía local, regule mediante legislación básica, las competencias urbanísticas de interés general atribuidas a los Ayuntamientos y compartidas constitucionalmente con las Comunidades Autónomas. Sería tan sencillo como modificar desde esta nueva Ley, la ley 7/1985 Reguladora de las bases de la administración local (ya hay precedentes) incluyendo un nuevo artículo al texto, el 92 ter, donde se faculte a las Comunidades Autónomas a la creación de un cuerpo de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter autonómico dirigidas al control y fiscalización del urbanismo.
Con este simple gesto de la administración estatal, se conseguiría una mejor coordinación efectiva entre las dos administraciones con competencias en urbanismo. No es esta una propuesta para beneficiar a los arquitectos de la función pública, es una propuesta para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos a la ciudadanía.  
Lo que acabo de exponerle estoy seguro que generará más exigencia y uniformidad en el acceso a las plazas vinculadas al territorio dentro de los ayuntamientos y producirá profesionales mejor capacitados que darán mayor prestigio a las Instituciones y también a las Profesiones que representan. Llevamos 14 años esperando esta Ley y desearía que no tuviésemos que esperar otros 14 más para solucionar la cuestión que aquí le expongo. 
Reciba un cordial saludo
Rafael González Millán. Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España. UAAAP/CSCAE

viernes, 28 de mayo de 2021

[609] Jornada sobre el arquitecto en la función pública

El próximo jueves 3 de junio de 2021 a las 10:00 horas, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, desde el Instituto de Formación Continua y su Escuela de Opositores, organizan una Jornada Informativa gratuita en streaming de dos horas de duración en colaboración con la Secretaría General de Función Pública, sobre el arquitecto en la función pública.
En la Jornada se ofrecerán diferentes puntos de vista sobre el Arquitecto en la Función Pública de la mano de distintos ponentes especializados y, en muchos casos, desarrollando este tipo de funciones.
Se trata de una Jornada en la que se destacará la importancia de una formación y preparación de calidad del futuro arquitecto en la función pública, con la intención de desarrollar su actividad profesional, entre otras, dentro del cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Además, se podrán conocer diferentes puntos de vista de arquitectos de la Función Pública en activo que contarán su trayectoria profesional desde el inicio de su formación como opositores hasta la actualidad con diferentes grados de experiencia. Todos ellos, darán una visión panorámica de las posibilidades y trayectorias diversas que la Función Pública ofrece.
PROGRAMA DE LA JORNADA
1. Inauguración.
•Sigfrido Herráez - Decano del COAM.
•Lluis Comerón – Presidente CSCAE.
•Teresa Martínez de Marigorta - Vocal Asesora de la Dirección General de la Función Pública.
2. Plan de Captación de Talento. 
Teresa Martínez de Marigorta - Vocal Asesora de la Dirección General de la Función Pública.
3. Experiencias de Arquitectos en la Función Pública.•Angel Montero - Subdirector General de Coordinación de Edificaciones Administrativas. Patrimonio del Estado.
•Javier Martín Ramiro - Director General de Vivienda y Suelo. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
•Raquel de Andrea Vicente - Subdirectora Adjunta de Coordinación y Gestión Administrativa. Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda.
•Rocío Morales Esteban - Jefa de Unidad de Inspección Centralizada. Dirección General del Catastro.
4. Coloquio.
•Iván Cabrera Fausto - Presidente Conferencia de Directores de Escuela.
•Rafael González Millán - Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España.
Moisés Castro Oporto - Decano COACantabria. Coordinador de la UAAAP/CSCAE.
5. Cierre de la jornada.
Teresa Martínez de Marigorta - Vocal Asesora de la Dirección General de la Función Pública.

lunes, 10 de mayo de 2021

[608] El Plan General de Marbella o como sobreponerse a las adversidades (merecidas o inmerecidas)

Mucho se ha escrito sobre la odisea que en que los últimos años se ha visto inmerso el Ayuntamiento de Marbella con referencia a su urbanismo municipal. Nuestro breve objetivo aquí no es el de manifestar ningún juicio de valor al respecto, sino mas bien el de recoger datos cronológicos de sus acertadas recientes actuaciones, que sirvan a otros ayuntamientos de España para sobreponerse a circunstancias adversas similares, merecidas o inmerecidas, y que desde su responsabilidad municipal puedan seguir mirando hacia adelante sin pausas para lamentarse, pero también sin prisas para obviar acciones tan importantes y tan legales como son la participación ciudadana y los criterios medioambientales, sin tener que esperar en este caso a la aprobación de una próxima ley autonómica en la que basar la aprobación inicial del documento. Hay mucho urbanismo que hacer antes de la aprobación inicial de un PGOU. Participar no es sólo alegar.
".../... nuestra intención es poder realizar la aprobación inicial del nuevo Plan General bajo el paraguas de la nueva ley que está gestionando el Gobierno andaluz, La LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía .../..."
Ángeles Muñoz. Alcaldesa de Marbella
02/2010 •Aprobación del PGOU
10/2015 •Anulación PGOU 2010 por el Tribunal Supremo
12/2015 •Protocolo de actuación municipal a la vista de la anulación
12/2017 •Aprobación texto refundido PGOU 1986
05/2018 •Criterios y objetivos del nuevo PGOU
05/2018 •Modificación del PGOU 1986
07/2018 •Adaptación PGOU 1986 a la ley autonómica
11/2018 •Dictamen jurídico urbanístico sobre la situación generada tras la nulidad
10/2019 •Medidas de coordinación y participación-publicidad activa
12/2019 •Consulta pública previa del nuevo PGOU (Ley 39/2015)
07/2020 •Aprobación Avance nuevo PGOU
09/2020 •Remisión al órgano ambiental del Documento Inicial Estratégico (DIE)   
01/2021 •Fin del plazo de sugerencias y alternativas al Avance del nuevo PGOU
09/2021 •Aprobación Estudio de Impacto Ambiental

jueves, 6 de mayo de 2021

[607] Presencia de las Organizaciones Colegiales de Arquitectos de España en Twitter. Segundo trimestre 2021

Fuente: SparkScore

jueves, 18 de marzo de 2021

[606] Encuesta sobre elementos susceptibles de provocar contaminación visual en conjuntos históricos

La contaminación visual o perceptiva constituye, sin lugar a dudas, una de las amenazas que con mayor incidencia están afectando en nuestros días al patrimonio histórico. La sociedad contemporánea, con sus avances y novedades tecnológicas, que persiguen obtener una mayor comodidad en todos los terrenos de la vida, ha traído consigo la obligación de incorporar en la ciudad unos elementos que, si bien es cierto resultan elementales para el desarrollo de unos servicios sin los cuales sería difícil imaginar nuestro día a día, ponen sobre la mesa un duro debate en el que se sitúan frente a frente la conservación del patrimonio histórico y las formas de vida de la ciudad actual. Conseguir el equilibrio entre ambas partes y llegar a posiciones consensuadas y asumidas por la ciudadanía se convierte en uno de los objetivos que nuestra sociedad tiene el deber de cumplir. Lograr el desarrollo sostenible entre historia y presente, tecnología y patrimonio, debe ser el reto de las políticas patrimoniales del s. XXI.
Fuente: Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva (PDVP) del Conjunto Histórico de Arahal (Sevilla)

domingo, 31 de enero de 2021

[605] Publicación: Una ciudad de profesiones


El hecho profesional afecta hoy directamente a más de dos millones de profesionales colegiados en España, más de trescientos cincuenta millones en el mundo. Representan el 4,3% de la población total estatal y el 25% de su población activa, mucho más en las grandes ciudades. Si a los profesionales colegiados añadimos a aquellos que no lo están, las cifras se doblan. Y si más allá de ellos, consideramos también a los ejercientes de tantos oficios que se consideran profesionales, el conjunto conforma una mayoría muy amplia, decisiva.

