La construcción de nuestros hogares y negocios no admite retrasos, y éste de las licencias, en ciudades como Madrid, puede llegar a suponer hasta un 20% de sobrecoste en la vivienda -el bien más importante del patrimonio de nuestras familias-, aumenta los gastos financieros y afecta de modo directo a los proyectos de vida o inversión y a la productividad de nuestra economía, Debilita muchísimo la confianza en las Administraciones Públicas, provoca descrédito, franca crítica y la general sensación de inseguridad jurídica de los particulares. Y para los profesionales, arquitectos y arquitectas, supone una de las preocupaciones más graves que se muestra en cada edición del Barómetro de Arquitectura y Edificación del CSCAE.
Ya en 2018, la encuesta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) reveló tiempos de espera medios para la concesión de licencias entre los ocho y los doce meses. Sin dejar de tener en cuenta la pandemia, la situación se ha agravado extendiendo los plazos en ocasiones sobre los dieciocho meses, cuando la normativa establece tres.
Pero no es algo tan general, aunque así se perciba: Si, en algunos ayuntamientos, sobre todo de las ciudades más populosas del país, la situación parece crónica, en otros, a veces colindantes, las licencias se conceden en tiempo y forma, sin retrasos indebidos. Este funcionamiento normal no llama tanto la atención, pero demuestra, discretamente y con datos objetivos, que lo malo no es el sistema de licencias, sino los desajustes de personal y medios, disfunciones y desorganización.
El problema no es sencillo, porque afecta tanto a aspectos personales, administrativos, de organización y gestión, como procedimentales y de normativa. En consecuencia, sólo puede ser abordado con una estrategia general que simplifique los procedimientos y la normativa con una visión integral del conjunto urbano, de la defensa y promoción de la calidad del entorno construido y la convivencia ciudadana, a la vez que agilice los procedimientos y haga más transparentes, evidentes y reconocibles las normas aplicables.
Como en tantas cosas, claridad, sencillez y eficacia pueden ir de la mano de una adecuada digitalización de los procesos administrativos, una gestión telemática de las licencias que informe de su estado, del tiempo de respuesta y de las incidencias en tiempo real y de modo transparente para cualquier ciudadano/a.
La digitalización efectiva, en su nivel más básico, exige tanto los medios materiales y humanos para hacerla accesible a cualquier persona, incluyendo a quienes carezcan de los medios telemáticos de acceso, como una formación permanente y el compromiso unánime de los/as trabajadores públicos, técnicos y gestores para facilitar ese acceso.
Disponer de plataformas unitarias o interoperables, que agrupen los datos de proyecto, solicitud, licencia, ejecución y autorización de las actividades, del estado de las edificaciones, de la conexión de servicios urbanos, incluso para garantizar la calidad y mejora del entorno construido, zonas verdes y mobiliario urbano, es una herramienta técnicamente posible desde hace tiempo. Sin embargo, no llega a implementarse por una confusa idea disgregadora y reduccionista de las competencias, misiones y responsabilidades de la Administración local, los técnicos y la ciudadanía, como si hubieran de enfrentarse en lugar de colaborar para un entorno construido de calidad.
La digitalización real y efectiva removería muchas trabas actuales y daría transparencia a los procesos. Para ello, es fundamental dotar a las Administraciones de los recursos necesarios para que la concesión de las licencias se realice en los plazos legales y con las máximas garantías antes del inicio de las obras, sin dejación de esa responsabilidad sobre la ciudadanía.
La tecnología facilita los procedimientos, pero el trabajo y el compromiso de todo el personal de las Administraciones son esenciales para obtener un avance significativo en este problema.
MOISÉS CASTRO
Vicepresidente segundo del CSCAE
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