Todo el mundo sabe lo que es un arquitecto, y dudo mucho que en las dramáticas escenas acaecidas tras el terremoto de Lorca, la gente fuese por la calle pidiendo a gritos un grado o un máster en no se sabe qué. En el imaginario social estaba claro: Todos repetían ¡Por favor un arquitecto!
Frente a algo tan obvio, determinados colectivos -que pretenden legitimarse en nuestra profesión a base de apellidos edificatorios en lugar de estudiar arquitectura- han debido pensar que a rio revuelto ganancia de pescadores, y se han unido bajo el “papado” de De Guindos en la IV cruzada contra profesiones tituladas de cuyo nombre no quiero acordarme, porque lo destruyeron con el Plan Bolonia y su objetivo último: recapitalizar la Universidad.
Así, bajo la manida excusa europeísta, hoy nuestros hijos estudian carreras que no se les permite ejercer si no obtienen el imprescindible máster, para dotar de contenido las huecas titulaciones que parecen despacharse en la Universidad. Y es que para mantener el insostenible tejido académico de la “época dorada” de nuestra economía, es necesario impulsar el negocio público y privado de los máster. De paso, endeudamos aún más a los padres y a los hijos, y ya que no hay trabajo, entretenemos a la generación más formada y titulada de la historia pero con el futuro más incierto.
En este escenario, la última cruzada que tendremos que “financiar” está impulsada por los intereses expansionistas de las consultoras internacionales. Al grito “Europe le volt!” la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), se escuda bajo la insultante cifra de siete mil millones de euros de futuro incremento del PIB, que el ministro se ha sacado de la chistera, y que pretende hacernos creer, se obtendrá después de que los profesionales nos enfrentemos como hienas por la carroña de los cuatro duros que se mueven en nuestro sector. Y aunque esta absurda justificación sin datos que la avalen, ha sido aceptada sin rechistar por gran parte de Ministerios, medios de comunicación, analistas y hasta la gran mayoría del Consejo de Estado, la realidad es muy diferente desde las trincheras en las que los arquitectos ya llevamos más de 7 años sin trabajo y sin prestaciones sociales.
Nadie señala como ha incidido en el estado de nuestra economía la desaparición de la incómoda figura –antes obligatoria- del interventor y del arquitecto de Hacienda, fundamental para la fiscalización del gasto público y tan hábilmente eliminada o diluida por las autonomías y las empresas públicas. Estas sin duda sí deben ser de interés general, dado el enorme presupuesto que se les dedica y cuya repercusión en el PIB y la deuda pública no se cuantifica.
La realidad es que los técnicos suponemos una “traba” tanto para los desmanes del sector privado como para los del público. Es mucho más operativo destruir nuestro tejido productivo de PYMES y autónomos y convertirnos en hordas anónimas y obedientes, explotadas por grandes multinacionales.
Así, los políticos de ayer y de hoy decidieron que la solución para liberar a España de la independencia de profesionales con criterio y una formación muy superior a la europea, es vaciar de contenido el título, la formación, los honorarios, la profesión y hasta la propia Constitución si hace falta, desmantelando todo el sistema de garantías sociales y profesionales. Y por si las voces colectivas de nuestras corporaciones resultasen aún más molestas, piensan destituir a nuestras juntas de gobierno democráticamente elegidas, con un intervencionismo sin precedentes ejercido en aras del liberalismo. Pero ya se sabe, que los cruzados, conquistada Jerusalén, abusaban sin piedad.
Es curioso que muchas de las Reformas que pretenden imponernos con la futura Ley, ya las acometimos por voluntad propia, pero quedan sin efecto porque el Ministerio de Fomento tiene la aprobación de nuestros Estatutos paralizada hace año y medio en un cajón, mientras nuestro Presidente ya no sabe cómo disculpar estas dilaciones para las que no le dan explicación. ¿No será que los profesionales nos hemos autorregulado siempre por iniciativa propia y la ley persigue otras cuestiones?
Al final de todo este doloroso proceso, nos ha quedado como paladín el señor Herrero Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, cuyo rigor e inquebrantable sentido del deber le honran, mientras los demás cruzados gozan de indulgencia por las tropelías del pasado y las del futuro, siempre cometidas en el “santo nombre” de la competitividad para satisfacer a los lobbies internacionales que no habían podido participar del pastel español porque en nuestro país -hasta hace poco- era prioritario proteger bienes de interés público como la Salud, la Justicia o la Seguridad de las personas.
Entre tanto, cómo si alguien les hubiese otorgado semejante representación o se lo fuésemos a permitir, algunos de los que en su día protagonizaron la Ley de Ordenación de la Edificación o Bolonia, han demostrado estar más interesados en alimentar su insaciable ego que en defender la dignidad de los profesionales de nuestro colectivo, y fantasean con ganar la última batalla de la LSCP, mercadeando entre buitres con una disección al por mayor de proyectos, que pervierte la Arquitectura pero que en ningún caso diluiría ni la responsabilidad de los técnicos, ni la de los políticos. A ellos al fin y al cabo que más les da si pueden mesarse sus barbas aforados entre bulas e indulgencias…
Noemí Sanchís Morales. Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva
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