¿Por qué ahora este libro?
• El desconocimiento de la realidad conceptual e histórica del hecho profesional resulta sorprendente siendo notoria la oportunidad de interesar su reconocimiento.
• El vínculo de las profesiones y los oficios con las ciudades, históricamente relevante, parece haberse desvanecido, eclipsado.
• Pasa desapercibido que los procesos de desprofesionalización activos y en curso, están destruyendo el espíritu de ciudadanía que desde siempre ha estado asociado al hecho profesional y a los oficios.

¿A quién le puede interesar?
• El texto, tiene una vocación informativa y pedagógica, en el ámbito profesional y colegial, recopilando la historia y los conceptos básicos del hecho profesional.
• También se dirige al mundo del municipalismo y de las ciudades atrapadas como están por una insuficiencia crónica de recursos materiales y humanos en su gobernanza.
• Se dirige a todos los profesionales y ciudadanos interesados en conocer una realidad velada y desconocida que sin embargo puede ser muy inspiradora para orientar el futuro inmediato.
• Finalmente se dirige también al mundo universitario y educativo ofreciendo referencias para el debate sobre el modelo educativo actualmente en curso.

A partir de la recuperación de las tres palabras clave: profesionalidad, profesionales, profesiones, la narración se organiza a la manera de un viaje de reconocimiento en descubierta, que intenta recomponer un puzle hoy completamente disperso. Un profesional es un técnico con valores cívicos. El saber práctico y el civismo son sus fundamentos.
• Primera parte (fundamentalmente dirigida al entorno de las instituciones profesionales o colegios)
Bajo la convicción de que “quien pierde sus orígenes pierde identidad”, la primera parte recuerda la historia del hecho profesional, desde Hipócrates hasta nuestros días. Propone un reconocimiento del hecho profesional común a todas las profesiones, señalando sus siete elementos no prescindibles o estructurantes, entre los que destacan en especial las seis misiones públicas de las mismas: salud, habitabilidad, seguridad jurídica, educación, comunicación y sostenibilidad económica y ambiental.
• Segunda parte (dirigida fundamentalmente al entorno municipal y a los colegios)
En España y en Europa hay hoy cuarenta profesiones reguladas, que solamente tienen seis misiones (la salud, la educación, la habitabilidad, la seguridad jurídica, la comunicación y la sostenibilidad económica y ambiental), que se substancian en una única ciudad compartida. Es decir: 40 profesiones, 6 misiones, 1 ciudad.
• La tercera parte (dirigida a los profesionales y ciudadanos)
Se describe y analiza el fenómeno de la “desprofesionalización”, mediante tres principales y negativos procesos: la precarización laboral, la hiper regulación burocratizada y la inadecuada educación, unos procesos que contribuyen decisivamente a destruir ciudadanía. De modo que desprofesionalizar supone destruir ciudadanía.

Si alguien está interesado en el libro, lo puede conseguir desde su casa en: Jordiludevid.com/comocomprar y al día siguiente lo recibiría.

•"El futuro sólo lo pueden trazar las reflexiones transversales, propias de los pocos autores que son capaces de relacionar las verdades que se encuentran en disciplinas muy dispares". 

•"Hemos heredado modelos profesionales que vienen del siglo XIX y que han sido difícilmente adaptados a las nuevas situaciones científico técnicas, quedando hoy obsoletas para afrontar las exigencias del futuro. Una reflexión sobre este particular es urgente, también acometer y proyectar sobre nuestros sistemas universitarios y de buscar nuevos modelos que posibiliten los desafíos del futuro". 

•"Para los responsables y los alumnos de Facultades y Escuelas de Formación de las todas las profesiones, en especial en los cursos de doctorado, diplomaturas y másteres, debería ser de lectura obligada". 

•"Tiene un gran interés para todos aquellos que valoran la vigencia de la organización colegial de las profesiones y se preocupan por el fenómeno de la <desprofesionalización>". 

•"Estamos convencidos que este libro precisa disponer de la difusión que se merece, especialmente entre el mundo colegial, el municipal, y por extensión, entre aquellos políticos a los que preocupan los problemas de fondo de nuestra sociedad y trabajan para resolverlos con la mirada puesta más allá del mandato de cuatro años para el que han sido elegidos". 

•"Interesará sin duda a los profesionales del mundo, pero también, a todos aquellos ciudadanos interesados en los asuntos sociales y colectivos y que aspiran a una ciudad democrática, equitativa y sostenible". 

•"Se dirige al mundo del municipalismo y de las ciudades, atrapadas como están por una insuficiencia crónica de recursos materiales y humanos en su gobernanza. Sin olvidar a todos los profesionales y ciudadanos interesados en conocer una realidad velada y desconocida que, sin embargo, puede ser inspiradora para orientar el futuro inmediato. Finalmente, se dirige también al mundo universitario y educativo ofreciendo referencias para el debate educativo actualmente en curso". 

•"El ejercicio profesional responsable no puede continuar siendo confundido con el mercado de bienes. Hemos de exigir que se elimine de una vez la gratuita (y para algunos cómoda) confusión entre el mercado de meros objetos y la prestación de los servicios profesionales diseñando un entorno jurídico específico y adecuado". 

 •"En un mundo cada vez más urbanizado, las misiones que asumen los profesionales (salud, educación, comunicación, habitabilidad, seguridad jurídica, sostenibilidad ambiental y económica), afectan al conjunto de la sociedad y colaboran a la articulación de la ciudad y a reforzar la convivencia". 

martes, 5 de enero de 2021

[604] CTE: Impulsar el diseño para ganar eficiencia energética

"Podemos considerar los cambios introducidos en el CTE como una nueva inflexión en la manera de abordar un proyecto y los requisitos que le son obligados. Pasamos de atender el cumplimiento de los sistemas activos de una forma independiente, respecto de la creación arquitectónica, a una metodología más completa y transversal".

