[472] HACIA UNA NUEVA DEONTOLOGÍA DE LOS ARQUITECTOS

La Deontología es un campo de desarrollo de protocolos de actuación que implica la evaluación ética de actividades profesionales con contexto particular, que se ha afianzado en muchas disciplinas que han sido capaces de trascender desde los conceptos éticos y filosóficos iniciales hacia los problemas actuales de su especialidad, aportando soluciones. Las formas de proceder se van desarrollando poco a poco, partiendo de un análisis de utilidad máxima en la forma de abordar conflictos concretos y palpables.

El Nuevo Código Deontológico de los arquitectos promovido por el CSCAE entrará en vigor el próximo 20 de noviembre, sustituyendo al anterior de 1971. A pesar de ello, y como prueba de lo anterior, en la práctica se dan dificultades y riesgos en el seno de las Comisiones Éticas Profesionales que precisan independencia como máxima principal.

En artículo precedente “La Moral del Tronco Seco. Deontología Profesional y Político Institucional”, publicado en blogdelaUnión en noviembre de 2013, intentamos desde nuestra introspectiva como arquitectos jóvenes, exponer algunas inquietudes relacionadas con la forma de entender, promover y alcanzar una ética profesional fuera de toda duda en base a los medios y facilidades de las que disponen actualmente las Comisiones Éticas o Comisiones de Deontología de nuestros órganos colegiales:

“Esta teoría del DEBER SER pretende en la vida colegial empapar la conciencia y actitud del profesional en su trabajo cotidiano, lo cual incluye a quienes asumen la responsabilidad de dirigirlos política e institucionalmente, porque la Deontología se entiende a partir de sus fines (el mayor bienestar posible, para la mayoría, y de la mejor forma posible) y desde las Instituciones Colegiales que los impulsan. “Aprender haciendo las virtudes cívicas y las políticas más sabias”, que dijo Aristóleles. “

Como hace casi tres años, nuestras motivaciones siguen siendo las mismas, incrementadas por nuestra experiencia, conocimientos y compromiso adquiridos en el Colegio de Arquitectos de Huelva. 

Caminar hacia objetivos de probidad y transparencia implica avanzar hacia los Principios Generadores de la Deontología y Ética de nuestra profesión, y se convierte en un reto individual y colectivo, al cual hay que dotar de medios, continuamente alimentados de forma consciente y evolutiva, en las demarcaciones territoriales y superiores de nuestras corporaciones. Aunque pueda parecernos primitivo desde nuestra óptica de técnicos –un tanto ajena a los dogmas éticos de los juristas-, la probidad o “principio de buena fe” lo conciben en las diversas ramas del Derecho como la condición de rectitud, transparencia o actitud de servicio público, que se contrapone inevitablemente, en su ausencia, a la corrupción, a la que en este país estamos por desgracia, habituados, o a su hermana menor, la incompetencia.

De una forma causal y poco responsable puede darse, a falta de las anteriores condiciones, la escasez de medios suficientes, la excesiva dependencia en las líneas jurídicas designadas por los órganos ejecutivos frente a los órganos deontológicos y desde la óptica interpretativa principal de los primeros, que debilitan el equilibrio de la división de poderes ejecutivo y “judicial”, y su independencia indispensables. En la práctica, se requieren reglamentaciones que con lógica matemática impidan la menor suspicacia en la asignación de casos a instructores en los expedientes sancionadores, dentro de un orden cronológico que debe ser inamovible en virtud de la neutralidad más absoluta.

Interesa reconocer voluntades en aligerar peso de equipajes decimonónicos heredados, renovando modos de democratización interna, que pueden verse ensombrecidos por porcentajes elevados de instrucciones abiertas sobre rivales democráticos reconocibles, en lo que podría ser un afán anticuado y obsesivo de impedir voces discrepantes. Modos indeseables de regímenes bananeros, o propios de personajes de bigote recortado de épocas en Europa ya pasadas, que han rezumado históricamente en la práctica del brazo derecho ejecutivo que corta al izquierdo, ciego de su propia gangrena. Apelar a la libertad de expresión en España nos resulta tan extraño como sorprendente, a estas alturas. Lo hacemos, sin embargo.

La justicia deontológica mal entendida en nuestras instituciones como causa previa a la de los Tribunales de Justicia ordinarios, puede incluso atemorizar. Así, la palabra “inhabilitación” ostenta un arma de poder letal sobre los profesionales libres, si puede sobrevolar con ligereza sobre quien, de forma crítica, levanta el dedo o la voz al convertirse en oposición, dentro de derechos y libertades constitucionalmente reconocidos aún con estricta sujeción a las normas Colegiales, que nunca, pueden nadar contra la corriente extramuros de las democracias del siglo XXI. Poder letal y efectivo el de esta palabra, debido a los amplios plazos que distan entre las resoluciones deontológicas y las judiciales, mostradas ejecutivas las primeras con carácter previo a las segundas, con la consiguiente pérdida del medio de vida del profesional entretanto. De ahí que con mayor justificación si cabe, se precise prudencia, independencia y cautela, que garantizan sin atisbo motivado de duda la pulcritud administrativa inexcusable en los procedimientos instructores, ejecutores y recusadores, en cualesquiera de los procedimientos en curso o en sus inicios.

Colegios menores asumen y promueven evolución y dotación de medios para paliar las dificultades reales de sus comisiones éticas como síntoma de probidad y transparencia, lo cual en su consideración como movimiento ascendente, requiere reflejo institucional, hacia los Principios Generadores de la Deontología de nuestra profesión.

Porque el DEBER SER es un movimiento que se demuestra avanzando, en una sociedad cambiante en la que los arquitectos andaluces nos incluimos, y como nuestro Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos en relación con la Comisión de Deontología y Recursos de este dependiente, han de demostrar día tras día, se hace camino al andar. 

Noemí Sanchís Morales, Decana

Miriam Dabrio Soldán, vocal de Junta de Gobierno.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA