La arquitectura atraviesa un momento de profunda transformación. Las condiciones reales del ejercicio profesional y, sobre todo, los modelos de ciudad y territorio, se están definiendo cada vez más en el ámbito público: en la normativa urbanística y edificatoria, en los procedimientos administrativos, en las políticas de vivienda, en los programas de regeneración urbana, en la sostenibilidad, en la inversión pública y en los procesos de simplificación administrativa.
Es en ese espacio donde hoy se están tomando las decisiones que determinan qué arquitectura se produce, cómo se produce y con qué efectos sobre la ciudad y la sociedad.
Una estructura estratégica para reforzar el papel institucional de los colegios y consejos de arquitectos
Impulsar colectivos de arquitectos colegiados que ejercen en las administraciones públicas, integrados en la estructura colegial, no debe entenderse como la creación de un grupo sectorial más. Se trata de incorporar un instrumento institucional orientado a aportar soporte técnico cualificado, visión aplicada y capacidad de anticipación.
Los arquitectos de la administración no ocupan un espacio periférico en la profesión. Desarrollan su labor en el núcleo donde hoy se materializa la arquitectura pública: redactando y aplicando marcos normativos, tramitando planeamiento, informando licencias, gestionando disciplina urbanística, diseñando y ejecutando políticas públicas, impulsando programas de vivienda y gestionando inversión pública. En ese ámbito se produce una parte sustancial de la arquitectura contemporánea.
Los arquitectos que ejercen en las administraciones públicas no desarrollan una actividad ajena al ejercicio profesional. Redactan, informan, ordenan, evalúan y deciden sobre arquitectura, urbanismo y edificación con efectos directos sobre derechos, inversiones, ciudad y territorio. Ese ejercicio conlleva responsabilidad técnica, ética y social, y se encuentra sujeto al mismo marco de garantías que el resto de la profesión. En este sentido, la colegiación de los arquitectos al servicio de las administraciones no es una opción corporativa ni una adhesión voluntarista, sino una exigencia vinculada al propio ejercicio profesional.
Su integración activa en los colegios no responde solo a una lógica de representación, sino a una necesidad institucional: asegurar la unidad del marco profesional, reforzar los sistemas de control deontológico y responsabilidad, y dotar a las corporaciones de una visión completa del ejercicio real de la arquitectura.
Integrar de forma organizada este conocimiento dentro de los colegios y consejos permite acceder a información temprana, comprender mejor los problemas reales de aplicación normativa y procedimental, detectar disfunciones del sistema y aportar propuestas fundamentadas. Permite, en definitiva, construir posicionamientos institucionales más sólidos, útiles y creíbles.
Su papel no es sustituir canales institucionales, sino actuar como soporte técnico interno que mejore la calidad y la oportunidad de las posiciones colegiales
Un colectivo de arquitectos colegiados de la administración no es un fin en sí mismo. Su valor reside en reforzar la capacidad de los órganos de gobierno de colegios y consejos para intervenir con mayor solvencia en el debate público, en los procesos de elaboración normativa y en la interlocución con las administraciones. Supone pasar de un papel principalmente reactivo a un papel más estratégico, basado en la anticipación y en la aportación de conocimiento aplicado.
Hoy, buena parte del relato urbano se está construyendo desde aproximaciones parciales: desde la urgencia, desde la simplificación procedimental, desde lógicas predominantemente económicas o desde enfoques tecnológicos. Incorporar activamente a arquitectos de la administración en las estructuras colegiales permite articular un relato alternativo, donde la calidad arquitectónica, la planificación, la visión a largo plazo y el interés general recuperen centralidad.
La implantación de este tipo de colectivos exige rigor institucional. Debe realizarse dentro de la estructura formal de cada colegio o consejo, con definición clara de funciones, límites y dependencias, y con respeto estricto a las competencias y ámbitos de interlocución de cada administración. Su papel no es sustituir canales institucionales, sino actuar como soporte técnico interno que mejore la calidad y la oportunidad de las posiciones colegiales.
Las políticas de vivienda, la emergencia climática, la transformación urbana, la presión sobre los servicios municipales, la gestión de los fondos públicos y la revisión de los marcos regulatorios están redefiniendo el papel de la arquitectura. En este escenario, las organizaciones profesionales que se doten ahora de estructuras internas especializadas estarán en mejores condiciones para influir en la próxima década.
Fomentar la implantación y apoyar la labor de colectivos de arquitectos colegiados de la administración refuerza el papel institucional de los colegios y consejos, los sitúa en una posición más central dentro del debate público y contribuye a incrementar su utilidad para la profesión y para la sociedad.
Un colegio o un consejo que aspire a ser un actor real en las políticas públicas de ciudad, territorio y vivienda debería considerar esta iniciativa como una inversión estratégica en su posicionamiento futuro.
Rafael González Millán. Presidente de la UAAAP/CSCAE