Para mejorar la seguridad, el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente a través de la calidad de los procesos edificatorios y urbanizadores, en 2006 entró en vigor en nuestro país el Código Técnico de la Edificación (CTE). Por entonces, el parque edificado cubría las necesidades básicas de la mayoría de la población. Sin embargo, como consecuencia de los procesos de urbanización y edificación acelerados que vivió España a partir de la década de 1960, las edificaciones no siempre alcanzaban los parámetros de calidad adaptados a las nuevas demandas de una ciudadanía, cada vez más exigente, y a los requerimientos de sostenibilidad ambiental, social y económica.
Aquel primer CTE supuso un nuevo reto tanto para los proyectos como para las edificaciones resultantes, con mejoras, sobre todo, en el comportamiento energético que empezaron a consolidarse a partir de 2008, con más control sobre los sistemas constructivos.
Desde entonces, el código no ha dejado de evolucionar. Hace ahora un año, volvió a incorporar modificaciones en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE), nuevas exigencias en seguridad en caso de incendio y una nueva sección del Documento Básico de Salubridad, dedicada a la protección de los inmuebles frente a la exposición al gas radón, segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco. El objetivo de estos cambios es avanzar hacia un parque de viviendas más sostenible, mejorando la eficiencia energética de los edificios y aquellos elementos relacionados con la salud, el confort y la seguridad de la ciudadanía.
A partir de la entrada en vigor de estos cambios y de su aplicación obligatoria, el pasado mes de septiembre, las nuevas viviendas que se construyan han de tener una alta eficiencia energética que, sumada a la mayor contribución de energía procedente de fuentes renovables, conllevará una reducción media del consumo de energía respecto a los índices actuales de alrededor del 40%, ya que el límite medio anual de consumo energético del edificio se fija en 60 kWh de energía primaria total por metro cuadrado frente a los 100 permitidos hasta la entrada en vigor de la nueva actualización. Y, en consecuencia, también repercutirá en el ahorro económico de las familias, teniendo en cuenta que un hogar medio consume 9.900 kWh al año y gasta en energía un promedio de 1.285 euros al año, según los datos que recoge el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Igualmente, con el nuevo DB-HE se mejorará la calidad de las envolventes térmicas y se fomentará el uso de las tecnologías más eficientes y sostenibles para su acondicionamiento, lo que permitirá alcanzar unas condiciones adecuadas de confort con el mínimo gasto energético.
Estas modificaciones normativas conllevan un esfuerzo de adaptación permanente para los técnicos implicados en el sector de la edificación y, especialmente, para los profesionales de la Arquitectura, y asumimos el reto convencidos de que el conjunto de los cambios introducidos modernizará el parque edificado y sus parámetros de sostenibilidad, seguridad y confort en un momento en el que la emergencia climática representa uno de los mayores desafíos que afrontamos como sociedad. Además, supone avanzar hacia un parque de viviendas más respetuoso con el medio ambiente, con consumos de energía mínimos y mayores cotas de bienestar, así como mejoras cualitativas en aspectos determinantes para la salud y la seguridad de las personas.
Por otro lado, podemos considerar los cambios introducidos en el CTE como una nueva inflexión en la manera de abordar un proyecto y los requisitos que le son obligados. Pasamos de atender el cumplimiento de los sistemas activos de una forma independiente, respecto de la creación arquitectónica, a una metodología más completa y transversal.
Ahora, la justificación de los parámetros sobre la envolvente, entendida como la piel del edificio y los sistemas de climatización y control, se realiza de manera simultánea e integrada desde el momento en el que se conciben los espacios. La creación y el diseño de esos espacios, sus relaciones e, incluso, la elección del solar en el que se va a construir el edificio, resultan cruciales para el resultado final. De esta forma, pasamos de cumplir la normativa, mejorando los sistemas uno a uno, a comprender el conjunto proyectado como una “máquina para vivir”, parafraseando a Le Corbusier.
La disposición de espacios de amortiguación climática, como corredores, patios y antesalas, y el volumen y la forma, creados en función del clima y la localización, resultan fundamentales para el conjunto, como siempre hemos sabido los arquitectos. Además, todo esto forma parte de nuestra mejor tradición arquitectónica, con ejemplos como la casa-patio, cuyas bondades energéticas como conjunto equilibrado y sostenible conocemos desde la época romana.
El fin último de los cambios de hace ahora un año es conseguir un uso más racional de la energía, reducir el consumo a un límite sostenible e incorporar fuentes de energía renovable. Los proyectos incluirán estudios específicos para reducir la demanda e incluirán sistemas eficientes de mínimo consumo energético.
Nuestras estrategias considerarán desde el inicio la orientación y otros criterios de implantación -topografía, vientos dominantes, etc.-, la forma y la compacidad del edificio, la consideración de la envolvente y los sistemas pasivos con criterios más arquitectónicos, minimizando la dependencia energética e incorporando el uso de temperaturas razonables y la personalización de horarios.
Entendemos que estos cambios son un avance desde que se publicó el CTE en el año 2006, aunque el documento sigue siendo fragmentario. Queda todavía una revisión más profunda e integral absolutamente necesaria para simplificar los procesos.
Laureano Matas, secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)

lunes, 28 de diciembre de 2020

[603] El visado voluntario del proyecto básico y la agilización de las licencias de obras

El visado del proyecto básico para obtener licencia de obras es voluntario. Las tasas municipales de licencias pueden llegar hasta el 3,60 % del presupuesto de la obra. 
Conviene recordar que los costes del visado corresponden al promotor y que a ese mismo promotor cada mes de retraso en el otorgamiento de la licencia de obras le supone un encarecimiento de un 1,00 % del presupuesto de la obra POR VIVIENDA Y MES.
(Datos extraídos de la Exposición de motivos, apdo VIII del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía para una repercusión media del coste de ejecución de una vivienda de 150.000 euros).
La clave radica en que el visado ayude a agilizar la licencia de obras, si esto fuese así, creemos que el promotor vería útil el pago del visado voluntario.
Aqui teneis los resultados de la encuesta

lunes, 21 de diciembre de 2020

[602] A este paso, vamos a tener que pedir un informe sectorial al Tribunal Supremo antes de la aprobación definitiva de cada PGOU


Otro PGOU declarado nulo por la Justicia, esta vez el de Tarragona.
Nueva amenaza a la tramitación del Planeamiento Urbanístico: La de la omisión del «informe sectorial fantasma», no previsto expresamente por la norma, pero que puede aparecer por sorpresa en cualquier momento, a voluntad del particular que así lo alega en su recurso. 
Además de los informes preceptivos expresamente identificados en las correspondientes leyes sectoriales, también resulta preceptivo pedir informe siempre que se pueda sospechar que el Plan pueda afectar a alguna otra competencia estatal.
La decepcionante sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020 (recurso 3606/2018), al desestimar un recurso de casación que se había presentado, ha confirmado la nulidad de pleno derecho del Plan General de Tarragona.
La sentencia del Supremo defrauda las expectativas que había suscitado su sentencia de 27 de mayo de 2020, recurso 6731/2018, de la que parecía derivarse un cambio de doctrina sobre la nulidad de los Planes urbanísticos por defectos de forma en su tramitación. No hay ningún cambio de doctrina. La nueva sentencia sobre el Plan General de Tarragona es una clara demostración de que todo sigue igual. Cualquier defecto en la tramitación del Plan implica su nulidad de pleno derecho sin posibilidad alguna de subsanación, convalidación, conservación de trámites o retroacción del procedimiento.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había declarado la nulidad del Plan General de Tarragona en su sentencia de 13 de febrero de 2018 (recurso 188/2013) porque no se había solicitado durante su tramitación un informe de la autoridad estatal en materia de hidrocarburos.

