A la vista de recientes noticias publicadas referentes a que más del 60% de las ayudas cifradas en 7.000 millones que anunció el Gobierno dirigidas a la restauración (bares y restaurantes) para hacer frente a la pandemia pueden perderse en el camino, no deja de preocuparme el hecho de que esta historia se repita, aunque por diferentes motivos, con la aparición sobre el escenario de las nuevas subvenciones europeas generadas por la pandemia bajo las directrices de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España y que movilizará hasta 6.820 millones entre 2021 y 2023.
Si algo caracteriza a ese tipo de subvenciones es el plazo tan reducido para el que se convocan y la complejidad de la documentación que hay que aportar para poder acceder a las mismas. Y eso sin olvidar que muchos de los destinatarios de esas subvenciones serán ciudadanos con escasos conocimientos de la tramitación burocrática de estos procedimientos y que pueden sufrir las consecuencias de estas circunstancias.
La gestión de las subvenciones entre Europa, Estado y Comunidades Autónomas, no me cabe la menor duda que será impecable, donde ya tengo más temor es de como van a llegar esas subvenciones al ciudadano de a pie.
Me pregunto qué participación van a conceder las Comunidades Autónomas a las administraciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) y a los Colegios Profesionales como corporaciones de derecho público cuyos técnicos están directamente implicados en las actuaciones subvencionables bajo el paraguas de la LOE.