A la vista de recientes noticias publicadas referentes a que más del 60% de las ayudas cifradas en 7.000 millones que anunció el Gobierno dirigidas a la restauración (bares y restaurantes) para hacer frente a la pandemia pueden perderse en el camino, no deja de preocuparme el hecho de que esta historia se repita, aunque por diferentes motivos, con la aparición sobre el escenario de las nuevas subvenciones europeas generadas por la pandemia bajo las directrices de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España y que movilizará hasta 6.820 millones entre 2021 y 2023.
Si algo caracteriza a ese tipo de subvenciones es el plazo tan reducido para el que se convocan y la complejidad de la documentación que hay que aportar para poder acceder a las mismas. Y eso sin olvidar que muchos de los destinatarios de esas subvenciones serán ciudadanos con escasos conocimientos de la tramitación burocrática de estos procedimientos y que pueden sufrir las consecuencias de estas circunstancias.
La gestión de las subvenciones entre Europa, Estado y Comunidades Autónomas, no me cabe la menor duda que será impecable, donde ya tengo más temor es de como van a llegar esas subvenciones al ciudadano de a pie.
Me pregunto qué participación van a conceder las Comunidades Autónomas a las administraciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) y a los Colegios Profesionales como corporaciones de derecho público cuyos técnicos están directamente implicados en las actuaciones subvencionables bajo el paraguas de la LOE.
El apoyo de asesoramiento al ciudadano de los Colegios Profesionales, representantes de los técnicos que después van a tener que elaborar documentación necesaria para la obtención de la subvención, me parece muy necesario y en especial el de los Colegios de Arquitectos como representantes de los profesionales competentes al 100% de abordar tareas de rehabilitación de viviendas. La visión transversal que estos profesionales pueden ofrecer a un particular o administración local sobre la superposición de distintas subvenciones que pueden afectar a un inmueble, edificio o barrio no debería de ser menospreciada por las Comunidades Autónomas.
Siempre he creído que el concepto de transparencia dentro de la administración no solo debe radicar en dar respuestas a las preguntas que esta reciba, sino también en responder al ciudadano aunque no medie pregunta alguna, por lo que siempre es recomendable, y más en estos momentos de pandemia, adelantarse a los acontecimientos. Siendo ya público desde hace unos meses el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, creo que las Comunidades Autónomas tendrían que haberse puesto ya en contacto directo con la suficiente antelación con las administraciones locales y con los colegios profesionales implicados para ir elaborando una hoja de ruta encaminada a informar al ciudadano de lo que ya está aquí.
Cuando me refiero a contacto directo no me refiero solo a contactos con la FEMP y los Consejos Profesionales a nivel nacional que se queden solo en eso y que no se concreten en una carta dirigida por cada Presidente de Comunidad Autónoma a los alcaldes de todos los municipios de España y a cada Decano de los Colegios Profesionales implicados para concretar líneas de colaboración.
Muchas de las subvenciones previstas van a ir dirigidas a personas que nunca antes habían solicitado una, y será muy difícil que estas personas puedan conocer todo el potencial que les ofrece el paquete de ayudas previsto por el Gobierno sin un asesoramiento cualificado, próximo y personalizado, y cuando hablo de personalizado no me refiero a marque 1…, marque 2…, marque 3.
El miedo a enfrentarse a unos formularios aparecidos en un Boletín Oficial, el hastío por los requerimientos recibidos por defectos en el procedimiento y la falta de información recibida por el ciudadano sobre actuaciones que pueden o que no pueden acogerse a la subvención puede hacer que muchos de los 6.820 millones previstos de adjudicar se queden en el cajón.
No será suficiente para acogerse a estos fondos europeos para cambiar por ejemplo las ventanas de una vivienda con una declaración responsable aún cuando este procedimiento sea de hecho válido cuando no afecta a dinero público.
Los informes técnicos para licencias de obras o las supervisiones municipales para declaraciones responsables serán necesarias y complementarias con las supervisiones autonómicas para la aprobación de las subvenciones. No tendría mucho sentido duplicar el esfuerzo de las administraciones implicadas simplemente por no informar y por no formar a los técnicos municipales en las especificidades de estos programas de ayuda.
Sería recomendable un contacto de las Comunidades Autónomas con los más de 8.000 ayuntamientos de España, no solo con los de mayor población, sería recomendable un contacto de las Comunidades Autónomas con las Diputaciones, articuladoras de los pequeños municipios y sería recomendable un contacto de las Comunidades Autónomas con los Colegios Profesionales implicados, sobre todo con los de arquitectos, por la transversalidad de competencias de esta profesión frente a todos los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Soy conocedor que ya hay Comunidades Autónomas trabajando en esta línea, colaborando con Colegios de Arquitectos y Municipios para la implantación de oficinas de rehabilitación pero no es esta una acción generalizada.
Las Comunidades Autónomas no cumplirán con la responsabilidad que tienen encomendada en todo este proceso con la sola publicación en su Boletín Oficial de una convocatoria de ayudas. En otras circunstancias esto podría ser suficiente pero en las que estamos atravesando con la pandemia, no.
La colaboración entre administraciones y colegios profesionales debería comenzar desde la propia elaboración de los formularios de subvención y modelos estandarizados de proyectos técnicos requeridos para facilitar la presentación de la documentación y facilitar así su tramitación, porque me temo que no van a existir medios humanos suficientes en la administración para tramitar tanto proyecto sujeto a subvención.
Desearía fervientemente que cuando se lea este artículo, la redacción del mismo quedase obsoleta porque todo lo que en él se solicitaba ya se hubiese realizado y que ya estuviesen cubiertos los 6.820 millones de las subvenciones antes de que se acabara el plazo para solicitarlas.
Ojalá cuando venga Europa a abrir el cajón para recoger el dinero sobrante de las subvenciones, se lo encuentre vacío y utilizado convenientemente en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.
No quisiera finalizar está comunicación, efímera en sus objetivos, sin extraer de ella unas conclusiones de esperanza mirando hacia el futuro.
En esta ocasión, más que nunca, se debiera hacer presente el recurrente binomio de crisis y oportunidad. La innovación tecnológica y cultural que suponen los fondos europeos para el plan de rehabilitación de viviendas debe venir para quedarse y mantenerse sustentada en cuatro sólidos pilares:
•El empleo de nuevas tecnologías
•La colaboración eficiente entre administraciones
•La formación a los profesionales
•La información a los ciudadanos
Rafael González Millán. Arquitecto. Presidente de la UAAAP/CSCAE
Comunicación presentada en las XIII Jornadas CGPJ-CSCAE. Bilbao, 3-6 Noviembre 2021
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