viernes, 18 de diciembre de 2020

[601] Feliz Navidad 2020

 


martes, 15 de diciembre de 2020

[600] Colaboración entre Colegios de Arquitectos y Ayuntamientos para la agilización de licencias de obras

 
Desde la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España, organismo dependiente del CSCAE, se ha puesto recientemente en marcha una iniciativa que tiene por objeto crear un espacio abierto a la participación del conjunto de agentes implicados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de obras y en donde se fomenten propuestas que favorezcan su agilización.
En el marco de esta nueva plataforma de participación, se organizó el pasado día 15 de diciembre de 2020 la primera jornada bajo el título: Colaboración entre colegios de arquitectos y ayuntamientos para la agilización de los procedimientos de licencias de obras
La jornada contó con 336 inscripciones entre los que se encontraban alcaldes, concejales y otros cargos públicos; decanos y presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España; arquitectos, juristas y resto de profesionales, dentro y fuera de la administración; promotores, constructores y usuarios de servicios públicos en general.
Todos sabemos que hay que cambiar muchas cosas para solucionar definitivamente el problema de los retrasos de las licencias de obras, pero en esta jornada se quiere proponer un enfoque distinto al problema y a la solución basado en la utilización de recursos ya disponibles sin esperar a que cambie nada, aunque obviamente no renunciando a seguir intentando que cambien muchas cosas, yendo de una vez por todas de la mano ayuntamientos y colegios de arquitectos. 
■Está claro que la legislación urbanística y sectorial aplicable para la concesión de licencias de obras es dispersa, extensa y excesivamente interpretable. 
■Somos conscientes igualmente de que faltan medios técnicos y humanos en los servicios de urbanismo de los ayuntamientos.
■Además es evidente que en muchos ayuntamientos se carece de la implementación de las nuevas tecnologías aplicables en los procedimientos de tramitación de licencias de obras.
■Y también es un hecho cierto que frecuentemente la documentación con la que se solicita licencia de obras en los ayuntamientos es excesiva y con ciertas carencias de orden estructural.
Ante todos estos problemas cualquier acción inmediata que emprendamos para mejorar lo que tenemos, por pequeña que esta sea, siempre será bien recibida. 
Sabiendo a dónde queremos llegar, los primeros pasos serán siempre fundamentales porque marcarán el camino a seguir.
Pues bien, en esta jornada se escuchan las experiencias de cuatro ayuntamientos que han decidido empezar a andar y que no quieren esperar a que se cambie esa legislación interpretable, a que se amplíe esa plantilla de funcionarios, a que se implanten esas nuevas tecnologías o a que esa documentación que informan sea más ordenada.
El mensaje es que no tenemos que esperar a que se cambie nada, mañana podemos empezar.
Es un hecho que los 27 colegios de arquitectos que existen en España, como corporaciones de derecho público, tienen por ley que visar obligatoriamente todos los proyectos de ejecución necesarios para el inicio de una obra y voluntariamente pueden visar el proyecto básico con el que se obtiene la licencia de obras. 
No conviene olvidarse que colaborar es complementar, no sustituir y que colaborar no es traspasar responsabilidades sino asumir cada uno las suyas, haciendo su trabajo pensando que ese trabajo puede serle útil al que viene detrás.
Reconocer que 27 formas distintas de visar un proyecto básico no suponen una buena práctica para el colectivo, pero lo verdaderamente ilógico son los 8.000 tipos de casuísticas municipales dispares que existen para la obtención de una licencia de obras. 
Con la colaboración entre colegios de arquitectos y ayuntamientos se van a unificar muchos criterios de presentación y de interpretación.
Con referencia a los temas económicos, recordar que por ley, las tasas de la licencia de obras no pueden exceder del coste real o previsible del servicio prestado, según el art. 24.2 RDL 2/2004 sobre la ley reguladora de las haciendas locales.
Resulta significativo apreciar la variación de esas tasas dependiendo de cada ayuntamiento llegando a oscilar entre el 0,1 y el 3,6 por ciento del presupuesto de la obra. 
Y tambien resulta significativo recordar que a esas tasas municipales habría que añadirle el 1 por ciento del presupuesto de la obra que se encarece cada vivienda de una promoción por cada mes de retraso en el otorgamiento.
Datos que nos deben hacer reflexionar a todos.

miércoles, 2 de diciembre de 2020

[599] Cuatro propuestas desde lo público para la primera Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido en España


Agradezco la invitación cursada desde el Ministerio para participar en este debate desde el ámbito de lo público. Intentaré hacer aportaciones en este proceso de tramitación de la que será la primera Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido en España.
Voy a enfocar mi intervención poniendo sobre la mesa cuatro propuestas, lo mismo demasiado ambiciosas, con un carácter muy pragmático por si pudieran ser de utilidad, y las he vinculado a cuatro ámbitos de actuación: El urbanismo, el arquitecto dentro de la Administración, el proyecto arquitectónico y la arquitectura pública.
Junto al encabezado de cada propuesta haré referencias a otras legislaciones porque entiendo que habría que evitar que esta Ley de Arquitectura se encierre en sí misma y que no incida en otras legislaciones que claramente afectan y van a seguir afectando al devenir de la Arquitectura. Será muy interesante analizar, cuando dispongamos del texto, las disposiciones adicionales de esta Ley.
PRIMERA PROPUESTA. EL URBANISMO COMO SOPORTE DE LA CALIDAD DEL ENTORNO CONSTRUIDO
#LeySueloEstatal
Tratar el urbanismo desde el prisma estatal siempre puede ser complejo por cuestiones de inconstitucionalidad pero entiendo que es posible. Creo que no sería lógico que una Ley que va a hablar de arquitectura no hable antes de ciudad. 
Merecería la pena hacer un esfuerzo jurídico de competencias por parte del legislador para que una Ley de Arquitectura con vocación de implantación en el territorio incluyera referencias urbanísticas básicas como factores esenciales de la calidad del entorno construido.
SEGUNDA PROPUESTA. EL ARQUITECTO COMO IMPULSOR DE LA ARQUITECTURA DENTRO DE LOS AYUNTAMIENTOS
#LeyFunciónPúblicaEstatal 
#LeyBasesAdministracionLocal
Desafortunadamente para muchos ayuntamientos el concepto de arquitectura queda reducido al concepto de disciplina urbanística.
No debemos olvidar que la Ley de Arquitectura propone actuar sobre la ciudad e implicar a los ayuntamientos que rigen esas ciudades en este proyecto sería fundamental. 
Esta nueva Ley debería intentar transmitir, con acciones concretas, a la Sociedad que un arquitecto dentro de una administración local puede llegar a ser algo más que un informante de licencias de obras. 
Sería conveniente buscar fórmulas legales para dotar de más autoridad y formación a los arquitectos municipales dentro de los ayuntamientos para que de esta forma puedan apoyar e impulsar con más solidez a la futura Ley y a la arquitectura en general desde dentro de las administraciones públicas.
TERCERA PROPUESTA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO COMO DEFINIDOR DE LA ARQUITECTURA
#Anejo1CTE 
Percibimos desde los ayuntamientos que el promotor privado busca sobre todo en el proyecto arquitectónico un documento que le sirva para obtener una licencia de obras.
Esta nueva Ley debería detenerse en intentar sistematizar y estructurar la organización de los proyectos arquitectónicos para conseguir delimitar y reducir la documentación administrativa necesaria para el otorgamiento de licencias de obras y así favorecer que el arquitecto disponga de la mayor parte de su tiempo y de su esfuerzo para definir y recrear la arquitectura construida de calidad.
Lo que debe ser emocionante, vibrante, artístico y afectar a la calidad de vida de las personas es la arquitectura construida, no el proyecto arquitectónico. El protagonista de todo el proceso edificatorio no debería ser nunca la licencia de obras y desgraciadamente esto no está siendo así.
CUARTA PROPUESTA. LA ARQUITECTURA PÚBLICA SOSTENIBLE COMO CATALIZADORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CIUDADES
#Objetivo11DesarrolloSostenible
#LeyContratosSectorPublico 
#LeyEstatalVivienda
Para terminar y por ser breve intentaré definir lo que considero que es arquitectura pública sostenible definiendo lo que considero que no es arquitectura pública sostenible. 
1. No se puede hablar de arquitectura pública sostenible cuando en las adjudicaciones mediante concurso se da prioridad a valores preferentemente económicos sin percibir que cada propuesta recibida nos ofrece un producto distinto y con distinta sostenibilidad.
2. No se puede hablar de arquitectura pública sostenible cuando se duplica el coste previsto de una obra financiada con dinero público.
3. No se puede hablar de arquitectura pública sostenible cuando ésta se implanta sobre una planificación urbana no sostenible.
4. No se puede hablar de arquitectura pública sostenible cuando hablamos de arquitectura sin uso, fruto de intereses alejados del interés general racional.
5. No se puede hablar de arquitectura pública sostenible cuando solo se consideran en esa categoría a los edificios dotacionales no residenciales olvidándose de la función social de la arquitectura, impulsora del derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada, sostenible y asequible económicamente a la ciudadanía.
Con esto termino la exposición de estas cuatro propuestas esperando que no hayan sido demasiado pragmáticas aunque al menos se que han sido breves. Quedo emplazado al posterior debate por si hubiera alguna otra cuestión que comentar.
Rafael González Millán. Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España UAAAP/CSCAE

