Cada vez tenemos mas claro que si ser arquitecto municipal fuese una religión, la conferencia pronunciada el 13 de enero de 2011 por el arquitecto y ex-gerente de la G.M.U. del Ayuntamiento de Málaga, D. Salvador Moreno Peralta, sería para muchos su texto sagrado. Conviene releerla de vez en cuando, sobre todo cuando vemos aparecer leyes y normativas urbanísticas autonómicas a las que solo le falta decir que fue un arquitecto municipal el que mató a Manolete. Hay textos que son eternos.
jueves, 28 de mayo de 2020
domingo, 24 de mayo de 2020
[576] Las competencias sobre el urbanismo en España
"Esta es la historia de un compañero arquitecto municipal funcionario ya veterano, de un municipio mediano, que durante un año y medio se vio imputado en unas Diligencias Penales, por varios delitos graves, entre ellos el de prevaricación y otros.
Su “delito” fue informar una licencia urbanística de obras de una manera totalmente correcta y defendible. La querella criminal la interpuso un abogado que se sintió perjudicado por la licencia, acompañado de un informe técnico.
La querella fue avalada por un Informe técnico de un arquitecto de la Comunidad Autónoma y, lo que es peor aún, por un Informe de un alto cargo de la Consejería de Urbanismo de dicha Comunidad.
Ante estos documentos acusatorios contra el arquitecto municipal, el Fiscal se sumó a la querella ante lo cual el Magistrado Juez de Instrucción no tuvo más remedio que imputar al arquitecto municipal. La querella del Fiscal agravó el peligro del asunto.
El arquitecto tuvo la suerte de que el Ayuntamiento se puso a su lado, y corrió con todos los gastos de abogado, procurador y peritos. La defensa fue asumida por un despacho de abogados, no precisamente de los mediáticos, sino un despacho con pocos abogados pero muy buenos penalistas.
Un arquitecto experimentado hizo un Informe técnico demostrando que la licencia estaba bien dada. Y un abogado especialista hizo un Dictamen jurídico urbanístico desmontando todo lo que había dicho el abogado contrario, y los informes de la Comunidad Autónoma.
Por fin se dictó un Auto de sobreseimiento, que no fue recurrido y por lo tanto fue firme. Los sufrimientos del compañero fueron largos, e injustos. La actuación de la Comunidad Autónoma no fue la adecuada, por decirlo suavemente. Pero entre todos, triunfaron y el compañero se libró de un juicio penoso y peligroso. La postura del Ayuntamiento fue francamente ejemplar y este hecho al menos se queda en el haber de este lamentable episodio."
Se nos plantea, a raíz de este suceso, una reflexión sobre las competencias, que la legislación actual establece, en materia de urbanismo.
Sabido es, que la administración autonómica es quien puede legislar sobre el urbanismo en España, pero también es sabido que la ejecución de esta legislación le corresponde casi siempre a la administración local.
Nuestra cultura urbanística huye de la disciplina preventiva, los convenios entre administraciones se convierten casi siempre en brindis al sol que tan solo sirven para rellenar los primeros artículos del Título preliminar de cualquier legislación de suelo autonómica que se precie, pero al final todo eso queda en papel mojado.
Las administraciones locales no colaboran suficientemente en la redacción de las leyes urbanísticas quizá por falta de iniciativa o quizá simplemente porque no les dejan, y se ven envueltas, durante las tramitaciones de procedimientos, en una defensa de propuestas, cada vez que se dirigen a la administración autonómica, con interpretaciones de leyes en las que no participan.
No culpamos por supuesto de esto, a nuestros compañeros de la administración autonómica, al contrario les agradecemos su paciencia y consideración, lo que si criticamos es que desde los estamentos superiores no se articulen exigir procedimientos de colaboración eficientes entre administraciones, para evitar casos como el que hemos relatado en el que intereses particulares, al menos cuestionables, utilicen informes de distintas administraciones, "según les convengan", para la consecución de sus objetivos siempre con efectos punitivos y no preventivos.
Urge establecer por ley la obligación de colaboración en materia de urbanismo entre administraciones.
Urge revisar legislaciones sectoriales autonómicas sobre el territorio no interpretables ni innecesariamente complejas que faciliten las tramitaciones urbanísticas desde las administraciones locales.
Urge aprobar normativas que favorezcan la movilidad y promoción de los técnicos e inspectores de urbanismo entre administraciones locales y autonómicas.
Urge en definitiva la implantación de medidas legales que, teniendo en cuenta la realidad constitucional de competencia autonómica sobre el urbanismo, no se olviden del papel esencial y legal que tienen los ayuntamientos en esta materia regulado en el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y que la sostenibilidad económica de estos procedimientos no solo se justifique desde la perspectiva autonómica sino también desde la local, mediante la asignación de recursos financieros proporcionales a las competencias que asumen cada vez más los ayuntamientos cuando se legisla autonómicamente sobre la materia urbanística.
