La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), aprobada en 1999, con un amplísimo respaldo parlamentario y profesional, constituye la norma básica esencial que regula el proceso edificatorio en España. Después de 15 años de su aprobación, la Ley ha demostrado ser una norma útil y necesaria. Útil para la mejora de la calidad edificatoria en aspectos tan esenciales como la funcionalidad, la habitabilidad, el ahorro energético y la protección del medioambiente. Y necesaria, para garantizar la seguridad física de las personas. Otorgó además confianza en el sector y supuso una significativa reducción de conflictos profesionales y los agentes dando respuesta a las demandas de la sociedad.
Su promulgación supuso la consolidación de un modelo profesional que, asentado sobre una adecuada y precisa delimitación de atribuciones profesionales, se caracteriza para la Arquitectura por una formación transversal e integral, que comprende competencias técnicas, artísticas y humanistas, que capacitan para la concepción, el desarrollo y la dirección de proyectos arquitectónicos, que permiten construir espacios habitables, confortables y seguros e incorporar valores estéticos, tecnológicos y medioambientales. De esta manera se hará posible la protección del patrimonio arquitectónico e histórico construido y un desarrollo sostenible de nuestras ciudades.
La LOE da seguridad jurídica, ordena el proceso edificatorio, protege a los consumidores y usuarios y contribuye también decisivamente a la competitividad internacional de la Arquitectura española, que destaca por su valor tecnológico y urbanístico. La nueva economía, que se basa justamente en valores como la especialización competitiva y el desarrollo tecnológico, tiene un buen referente en este modelo. Pues bien, sobre todo ello, se cierne una grave amenaza: el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y su previsión de creación de un Grupo de Trabajo a través del cual, en defectuosa técnica normativa, como ha señalado el Consejo de Estado, se pretende revisar una ley sectorial como la LOE. Todo ello sin justificación objetiva, sin razón objetiva alguna, sin existir demanda social y en grave quiebra de las garantías señaladas del modelo de la LOE. Con opacidad.
Las atribuciones profesionales que la LOE otorga a los arquitectos y su defensa no es una cuestión corporativa. Lo que está en juego es mantener la estructuración de un sector en gravísimas dificultades, regulado por la LOE, y que, entre otras cosas garantiza que la arquitectura la realicen los arquitectos. Al igual que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, asegura que la medicina la realicen los médicos y la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina que la Abogacía la ejerzan los abogados.
Todas ellas, profesiones que requieren una regulación, basada en la cualificación profesional, en la formación y en la especialización, que garantice la adecuada prestación de los servicios en beneficio de sus destinatarios, teniendo en cuenta la trascendencia de los mismos y los intereses generales que representan. Son los arquitectos pues, los profesionales que por su formación y cualificación han de desarrollar las competencias propias de la arquitectura: el proyecto arquitectónico, elemento esencial en el proceso edificatorio, sólo puede ser realizado por quien reúne la formación y la cualificación profesional requerida.
Tenemos pues los arquitectos sólidas razones, las estamos exponiendo y difundiendo y seguiremos haciéndolo. Defenderemos con todos nuestros medios y en todas las instancias posibles el modelo de la LOE, un modelo que fomenta la competitividad exterior y que asegura la estabilidad del sector. La LOE es sinónimo de estabilidad, calidad, garantía y profesionalidad, cuatro conceptos a los que los arquitectos y la sociedad españoles no estamos dispuestos a renunciar, en contra de lo que pudiera plantear el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. Y por supuesto, estamos también a favor de una regulación adecuada de los Colegios Profesionales, reafirmando su componente esencial de Corporaciones de Derecho Público, de unas Corporaciones trasparentes, territorializadas y eficaces, en cuya línea se encuentran los Colegios de Arquitectos respetando por supuesto los principios de libertad y competencia en el ejercicio profesional.
Resulta inaceptable es que se pretenda revisar una ley sectorial como la LOE a través de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que por su propia naturaleza tiene otro objeto y finalidad. Porque las buenas leyes no amenazan, deciden.
Así pues asegurar el presente y el futuro de nuestro sector y del modelo especializado y competitivo que representa hoy la Arquitectura española es defender la LOE. En ese empeño y con ese objetivo, los arquitectos españoles vamos a estar de manera comprometida, enérgica y permanente. Hasta el final.
Jordi Ludevid i Anglada. Presidente del CSCAE
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