A nadie se le escapa que el duro golpe que esta crisis sanitaria va a asestar, desde el punto de vista financiero a toda la sociedad española, no va a tener el mismo efecto en todos los sectores productivos. Se nos antoja que el turismo, el ocio y la cultura serán los grandes perjudicados de la nueva situación que se nos avecina, por lo que se vería aconsejable que las instituciones políticas apostaran por otros tejidos como el de la construcción, como uno de los pulmones fundamentales para volver a alcanzar al menos los niveles económicos previos a la aparición del virus.
Conviene recordar que esta mirada hacia la construcción no nos debería hacer caer de nuevo en otra crisis como la del burbuja inmobiliaria de hace unos años. Acerquémonos a la rehabilitación y a la renovación urbana como fuente para crear nuevos empleos. Busquemos un producto en el que no participe el coste del suelo y su carga financiera, que tanto daño nos ha hecho en el pasado.
Como es lógico, los plazos en todos estos procesos productivos seguirán siendo esenciales y los retrasos en las concesiones de licencias de obras van a ser, a partir de ahora, aun si cabe mucho más insostenibles e inadmisibles.
Merecen todo el reconocimiento aquellas instituciones públicas que salen a la palestra, con propuestas en la línea de solucionar el problema de los retrasos en las licencias de obras, incluyendo las referentes a declaración responsable, pero pienso que aun en momentos de gran urgencia, siempre se requiere una reflexión más global sobre cuestiones tan trascendentes, como es la autorización administrativa, para poder edificar.
Hace 50 años, en muchos municipios de España, se construía sin licencia de obras y se le daba autoridad al llamado maestro de la villa, precedente del arquitecto municipal y con unas mínimas directrices aceptadas por todos los vecinos, incluso verbales, se fueron haciendo muchas de nuestras ciudades. Todo esto ahora es lógicamente impensable, pero el problema es que en estos 50 años, los procedimientos burocráticos para poder edificar se han ido multiplicado irracionalmente.
Muchos grandes edificios que vemos hoy en día en nuestras ciudades se realizaron desde proyectos arquitectónicos con diez veces menos contenido documental que los actuales, con diez veces menos legislación aplicable y pasando por diez veces menos de procedimientos. Si multiplicamos todos esos “dieces”, lo que nos tendría que sorprender no es que una licencia tarde 12 meses en concederse, sino que no tarde 24.
Ahora se descubre que la solución de todos los males pasa por la declaración responsable. No es que me parezca mal, al contrario creo que esa será, junto con la implantación del BIM, el final de todo el proceso. Con lo que recelo es que se empiece solo por eso y lo que es peor, que todo se quede ahí.
Una patada hacia adelante, sin solucionar los “dieces” a los que me he referido anteriormente, simplemente retrasará el problema, no lo solucionará. Hará que una corrección que antes se hacía con el ratón de un ordenador se tenga que hacer ahora con una piqueta, que se criminalice a quien denuncie ilegalidades y que en un principio se libere de responsabilidad a la administración local, para después tener ésta que actuar ante hechos consumados.
No se que pensarán de todo esto los bancos que financian, las compañías que aseguran y los registradores que inscriben. Yo si creo en la declaración responsable, pero en una declaración responsable solo para cierto tipo de actuaciones y como parte de un proceso, no como la panacea inmediata y única de todos los problemas. Hay que seguir las directrices europeas y pienso que a la larga estos modelos anglosajones tendrán asiento en nuestra sociedad para determinadas situaciones.
No debemos olvidar que, ahora más que nunca, debemos apostar por reducir documentación, legislación y procedimientos, así conseguiremos una declaración responsable, no solo eficaz a corto plazo y aceptada socialmente por todos, sino que tendremos una herramienta útil de futuro, capaz de cambiar nuestra forma de actuar frente a la administración.
Trabajemos para que las declaraciones responsables no se conviertan en café para todos. En declaraciones irresponsables. En declaraciones de licencias de obras diferidas sobre hechos consumados. Trabajemos para que no sigamos manteniendo la misma problemática con la que actualmente nos enfrentamos, pero con el edificio a medio construir.
Rafael González Millán. Presidente de la UAAAP/CSCAE
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