Rafael González Millan. Presidente de la UAAAP/CSCAE
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miércoles, 13 de mayo de 2020
[575] Café para todos. Una declaración irresponsable para empezar a construir
Tras observar el título que encabeza este texto, a muchos lectores se les habrá venido a la cabeza aquella manida frase de “...meterse en un jardín”. Espero saber encontrar la salida y manifestar aquí claramente mis impresiones sobre la forma, en mi opinión no del todo acertada, en la que se está intentando acometer, desde ciertas administraciones, el gravísimo problema que ha supuesto, supone y desgraciadamente como consecuencia de la COVID19, va a suponer para la economía española, los retrasos en las tramitaciones de las licencias de obras.
A nadie se le escapa que el duro golpe que esta crisis sanitaria va a asestar, desde el punto de vista financiero a toda la sociedad española, no va a tener el mismo efecto en todos los sectores productivos. Se nos antoja que el turismo, el ocio y la cultura serán los grandes perjudicados de la nueva situación que se nos avecina, por lo que se vería aconsejable que las instituciones políticas apostaran por otros tejidos como el de la construcción, como uno de los pulmones fundamentales para volver a alcanzar al menos los niveles económicos previos a la aparición del virus.
Conviene recordar que esta mirada hacia la construcción no nos debería hacer caer de nuevo en otra crisis como la del burbuja inmobiliaria de hace unos años. Acerquémonos a la rehabilitación y a la renovación urbana como fuente para crear nuevos empleos. Busquemos un producto en el que no participe el coste del suelo y su carga financiera, que tanto daño nos ha hecho en el pasado.
Como es lógico, los plazos en todos estos procesos productivos seguirán siendo esenciales y los retrasos en las concesiones de licencias de obras van a ser, a partir de ahora, aun si cabe mucho más insostenibles e inadmisibles.
Merecen todo el reconocimiento aquellas instituciones públicas que salen a la palestra, con propuestas en la línea de solucionar el problema de los retrasos en las licencias de obras, incluyendo las referentes a declaración responsable, pero pienso que aun en momentos de gran urgencia, siempre se requiere una reflexión más global sobre cuestiones tan trascendentes, como es la autorización administrativa, para poder edificar.
Hace 50 años, en muchos municipios de España, se construía sin licencia de obras y se le daba autoridad al llamado maestro de la villa, precedente del arquitecto municipal y con unas mínimas directrices aceptadas por todos los vecinos, incluso verbales, se fueron haciendo muchas de nuestras ciudades. Todo esto ahora es lógicamente impensable, pero el problema es que en estos 50 años, los procedimientos burocráticos para poder edificar se han ido multiplicado irracionalmente.
Muchos grandes edificios que vemos hoy en día en nuestras ciudades se realizaron desde proyectos arquitectónicos con diez veces menos contenido documental que los actuales, con diez veces menos legislación aplicable y pasando por diez veces menos de procedimientos. Si multiplicamos todos esos “dieces”, lo que nos tendría que sorprender no es que una licencia tarde 12 meses en concederse, sino que no tarde 24.
Ahora se descubre que la solución de todos los males pasa por la declaración responsable. No es que me parezca mal, al contrario creo que esa será, junto con la implantación del BIM, el final de todo el proceso. Con lo que recelo es que se empiece solo por eso y lo que es peor, que todo se quede ahí.
Una patada hacia adelante, sin solucionar los “dieces” a los que me he referido anteriormente, simplemente retrasará el problema, no lo solucionará. Hará que una corrección que antes se hacía con el ratón de un ordenador se tenga que hacer ahora con una piqueta, que se criminalice a quien denuncie ilegalidades y que en un principio se libere de responsabilidad a la administración local, para después tener ésta que actuar ante hechos consumados.
No se que pensarán de todo esto los bancos que financian, las compañías que aseguran y los registradores que inscriben. Yo si creo en la declaración responsable, pero en una declaración responsable solo para cierto tipo de actuaciones y como parte de un proceso, no como la panacea inmediata y única de todos los problemas. Hay que seguir las directrices europeas y pienso que a la larga estos modelos anglosajones tendrán asiento en nuestra sociedad para determinadas situaciones.
No debemos olvidar que, ahora más que nunca, debemos apostar por reducir documentación, legislación y procedimientos, así conseguiremos una declaración responsable, no solo eficaz a corto plazo y aceptada socialmente por todos, sino que tendremos una herramienta útil de futuro, capaz de cambiar nuestra forma de actuar frente a la administración.
Trabajemos para que las declaraciones responsables no se conviertan en café para todos. En declaraciones irresponsables. En declaraciones de licencias de obras diferidas sobre hechos consumados. Trabajemos para que no sigamos manteniendo la misma problemática con la que actualmente nos enfrentamos, pero con el edificio a medio construir.
Rafael González Millán. Presidente de la UAAAP/CSCAE
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