[598] El Supremo respalda que los ayuntamientos limiten las viviendas turísticas para proteger el entorno urbano


El Tribunal Supremo
ha notificado una sentencia clave para la regulación de los alojamientos turísticos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avalado las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento de Bilbao a través de una reforma del plan general de ordenación urbana.
Los magistrados rechazan así el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que consideraba que la reforma obstaculiza "la competencia efectiva" en el mercado y dañaba "el interés general". A su juicio, supone "una barrera económica en la entrada y permanencia de los operadores y propietarios del mercado", limitando "su capacidad de decisión para competir y ofrecer sus productos y servicios". El Supremo, por contra, avala la decisión del TSJ del País Vasco de dar validez al acuerdo del Pleno.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, confirma el acuerdo del Pleno y considera que ninguna de las tres limitaciones en las que se centraba el recurso vulneran la Constitución, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio. Lo hace siguiendo una recientísima doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dado la razón al Ayuntamiento de París frente a una empresa turística.
TRES OBJECIONES
Las objeciones de la CNMC se centraban, en primer lugar, en la calificación de la vivienda de uso turístico (VUT) como equipamiento en lugar de residencial, lo que suponía limitaciones en las plantas en las que podía desarrollarse la actividad y en la forma de acceso a ellas. En segundo lugar, en la exigencia de un informe urbanístico para operar. Y finalmente, en la limitación a un máximo de tres habitaciones en las viviendas particulares para alquiler turístico.
Antes de responder de forma concreta a las objeciones, la Sala hace una encendida defensa de la participación municipal en este ámbito: "Todo ello nos conduce a confirmar la posibilidad -y la necesidad- de intervención municipal en la materia, en uso y ejercicio de la potestad de planeamiento, que cuenta con un claro respaldo y legitimación democrática y que además se nos presenta como realizada por la Administración más cercana al ciudadano, y articulada con un mayor grado de participación y conocimiento de la concreta realidad local".
Los magistrados añaden que que el urbanismo actual es "cambiante" e intenta adaptarse a las nuevas circunstancias, realidades y necesidades sociales. "Una de las actuaciones esenciales -y actuales- de las citadas Administraciones es evitar la desertización de los pueblos y ciudades".
"PARQUE TEMÁTICO"
Y en cuanto a las grandes ciudades en particular, explican que "es igualmente posible y previsible llegar a su desertización (gentrificación), en determinados lugares, al alterarse la forma de vida de los residentes habituales, debido a la transformación de hecho de un uso tradicional residencial, en otro, pujante y turístico, con todas la consecuencias que de ello se derivan, pues es evidente que cuando más auténtico es un lugar a más gente atrae, pero cuanta más gente atrae más se diluye su auténtica identidad, y con ello la vida de los residentes habituales". "Es, en síntesis, convertir las ciudades -o las partes esenciales de la mismas- en un modo de parque temático, en vez de un lugar habitable y de convivencia. La ciudad se convierte en un problema y no en un sistema de solucionar los problemas de sus habitantes".
Y descendiendo al caso estudiado, la sentencia sostiene que la calificación de estas viviendas como equipamiento está "más que legitimada", por cuanto va "claramente, y sin duda, dirigida a la protección del 'derecho a la vivienda', digna y adecuada, en los términos requeridos por la Constitución española así como al control -evitando el deterioro- del denominado por la directiva de Servicios [de la UE] 'entorno urbano'".
Siguiendo la doctrina del TJUE, los magistrados entienden se produce "una razón imperiosa de interés general" que "habilita" a la Administración local a imponer limitaciones. Eso no va dirigido a vulnerar la normativa europea de competencia, "sino, más al contrario, a posibilitar la efectiva conciliación de la citada y lícita actividad económica del alquiler vacacional con la organización del régimen interno de la ciudad, posibilitando la convivencia residencial estable y habitual con una actividad caracterizada por su transitoriedad y falta de permanencia, al responder a circunstanciales necesidades alojativas".
TRES HABITACIONES
En segundo lugar, el Supremo avala la exigencia de "un informe urbanístico de conformidad" para poder operar, que según la CNMC chocaba con la exigencia autonómica de la llamada declaración responsable. El Supremo estima que ambos funcionan en ámbitos competenciales distintos y tiene su propia razón de ser. La norma autonómica actúa en el ámbito turístico; la municipal, en el urbanístico. Y el informe que reclama el Ayuntamiento de Bilbao busca comprobar que el uso del local como alojamiento turístico se ajunta al planeamiento urbanístico-
En cuanto a la última objeción de la CNMC, los magistrados avalan limitar a tres el número de habitaciones que se pueden alquilar en esta modalidad de alojamiento, sin que eso suponga una barrera. Simplemente, si se ofertan más plazas, el inmueble pasa a la categoría de establecimiento hotelero. "La motivación, equilibrio y proporcionalidad también se aprecian en este concreto aspecto, por lo que la infracción alegada no está justificada", concluye el Tribunal Supremo.

