A la Alcaldesa de Santander y los alcaldes que están, a los que sigan y las que vengan, a todos los candidatos resulten o no electos, a los compañeros arquitectos y arquitectas municipales, al resto de técnicos, aparejadores, ingenieros, administrativos, funcionarios, de todos los negociados y servicios, a los habilitados nacionales, a todo quien pueda interesar y a cualquiera que pueda ayudar...
Al abajo firmante le corresponde como Decano y por tanto mandado de los arquitectos y arquitectas de Cantabria, exponer los cotidianos inconvenientes que se nos presentan en nuestro trabajo a la hora de relacionarnos con el trámite de licencias.
Esto no es un problema local, ni pensamos que sea pequeño y así lo ha reflejado la encuesta promovida por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España CSCAE. Nos parece preocupante el excesivo plazo de trámite de las licencias municipales en Cantabria.
Si este tiempo es ya desmedido en los expedientes de planificación y urbanísticos, para los expedientes comunes de obras y actividades, por su volumen, tiene esta dilación de los plazos una repercusión económica inaceptable, supone una rémora a la iniciativa, la inversión y la generación de empleo, ofrece excusa común para la indisciplina urbanística y transmite una sensación generalizada de ineficacia, desorden y desánimo entre los profesionales y los ciudadanos.
La sensación es mayor para cualquier ciudadano que se acerca por primera vez al ayuntamiento y se tropieza con un trámite complejo, algo incomprensible y desproporcionado sobre todo para obras menores, pequeñas actividades comerciales y reformas de viviendas o locales. Sobre todo si la solicitud debe ser vista por varios departamentos el seguimiento del expediente se convierte en un peregrinar de mesa en mesa, tras la carpeta que contiene nuestras aspiraciones y los sucesivos controles, menores, parciales y sucesivos, con reiteradas firmas y vaivenes entre los diversos servicios.
Los arquitectos asumimos muchas veces, más allá del papel de redactores de la documentación, la intermediación para su trámite como expediente administrativo. Esto es así en todo tipo de actuaciones de urbanización, edificación, rehabilitación, reforma, actividades comerciales...Muchas veces para evitar a nuestros clientes idas y venidas desorientadas.
Somos por tanto usuarios habituales de la “atención al ciudadano” y nos ponemos de su parte, valorando enormemente todas las mejoras que se puedan y vayan incorporando en este sentido. Agradeceríamos, más que nadie, la real implantación del trámite electrónico con todas sus ventajas de transparencia, trazabilidad, eficacia y orden.
Si la administración electrónica funcionara “de veras”, no resultaría necesaria ninguna atención diferenciada a nuestro colectivo profesional, mejorando la atención al ciudadano, al que seguiríamos pudiendo representar del modo más eficaz, acompañando su trámite sin sobrecargar los horarios de atención al público de las dependencias municipales.
No seré de los que defiendan que no es necesario el control, pero debemos, en virtud del mismo principio de eficacia y economía administrativa, adecuar el control y proporcionarlo al bien que se protege: ¿Se traduce el control en mejora de la calidad urbana y de las obras que se realizan, del espacio urbano, en el bienestar de los ciudadanos? ¿Está proporcionado el tiempo de trámite administrativo al de proyecto e incluso al de obra? ¿Puede tardarse más en obtener una licencia que en construir un edificio pequeño, o no tan pequeño?
Algunas licencias se convierten en verdaderas “carreras de obstáculos”, con exigencias basadas en normativas restrictivas, complejas y en ocasiones, incluso francamente contradictorias con los requisitos técnicos y las nuevas instalaciones que se van incorporando a los edificios. En algunos casos la ordenanza es más el objetivo que la herramienta necesaria y esto aporta escasa utilidad.
¿Cabe pensar que el trámite sea distinto, el criterio de los técnicos divergente, la documentación exigida diversa en unos y otros ayuntamientos o en el seno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo?
¿Como es posible que la información urbanística no se facilite de modo habitual, en un formato SIG, accesible para el ciudadano, el técnico y el vecino, que permita su actualización directa con las modificaciones normativas, la geolocalización de las alteraciones y construcciones exigida por el Catastro y el Registro de la Propiedad, la información sobre redes y servicios, en tiempo real?
La mayoría de las administraciones nos permiten el pago telemático de impuestos y multas, recibos, contribuciones...pero aún seguimos tramitando las licencias urbanísticas en papel y, no por favor, no nos digan que ya hay implantada administración electrónica porque solo, triste casualidad, sobre el papel.
¿Hasta cuando copias en papel de los procedimientos ordinarios? ¿Alguien ha valorado el manejo, movimiento y archivo de ese ingente chorro de papel que se produce en nuestras administraciones? No hace falta un número muy preciso para entender el enorme coste en dinero público.
La verdadera implantación de la Administración Electrónica supondría para el ciudadano poder consultar directamente el curso del expediente, el tiempo estimado de espera para su revisión, recibir directamente el requerimiento que pueda producirse, optimizar los recursos disponibles y evidenciar el número de expedientes que se asigna y cursa cada funcionario y en qué plazo lo hace.
Hacer visibles las actuaciones amparadas en Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas, de modo que pueda apreciarse cuando esas actuaciones van más allá del alcance propio de este régimen. Estos casos pueden producir obras importantes que afectan a la seguridad de personas y bienes, y es imprescindible que los vecinos y colindantes puedan contar con una información directa de los expedientes y sus responsables.
Insistir en las inspecciones de trabajo en las obras menores y aquellas que se realizan sin documentación, en las que se pueden producir graves accidentes.
Permitir la inspección de los locales con licencias de actividad más antiguas para garantizar unos mínimos de ejercicio. Se produce una divergencia cada vez mayor entre los que pretenden ajustarse a la legalidad y aquellos que funcionan en el margen o al margen de la misma. Se inspecciona a los que resultan “visibles” en un expediente mientras los “invisibles” funcionan al margen de cualquier inspección necesaria para solventar problemas serios de seguridad y convivencia.
La implantación de la Administración Electrónica solo puede ser real contando con el concurso y la colaboración, formación y dotación de medios adecuados a los funcionarios que han de manejarla. Probablemente haya que redistribuir, y ampliar las plantillas de técnicos que informan los expedientes y, seamos francos, la agilización de licencias debe plantear, como en otros ámbitos de la administración, el establecimiento de incentivos positivos para el trámite ágil y correcto de los expedientes encomendados: ahí está la auténtica eficacia de la Administración.
Y una Administración eficaz es sinónimo de buen gobierno, de buena práctica y de una sociedad próspera. Los funcionarios serán los primeros que desearán, no lo dudo, evitar tantas malas caras, que tanta presión y malestar añaden a su ámbito diario.
La agilidad no supone pérdida de control, sino adecuación del control al bien común, a la debida garantía para el conjunto de la ciudad, los colindantes y vecinos que vendrán afectados por el curso de las obras y beneficiados por un resultado final armónico.
Moisés Castro Oporto. Decano del COA de Cantabria