En primer lugar quiero dar la enhorabuena a los organizadores del I FORO DESARROLLO RURAL de la Provincia de Guadalajara: PUEBLOS CON FUTURO. Fue un éxito de participación y todos esperamos que esta iniciativa de los frutos deseados, a través del Manifiesto de Sigüenza. Pero hay un tema del que se ha hablado poco y que, desde nuestro colectivo reivindicamos. En el decálogo de conclusiones se incluye, en el punto 5 la propuesta de facilitar el desarrollo urbanístico y solicitar nuevos planes de rehabilitación para las edificaciones en el entorno rural, PERFECTO, pero ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que sucede actualmente cuando alguien pretende construir o rehabilitar edificios en los pueblos de nuestra provincia?.
Tenemos un problema grave y que, lejos de solucionarse, cada vez se agrava más. En un número muy elevado de municipios de nuestra provincia pasa lo siguiente: Cuando un propietario quiere construir o rehabilitar una edificación, encarga un proyecto a su arquitecto y solicita licencia al ayuntamiento de turno, y después ¿Qué? Ese ayuntamiento, aunque tenga contratados los servicios de un arquitecto municipal, envía el expediente a la Excma. Diputación de Guadalajara, para que sean los técnicos de este organismo quienes emitan el preceptivo informe de licencia, ¿Por qué? porque duda de la validez jurídica del informe emitido por su propio arquitecto municipal. Esto se está traduciendo en una excesiva carga de trabajo para los técnicos de la Diputación y por tanto en el retraso de los informes para licencia, que se obtienen después de 5 o 6 meses de espera. ¿Es viable la construcción en estos pueblos con esos plazos de concesión de licencias? No, no es viable y es urgente solucionar este problema. ¿Qué ha pasado para llegar a esta situación?. Hace unos años, en los 80, cuando se incrementó la construcción en los pueblos de las viviendas de segunda residencia y estaba en auge la construcción, surgió en muchos municipios la figura del Arquitecto Municipal Honorífico. Los arquitectos que comenzábamos nuestra carrera profesional y teníamos vinculación con algún municipio asistíamos a dicho municipio, asesorábamos, vigilábamos que las cosas se hiciesen correctamente desde el punto de vista técnico y urbanístico, nos preocupábamos de que los municipios tuviesen normativa urbanística adecuada, etc. Y este servicio les salía muy rentable a los ayuntamientos, en lugar de pagar unos honorarios profesionales, compensaban al técnico facilitándole los proyectos, tanto municipales como de clientes particulares que surgían en este municipio. A todos nos parecía bien y las cosas funcionaban relativamente bien. Es cierto que en algunos casos se creaba un coto excesivamente cerrado y allí no entraba nadie a trabajar, salvo el municipal. Por otro lado, al entrar en vigor la Ley de Compatibilidades y comenzar a plantear la “legalidad” de esta figura, sobre todo por el tema de la compatibilidad, el Colegio de Arquitectos comenzó a plantearse la situación, (tenemos textos redactados sobre este asunto del año 1996) y a estudiar posibles soluciones.
El Colegio de Arquitectos de Guadalajara, durante estos años, ha realizado gestiones con Diputación, ofreciendo la posibilidad de un convenio de colaboración mediante la creación de una Bolsa de Trabajo para la elaboración de informes de licencia, ratificados después por el técnico de Diputación. Se ha planteó la posibilidad de que las funciones de Asistencia Técnica a Municipios se realizase desde las mancomunidades existentes, de hecho ya existen algunas que lo están resolviendo por esa vía. Se ha intentado convencer a los municipios, sobre todo a los de mayor tamaño la conveniencia de contratar un arquitecto y las ventajas que ello supone, etc.
La conclusión a la que llegamos casi siempre después de barajar todas las salidas posibles a este problema es que es necesario crear un cuerpo de funcionarios técnicos, similar al de los secretarios, que cubran esta necesidad, pero mientras tanto ¿qué hacemos con las licencias?
Pues, a día de hoy es la Diputación el organismo que tiene asumida esta competencia, cuando en el municipio no hay servicio propio. Los ayuntamientos envían todos los expedientes a este servicio y seguimos con las licencias paralizadas. Alguien nos ha hecho creer que los informes de licencias sólo los puede emitir un funcionario, cosa que nunca se ha considerado así, y se basan en una sentencia que no sienta jurisprudencia, a la vez que se olvidan de otras que sí son claras y que manifiestan lo contrario. Será muy práctico llegar a una conclusión razonable, contrastada jurídicamente y asumida por todos los organismos implicados.
Como medida temporal, y por dar una salida rápida a esta situación, la Diputación podría incrementar el número de técnicos que prestan el servicio de asistencia a los municipios más pequeños. Los de mayor tamaño van sacando sus plazas de funcionarios interinos, con mayor o menor acierto. Y además, ¿Por qué no analizamos seriamente la validez de los informes emitidos por arquitectos contratados con contratos de servicios, no funcionarios? Esto sería mucha más fácil de gestionar por los ayuntamientos y agilizaría los expedientes. La ley actualmente solo exige que sean las tareas de inspección las que necesariamente han de estar realizadas por técnicos funcionarios. Por otro lado queda también el análisis de qué se considera exactamente como “tareas de inspección”.
Creo que hay mucho trabajo por hacer, por parte de todos los agentes que intervienen en la construcción, en el urbanismo y en la gestión de las licencias de obras, y creo que es muy urgente que esta asignatura pendiente se supere, con nota. Luego, ya haremos otra reflexión sobre el tema de las compatibilidades.
Mª Elena Guijarro Pérez. Decana COA Castilla-La Mancha
No hay comentarios:
Publicar un comentario