viernes, 27 de noviembre de 2020

[597] Colaboración entre Colegios de Arquitectos y Ayuntamientos para la agilización de licencias de obras

A iniciativa de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España UAAAP/CSCAE se ha activado recientemente una PLATAFORMA PARA LA AGILIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, abierta a la participación de todos los agentes implicados y en donde se debatirán propuestas que puedan favorecer la celeridad de los procedimientos administrativos de concesión de licencias urbanísticas.
Dentro del marco de actividades de la PLATAFORMA, invitamos a todas las personas interesadas en el tema, al seguimiento de esta PRIMERA JORNADA.
COLABORACIÓN ENTRE COLEGIOS DE ARQUITECTOS Y AYUNTAMIENTOS PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS DE OBRAS.
EXPERIENCIAS EN LOS AYUNTAMIENTOS DE BARCELONA, MURCIA, SEVILLA Y VIGO.
DÍA: MARTES 15.12.2020
HORA: 17:00 (Madrid)
ACCESO LIBRE EN DIRECTO PREVIA INSCRIPCIÓN POR PLATAFORMA ZOOM
ACCESO LIBRE EN DIFERIDO POR CANAL DE YOUTUBE
PARTICIPAN
■Jordi Roger Tolsa
Ex técnico del Servicio de Obras e Inspección del Ayuntamiento de Barcelona
■Jesús López López
Subdirector de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta del Ayuntamiento de Murcia
■Amparo Guerrero Núñez
Jefa del Servicio de Licencias, Inspección y Medio Ambiente de la GMU del Ayuntamiento de Sevilla
■ María Luisa Sobrino del Rio
Jefa del Área Técnica de la GMU del Ayuntamiento de Vigo
TEMAS A TRATAR
■Colaboración actual, fases, antecedentes y cobertura legal
■Breve descripción del protocolo establecido y costes económicos
■Ventajas de la colaboración colegial con los ayuntamientos para la agilización de licencias
■Dificultades encontradas en el proceso de implantación del procedimiento
■Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de colaboración
■Futuro de la colaboración con previsión de nuevas implementaciones

domingo, 22 de noviembre de 2020

[596] Reflexiones sobre el urbanismo post-COVID

Jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria
"Cuando la COVID deje de ser un problema tendremos que continuar enfrentándonos a sus consecuencias. Empecemos a prepararnos".
Tanto el cambio climático como los efectos de la pandemia nos deja en evidencia que necesitamos un cambio de paradigma en cuanto al urbanismo se refiere.
La pandemia pone de relieve la importancia de las ciudades pero también sus debilidades.
Aprovechando la coyuntura debemos potenciar las oportunidades que nos ofrece el espacio público, el multiformismo, y la transformación de los espacios infrautilizados.
Debemos implantar los procedimientos necesarios que incluyan valores, ética y escala humana y creernos de una vez que la legislación, en especial la urbanística, debe ser un instrumento para la formalización de las grandes ideas.
JORNADA 1
MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE 18:00h
“La ciudad del cuarto de hora. Reinstalar la proximidad”
CARLOS MORENO
Director cátedra ETI del IAE París.
Medalla de la Prospectiva 2019 de la Academia de Arquitectura.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsc-qopzMiEte-IN5PwIqqe2k457nfLW6M
JORNADA 2
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 18:00h
“Consecuencias urbanas de la crisis sanitaria”
MIQUEL LACASTA
Arquitecto de Archikubik, arquitectura, urbanismo y paisaje urbano.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlcu6tqT8qEtNRqSMVZXF_UvWKMcM7U6fg
JORNADA 3
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 18:00h
“Urbanismo: ¿Necesidad, tradición o tecnología?”
IGNACIO ALCALDE MARCOS
Arquitecto urbanista.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdumgrD4iGtCohyVM6RBxqMdlghoLAsv8

lunes, 9 de noviembre de 2020

[595] La colegiación obligatoria de los profesionales de las administraciones públicas. ¿Tan complicado es que se sepa a qué atenerse?

Ante la lectura de esta noticia en la prensa, nos preguntamos.
¿Se podrá volver a declarar inconstitucional la referencia que la recientemente modificada legislación autonómica extremeña de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura hace sobre la colegiación obligatoria “para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de las administraciones”, cuando dice ahora lo contrario de lo que decía antes? 
ANTECEDENTE
Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura
Artículo 17.1 .../… el requisito de la colegiación no será exigible al personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones Públicas de Extremadura para el ejercicio de sus funciones o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas.
El texto «o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas» del número 1 del artículo 17 fue declarado inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Pleno, 28 febrero 2013.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS .../...4. En conclusión, el inciso impugnado, al eximir de la colegiación obligatoria a los empleados públicos, cuando ejercen la profesión por cuenta de la Administración, establece una excepción no contemplada en la Ley estatal de colegios profesionales. Siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados, motivo por el cual debemos declarar que el inciso impugnado ha vulnerado las competencias estatales, y, por tanto, es inconstitucional y nulo.../...
APROBADO EN ASAMBLEA
Modificación de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura
Artículo 23.1 .../...el requisito de la colegiación obligatoria no será exigible al personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones públicas de Extremadura para el ejercicio de sus funciones en cuanto que éstas no supongan la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas.../...

miércoles, 4 de noviembre de 2020

[594] Los Ayuntamientos y las declaraciones responsables. Encuesta

 Si cada ayuntamiento hace una cosa distinta, algo está fallando en este procedimiento.

martes, 27 de octubre de 2020

[593] La competencia bicefálica del urbanismo en España

Una breve reflexión sobre las competencias que se establecen en materia de urbanismo en España.
Sabido es, que la administración autonómica es quien legisla sobre el urbanismo en su ámbito terrotorial, pero también es sabido que la aplicación de esta legislación le corresponde casi siempre a la administración local. 
Desafortunadamente, en nuestra cultura urbanística, los convenios entre administraciones se convierten casi siempre en brindis al sol que tan solo sirven para rellenar los primeros artículos del título preliminar de cualquier legislación de suelo autonómica que se precie, pero al final todo eso queda en papel mojado.
Las administraciones locales no colaboran suficientemente en la redacción de las leyes urbanísticas quizá por falta de iniciativa o quizá simplemente porque no les dejan, y se ven envueltas, durante las tramitaciones de procedimientos, en una defensa de propuestas cada vez que se dirigen a la administración autonómica, con interpretaciones de leyes en las que no participan.
■Urge establecer por ley la obligación de colaboración real y efectiva en materia de urbanismo entre las administraciones autonómicas y locales.
■Urge revisar las legislaciones sectoriales autonómicas sobre el territorio, no interpretables ni innecesariamente complejas, que faciliten las tramitaciones urbanísticas desde las administraciones locales.
■Urge aprobar normativas que favorezcan la movilidad y promoción de los técnicos de urbanismo entre administraciones locales y autonómicas.
■Urge la implantación de medidas legales que, teniendo en cuenta la realidad constitucional de competencia autonómica sobre el urbanismo, no se olviden del papel esencial y legal que tienen los ayuntamientos en esta materia regulado en el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
■Urge que la sostenibilidad económica de estos procedimientos urbanísticos no solo se justifique desde la perspectiva autonómica sino también desde la local, mediante la asignación de recursos financieros proporcionales a las competencias que asumen cada vez más los ayuntamientos cuando se legisla autonómicamente sobre la materia urbanística.
Rafael González Millán. Presidente de la UAAAP/CSCAE

