MANIFIESTA
Su posicionamiento en contra de esta Ley de Servicios Profesionales porque, desde nuestro puesto de trabajo, hemos venido asistiendo como testigos directos al desarrollo local de los municipios, y consiguientemente podemos afirmar que:
■ La edificación es una actividad compleja sobre la que las autoridades, y el Gobierno de la Nación en particular, han vertido un sin fin de normas de obligado cumplimiento, a veces contradictorias.
■ Sólo desde la profesionalización y la especialización se puede llegar al grado de seguridad que la sociedad demanda y las autoridades tratan de garantizar mediante esas normas.
■ El nivel de desarrollo de la sociedad ha incluido la seguridad en el uso y la habitabilidad de las edificaciones dentro de esas normas de obligado cumplimiento y sólo desde el conocimiento del hombre, sus medidas, su cultura, su tradición y sus comportamientos sociales se pueden garantizar.
■ Tras la última modificación de las titulaciones universitarias, el único plan de estudios que incluye dichos conocimientos, unidos al resto de técnicas edificatorias, es el de ARQUITECTURA.
■ La liberalización y regulación por el mercado libre de una actividad como la edificación, o su control, a cualquier tipo de disciplina entra en contradicción con el propio hecho edificatorio, único, permanente, con un servicio de vida útil previsto por las normas de más de 50 años y, que en la práctica alcanza los 100, que el mercado, por su propia dinámica, no puede regular.
■ No se puede reducir la exigencia de la edificación exclusivamente a la seguridad estructural durante 50 años. La sostenibilidad, la eficiencia, la economía y la historia no permiten la renovación completa de las edificaciones y, por tanto, de las ciudades, cada 50 años.
■ LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD NO SON PRODUCTOS DE USAR Y TIRAR.
Por todas estas razones, y por otras de carácter histórico, artístico y humanístico puestos en evidencia por otros compañeros de profesión y que este manifiesto no entra a valorar dado que, al parecer, no son valorables en términos normativos, económicos y de mercado, los abajo firmantes firman el presente, dando traslado al COAM y al CSCAE con el objeto de que, como instituciones de representación de todos los arquitectos, lo hagan llegar a las Administraciones responsables de la tramitación de esta Ley.
En Madrid, a 20 de junio de 2013
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