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¿De verdad creemos que el problema del urbanismo en España se resuelve solo desde un parlamento autonómico?
Quizá el comienzo de la solución no sea legislativo. Quizá el comienzo sea algo mucho más sencillo, sentarse en la misma mesa.
Grupos de trabajo eficaces, canales directos y una relación continua entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Que el técnico municipal sepa a dónde dirigirse dentro de la administración autonómica. Que cuando llame, se le coja el teléfono y se le dé una cita, que cuando plantee un problema, se le escuche, que cuando haya una duda compleja, no la tenga que resolver solo, porque hoy, en demasiadas ocasiones, eso no ocurre.
Mientras las Comunidades Autónomas legislan, los Ayuntamientos son los que interpretan la norma, tramitan los expedientes, conceden o deniegan licencias y resuelven conflictos reales sobre el territorio, y lo hacen, frecuentemente, sin acompañamiento suficiente.
Comunidades Autónomas con capacidad para producir normas, pero insuficientemente dotadas para hacer su seguimiento
No basta con aprobar una ley o publicar un reglamento. No basta con introducir en una ley conceptos como “flexibilidad”, “simplificación” o “sostenibilidad”, si después los criterios interpretativos no están claros, si las instrucciones llegan tarde (o no llegan), si las consultas se responden de forma dispersa y si cada Ayuntamiento acaba construyendo su propio criterio. De ese modo, lo que generamos no es seguridad jurídica, es justo lo contrario.
Fragmentación, incertidumbre, riesgo de impugnación y, sobre todo, desigualdad en la aplicación del urbanismo. Porque no es lo mismo un Ayuntamiento con equipo técnico consolidado que uno con medios limitados, y en todos se toman decisiones.
Reforzar el acompañamiento autonómico, mejorar la coordinación y avanzar hacia criterios comunes no va contra la autonomía local. La autonomía local no consiste en dejar solos a los Ayuntamientos frente a normas cada vez más complejas. Consiste en garantizar que pueden ejercer sus competencias con seguridad jurídica, con respaldo técnico y con un marco interpretativo estable. Autonomía no es aislamiento, autonomía es capacidad real de decisión y esa capacidad solo existe cuando el sistema funciona de forma coordinada y coherente.
Puede que el problema no sea solo de enfoque. Puede que sea, también, un problema estructural, Comunidades Autónomas con capacidad para producir normas, pero insuficientemente dotadas para hacer su seguimiento.
Una Comunidad Autónoma frente a cientos de municipios (en torno a 478 de media en España), plantea una realidad difícil de gestionar si no existe una estructura técnica suficiente orientada al ámbito municipal, porque aunque ya existan en muchas Comunidades figuras como los inspectores autonómicos de ordenación del territorio, no llegan a todos los fuegos y, sobre todo, no están pensados para el acompañamiento cotidiano.
Quizá haya que empezar a plantear más medios humanos en las Comunidades Autónomas con función de apoyo real y unidades técnicas de referencia para los municipios
En este contexto, suele aparecer una solución recurrente: las Diputaciones Provinciales, pero conviene decirlo claramente, las Diputaciones no pueden convertirse en la excusa para que las Comunidades Autónomas eviten su responsabilidad.
Las Diputaciones no legislan en urbanismo. No definen el marco normativo. No establecen los criterios estructurales del sistema. Son, en esencia, administraciones de asistencia. “Ayuntamientos grandes” que también, en muchos casos, sufren las mismas incertidumbres interpretativas que los municipios a los que apoyan. Pretender que resuelvan un problema que nace en la falta de claridad normativa o en la ausencia de criterio autonómico es trasladar el problema, no solucionarlo.
Eso no significa que no tengan un papel relevante. Pueden y deben reforzar su función de apoyo técnico, ayudar a municipios pequeños, generar cierta homogeneidad en el ámbito provincial, pero no pueden sustituir el papel de la Comunidad Autónoma en la dirección, coordinación y clarificación del sistema urbanístico. El problema de fondo sigue estando arriba.
Quizá haya que empezar a plantear más medios humanos en las Comunidades Autónomas con función de apoyo real y unidades técnicas de referencia para los municipios porque el urbanismo es una función pública compartida y no vale escudarse en que “las competencias son municipales”. Quien ordena el territorio desde arriba también debe responsabilizarse de cómo se aplica abajo.
Quizá ha llegado el momento de cambiar el enfoque, menos distancia normativa y más proximidad administrativa, menos leyes y más comunicación, porque el urbanismo no se construye en los boletines oficiales, se construye expediente a expediente y ahí, los Ayuntamientos no pueden, ni deben, estar solos.
Rafael González Millán. Presidente de la UAAAP/CSCAE
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