[592] La devolución de avales constituidos para garantizar la ejecución de las obras de urbanización

El plazo de devolución de los avales constituidos para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, ha planteado y plantea no pocos problemas. Lo que subyace a esta problemática, es la controvertida cuestión de la ejecución y recepción de las obras de urbanización, que no ha sido bien regulada en la legislación urbanística. Es cierto que algunas leyes autonómicas en materia de urbanismo, al regular esta cuestión, se remiten a la legislación de contratos del sector público, sin tener en cuenta las peculiaridades de las obras de urbanización respecto de las obras públicas contratadas por los Municipios. En la ejecución y recepción de las obras de urbanización se han dado y se dan situaciones patológicas, poco frecuentes en la ejecución de otras obras públicas.
Los Municipios, en muchas ocasiones, se han despreocupado de las obras de urbanización y de comprobar su adecuada ejecución. Probablemente, porque no son ellos los que suelen promover y costear estas obras, a diferencia de las obras públicas cuya ejecución contratan. Esta relajación en el control municipal de la ejecución de las obras de urbanización, ha sido un incentivo para que los promotores de estas obras se retrasen en la ejecución o no las ejecuten adecuadamente. De lo que se han preocupado los Municipios en muchos casos es de demorar la recepción de estas obras, para no tener que asumir su costoso mantenimiento. No obstante, se han otorgado licencias de edificación y se ha tolerado la ocupación de las viviendas construidas, antes de recibirse formalmente las obras de urbanización y de comprobar que se habían ejecutado adecuadamente.
La consecuencia de todo ello ha sido la construcción y la ocupación de viviendas u otras edificaciones en zonas con una deficiente urbanización, que después de muchos años de ejecución no ha sido formalmente recibida, por lo que los avales constituidos en su día ni se han ejecutado ni se han devuelto.
Estas situaciones patológicas se han agudizado con la crisis económica, que ha dado lugar a la paralización de los procesos de transformación urbanística de muchos suelos, en distintas fases de ejecución. Hay suelos a medio urbanizar, otros con una urbanización más avanzada pero pendiente de completar, a pesar de lo cual se han construido edificaciones, que han sido ocupadas, al amparo de las licencias otorgadas por los Ayuntamientos.

viernes, 16 de octubre de 2020

[591] La mediación como método para reducir conflictos entre las relaciones de los agentes derivados de la LOE

Este documento recoge el análisis de una experiencia profesional como arquitecto: proyectista, director facultativo, constructor desde la figura del Jefe de obra, perito y mediador. En veinticinco años de desarrollo profesional he tenido ocasión de conocer en profundidad los conflictos en el complejo proceso de edificación. He podido analizar el conflicto desde distintos puntos de vista. He podido participar en el desarrollo de la resolución del conflicto: entre particulares, a través de mi participación en procesos judiciales, a través de mediación privada y recientemente a través de mediación intrajudicial dentro de un proyecto piloto en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el tiempo, he podido observar cómo la forma de afrontar los conflictos ha evolucionado. 
Los profesionales sabemos que en un proceso constructivo existen momentos de tensión; ésta comienza siendo menor y puede evolucionar hasta aumentar de forma descontrolada; las situaciones donde se puede producir un conflicto, en ocasiones, son predecibles. ¿Todos los casos acaban en un conflicto mayor? No. ¿Qué hace distinto cada caso? He observado que lo que diferencia cada caso es la forma en la que el conjunto de agentes responde o actúa. Formas imaginativas de encontrar soluciones o una actitud de diálogo puede reconducir los momentos de tensión y reducirla. 
La prevención del conflicto en edificación existe; figuras especializadas en prevenir el conflicto ocupan un nuevo lugar en el proceso. Aplicando métodos de resolución novedosos en los momentos clave del proceso. En la fase en la que el conflicto es menor se debe comenzar a trabajar. Ante el conflicto, en mi opinión, siempre es necesaria una actitud conciliadora: aunque no siempre los resultados sean positivos se debe intentar; otras vías pueden cerrar el conflicto, unas veces solucionándolo y otras no. 
A través de mi reflexión profesional y las contenidas en artículos, estudios y publicaciones realizadas sobre conflictos en construcción he llegado a la conclusión de que la mediación como procedimiento aplicado en las distintas fases del desarrollo de una edificación, así como en las distintas fases de relación entre los agentes, mejorará la aplicación del desarrollo de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

jueves, 8 de octubre de 2020

[590] Encuesta sobre el arquitecto municipal y la universidad

Es curioso percatarse de como algo tan evidente y beneficioso para el arquitecto como sería el abrir nuevos campos de trabajo para nuestra profesión desde la universidad, se tenga que presentar por una estudiante y no por el profesorado de nuestras Escuelas o por nuestros propios Colegios Profesionales. 
Os traemos aqui esta interesante encuesta preparada por nuestra futura compañera Maria Cantalejo Velasco dentro de su formación académica en la ETSAM-UPM para la realización de un trabajo fin de grado que tiene como finalidad poner en valor el trabajo del arquitecto de la administración pública a lo largo del tiempo, y la necesidad de un cambio que pueda llevar a la creación de un nuevo modelo de profesional que ayude al futuro de esta ocupación. 
Esta variación, que puede ir en función de un posible cambio en el Plan de Estudios, ayudando a que un mayor número de créditos sean destinados a ello siempre que sea viable debido a la gran carga lectiva de este estudio o, en el caso de que no fuera posible, la creación de un nuevo curso específico que ayude a la preparación de este tipo de trabajo. Gracias a este cuestionario podremos observar el presente de la profesión, al igual que comenzar a intuir el futuro de esta.
Con la información recopilada se pretende crear un patrón para la elaboración de un estudio de los arquitectos de la administración pública de España y el futuro de la profesión. Todos los datos serán tratados de forma anónima y confidencial. Gracias por vuestra colaboración.
IR A LA ENCUESTA       

lunes, 28 de septiembre de 2020

[589] Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda

FECHA CIERRE DE APORTACIONES: DOMINGO, 15 NOVIEMBRE, 2020
De acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustancia la consulta pública sobre un anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. 
1. ANTECEDENTES DE LA NORMA 
Desde la aprobación de la Constitución Española, no existen antecedentes de normas estatales con rango de Ley que regulen el derecho a una vivienda digna y adecuada. Si bien, a nivel reglamentario, a lo largo de las últimas décadas se han aprobado sucesivos Planes Estatales de Vivienda de carácter plurianual, regulados por real decreto. El último de ellos, actualmente vigente, es el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Asimismo, existen diferentes normas que afectan de manera directa a la vivienda desde distintos ámbitos sectoriales, entre las que se pueden destacar: 
• Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. 
• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
• Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
• Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA 
El cumplimiento del «derecho a una vivienda digna y adecuada» recogido en el artículo 47 de la Constitución Española incumbe a todos los poderes públicos sin excepción, que están obligados a cumplirlo en el marco de sus respectivas esferas de competencia. De esta forma, debe entenderse que el Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda constituye la respuesta por parte del Estado de la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales, le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute. En este contexto, el Anteproyecto se elabora en un momento especialmente relevante, en el que, tras la crisis económica y financiera de la última década y, de manera coyuntural, bajo los graves efectos de una pandemia sin precedentes en la historia reciente, una parte importante de la población tiene serias dificultades de acceso a la vivienda a precio asequible, por lo que debe considerarse como el problema fundamental al que se enfrenta a la norma, a través de la aplicación de diferentes medidas y disposiciones legales. 
3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 
El derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, requiere la aprobación por parte del Estado de una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio en todo el territorio. En este sentido, la necesidad y oportunidad de la norma viene dada por la inexistencia de una regulación estatal que es imprescindible para afrontar los problemas de la vivienda. 
4. OBJETIVOS DE LA NORMA 
Entre los objetivos del Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda se pueden destacar los siguientes: 
• Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general. 
• Blindaje de la función social de la vivienda. 
• Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables. 
• Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible. 
• Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia. 
• Transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda. 
5. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 
Se considera que no hay otras posibles alternativas, dado que la regulación de la materia requiere la aprobación de una norma con rango de Ley.

viernes, 25 de septiembre de 2020

[588] Reflexiones sobre la primera Ley nacional de Arquitectura y calidad del entorno construido

La crisis sanitaria ha constatado la importancia del papel que juega la arquitectura en nuestra salud. Muchas viviendas han tenido que transformarse en lugares de trabajo o espacios donde los niños pudieran recibir clases. La tipología, orientación, las vistas, la flexibilidad y el confort acústico y térmico de nuestras casas han cobrado especial importancia porque todos hemos podido comprobar cómo la calidad del espacio construido afecta a nuestra salud física y mental. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir edificios, pero mucho más que eso, es el instrumento que define el marco de nuestra vida. Es fundamental que todos interioricemos esta realidad y demandemos una arquitectura de calidad como un derecho inherente al desarrollo social y al bienestar.
La salud ha sido tradicionalmente un condicionante muy importante de la forma de nuestras ciudades. La disciplina urbanística nació con el fin de reducir y controlar las enfermedades que surgieron con la Revolución Industrial. Y grandes arquitectos modernistas como Le Corbusier, Alvar Alto o Mies Van der Rohe diseñaron edificios de gran volumetría, con espacios amplios, grandes huecos en las fachadas y estancias muy ventiladas que aminoraban el riesgo de contagio de la tuberculosis.
La arquitectura ha sido siempre un instrumento capaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos tanto a escala doméstica como desde el ámbito urbano y del territorio. Nuestra forma de trabajar, vivir y de relacionarnos ha cambiado. No podemos seguir construyendo con estándares del siglo pasado. Nada tienen que ver las unidades familiares de hace unas décadas con las actuales. Lo mismo ocurre con la enseñanza, el espacio laboral o con nuestras nuevas formas de consumo. Las viviendas, las aulas, las oficinas, los hospitales, los comercios… toda la arquitectura debe diseñarse o tener la capacidad de adaptación para responder a las necesidades actuales y ofrecer espacios de calidad en los que poder desarrollar actividades y relacionarnos de forma segura.
España cuenta con una normativa abundante (LOE, CTE…) que garantiza que la edificación cumpla con unos mínimos en materia de seguridad estructural, protección contra incendios, protección contra el ruido, aislamiento térmico y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Sin embargo, debemos dar un paso más, ser más audaces y defender la calidad de la arquitectura y el entorno construido como lo que es: un bien de interés general.
La arquitectura debe ser concebida como un hecho cultural principal, en tanto que refleja circunstancias propias de la sociedad e incide de forma directa en el desarrollo individual y colectivo. Tal y como reclama la Agenda Urbana Española, la utilización racional del suelo y del patrimonio urbano y arquitectónico debe estar precedida por la defensa de un desarrollo urbano sostenible en su triple dimensión, social, económica y medioambiental.
Cuando nos referimos a mejorar la calidad del entorno construido no aludimos a construcciones más caras o lujosas, ni a la obligación de cumplir con la normativa existente. La calidad del espacio construido reside en aspectos que dependen del diseño, como son la escala y la proporción, la funcionalidad, la vinculación e integración con el entorno, la sostenibilidad, el confort, la armonía, la belleza, la durabilidad y la flexibilidad.
Las administraciones debemos liderar e impulsar la arquitectura de calidad no solo con las herramientas normativas a nuestro alcance, sino siendo proactivos en la divulgación de sus valores inherentes. Esta valoración cultural y social de la arquitectura debe trasladarse a la contratación pública, estableciendo criterios de calidad arquitectónica y urbana que sean fundamentales en la adjudicación de los concursos, de forma que no primen los criterios meramente económicos.
España puede y debe tener un papel protagonista en la reivindicación y defensa de la trascendencia cultural y social de la arquitectura. La arquitectura española es un referente a nivel internacional, lo que justifica aún más si cabe la importancia de generar una mayor conciencia pública sobre su valor, prestando especial atención a los jóvenes arquitectos, que tanto pueden aportar a este proceso de transformación social que vivimos.
En enero de 2018, los ministros de Cultura europeos firmaron la Declaración de Davos Hacia una Baukultur de alta calidad para Europa, que emplaza a convertir el fomento de un alto nivel de calidad arquitectónica en una obligación comunitaria de Derecho material. Se define aquí la “arquitectura de calidad” no solo por la estética y la funcionalidad, sino también por su contribución a la calidad de vida y al desarrollo sostenible de nuestras ciudades y zonas rurales. Francia y Lituania aprobaron sus leyes de arquitectura en 2016 y 2017, Italia está elaborando la suya, y España también está asumiendo el reto.
Por eso, desde la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos trabajando en la primera Ley nacional de Arquitectura y calidad del entorno construido, una ley que no debe entenderse como una norma para los arquitectos, sino que tiene como uno de sus objetivos principales promover la colaboración interdisciplinar entre los distintos profesionales implicados en la arquitectura: arquitectos e ingenieros (técnicos y superiores), economistas, sociólogos, abogados... La arquitectura concebida como una disciplina que engloba el justo equilibrio entre los aspectos culturales, sociales, económicos, ambientales y técnicos para el bien común.
Desde el ámbito privado, los profesionales del sector están apostando por la innovación y la industrialización en la edificación. La nueva ley impulsará la colaboración público-privada y la profesionalización del sector como herramientas para ofrecer a la sociedad espacios habitables más amables, sostenibles y eficientes.
Será por tanto una Ley para todos los ciudadanos, que tendrá como objetivos principales revalorizar la arquitectura como instrumento de cohesión social y como vector de recuperación económica y medioambiental.
Iñaqui Carnicero. Director General de Arquitectura y Agenda Urbana
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